Otra docente cesanteada por tomar licencia con certificados truchos

Una maestra, que prestaba servicio en la Escuela 777 -en la localidad de El Arenal, departamento Jiménez- fue dejada cesante, luego de que se descubriera que presentaba certificados médicos apócrifos para conseguir licencias por salud.

La medida fue tomada por el Consejo General de Educación (CGE) tras un largo sumario interno, y que fue respaldado por el Ejecutivo Provincial a través de un decreto. El caso salió a la luz cuando desde la dirección de Reconocimiento Médico del Consejo de Educación se determinó que los certificados médicos que la educadora había presentado durante el año 2015 eran ‘truchos’.

El sumario comenzó el 4 de febrero del 2016, cuando las autoridades educativas advirtieron que los escritos presentados por la acusada - a quien identificaron como Norma Brito- tenían el sello y las firmas adulterados.

Mientras las averiguaciones avanzaban, desde el Consejo se ordenó preventivamente el percibimiento de sus haberes, hasta tanto se resuelva la situación y se determine si la educadora participó de una falta grave.

Durante la instrucción del sumario se determinó que la maestra había presentado documentación -por el periodo de 30 días durante el año 2015- con sellos, firmas, letras de los profesionales de Reconocimiento Médico, falsificados.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el CGE, los galenos desconocieron dichos escritos por lo que a través de una carta documento se intimó a la docente para tomarle declaración en el marco del sumario administrativo que se inició en su contra.

Tras recabar las pruebas pertinentes, las autoridades del CGE decidieron dejarla cesante por haber incurrido en una ‘falta grave probada’, en el sumario administrativo.

Investigación penal

Como se recordará, la Justicia abrió una investigación en contra de varios docentes que obtenían licencias empleando certificados médicos adulterados.

El escándalo estalló en agosto del 2015, cuando el Consejo General de Educación presentó una denuncia ante los informes de la Dirección General de Reconocimiento Médico, tras haber descubierto numerosos certificados apócrifos.

Por aquel entonces fueron investigados numerosos docentes, médicos y funcionarios públicos. La causa fue encabezada por el -entonces- juez del Crimen de 3ª Nominación, Dr. Darío Alarcón.

Tras el cambio al sistema penal acusatorio, la causa continuó instruyéndose en el Juzgado de Transición, donde aún hoy continúa su curso.

Los abogados de los imputados realizaron una serie de planteos y el Dr. Alarcón corrió vista de los mismos a la Fiscalía, para resolver una vez que reciba los dictámenes.

Fuentes judiciales señalaron que en las próximas semanas podrían registrarse novedades en torno a la investigación, ya que el magistrado deberá resolver sobre la situación procesal de los involucrados en el proceso que ya lleva más de tres años de instrucción.