La Justicia dictó una medida cautelar a favor de pacientes de diálisis ante un reclamo del Iosep

El Juez de Paz Letrado de 2ª Nominación, Adrián San Juan, hizo lugar a un pedido de medida cautelar innovativa solicitada por el Iosep. Esto, en el marco de una acción de amparo deducida por la obra social provincial de los empleados estatales en contra de la Asociación Santiagueña de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplante Renal, y a favor de los afiliados.

De esta manera los profesionales de la salud deberán continuar prestando servicios a los afiliados y se encuentran vedados de cobrar algún tipo de sobreprecio a las prestaciones (plus), hasta tanto se resuelva la acción judicial, remarca la medida judicial.

Tal como lo había señalado en primicia EL LIBERAL, la obra social recurrió a la Justicia porque la Asociación había decidido rescindir su vínculo contractual con el Iosep de manera unilateral. Ello, durante las tratativas y negociaciones para la renovación del contrato de prestación para patologías de extrema gravedad como es la diálisis renal.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que sus servicios forman parte de la salud pública, y en especial de un grupo vulnerable de ciudadanos que se ven afectados con patologías que ponen en riesgo sus vidas si no reciben atención, la obra social pidió el amparo de los derechos de los mismos y que sea la Justicia la que ordene que continúen las prestaciones.

La actitud de la asociación de profesionales había generado repercusión y preocupación. Desde diferentes referentes sindicales, de asociaciones de consumidores y usuarios, de la comunidad médica y la ciudadanía surgieron opiniones negativas por la actitud asumida por la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis, “quienes evidenciaron un actitud reñida con las más elementales normas humanitarias, priorizando intereses empresariales por sobre su obligación de preservar la salud de personas en riesgo de vida, actitud que se agrava aún más cuando asumieron la responsabilidad de tomar a su cargo un servicio de salud pública”, señalaron los referentes de estas entidades.

Las autoridades de la obra social indicaron que siempre mantuvieron con los prestadores una actitud de conciliación y en búsqueda de acordar los mejores términos para ambas partes para establecer parámetros económicos que permitan la continuidad y el normal funcionamiento del servicio, razón por la cual es que se habrían visto sorprendidos por esta conducta unilateral de los prestadores.

Con la medida, que ya fue notificada ayer por la tarde, la asociación deberá continuar atendiendo a los afiliados en forma normal, y en caso de desoír la medida judicial estarían incursos en un ilícito penal, se advirtió.