Preocupa el elevadísimo costo que afronta la seguridad social por accidentados viales

Las cifras de la incidencia que tiene la accidentología vial en la pérdida de vidas humanas no disminuyen en nuestra provincia y alarman a la comunidad médica, ya que se trata de un problema de vieja data, pese a las medidas adoptadas desde los organismos oficiales y de los constantes controles que se realizan en toda la provincia.

Y esta inconsciencia de la gente tiene una arista desde lo económico, ya que los costos que debe afrontar el sistema sanitario provincial para la atención de las personas que sobreviven a un accidente arrastran indefectiblemente secuelas físicas y psíquicas que son atendidas en un 100% en los hospitales públicos.

“Lamentablemente las estadísticas relacionadas con los accidentes de tránsito en la provincia no bajan, y es preocupante el elevadísimo costo que debe afrontar la seguridad social por las personas que sobreviven a un accidente de tránsito, especialmente quienes circulan en una motocicleta’, advirtieron desde el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional ‘Dr. Ramón Carrillo” de nuestra ciudad.

En este sentido, confirmaron que, respecto del año pasado, sólo los costos de los insumos que se utilizan para las cirugías más comunes, tuvieron un incremento de entre un 40 y un 50 por ciento.

“Debemos hablar de que la lesión más común que sufre una persona que se accidenta en motocicleta es en los miembros inferiores, y que para una cirugía de tibia y peroné, se emplean clavos, placas y tornillos. Hoy, una placa de peroné cuesta $ 10.000, cada tornillo (y se emplean varios) $ 14.000 y cada clavo $ 13.000. Siempre hablando de elementos de fabricación nacional, porque cuando tienen algún componente importado, el precio puede ser doble o triple”, indicaron los profesionales consultados por EL LIBERAL.

Aseguraron que, en líneas generales, “una de las cirugías de menor complicación en traumatología, supera holgadamente los 100.000 pesos”.

“A esto se le debe sumar el costo social que tiene todo esto, porque muchos de los accidentados son padres de familia, único sostén, que dejan de trabajar durante mucho tiempo, y que luego deben afrontar un largo proceso de rehabilitación con el uso de botas o muletas, que insumen otro gasto de alquiler”, añadieron los profesionales.

Al analizar esta situación, consideraron una situación “paradójica”, porque “el estado invierte en campañas de seguridad vial y operativos de seguridad, y también tiene que hacerse cargo de los gastos de curación de la persona que cometió una violación a las normas establecidas”.l