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Modificaron los cargos al grupo por “homicidio agravado por su condición de funcionario policial”

- 06:29 Policiales

Bien temprano, los siete policías del operativo fatal y un octavo, acusado de encubrimiento, afrontarán la primera audiencia judicial.

Frente a la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, los funcionarios escucharán los cargos, en boca de la fiscal Érika Leguizamón.

En el banquillo, estarán sentados los policías Ángel Ramón Mansilla, Juan Carlos Chávez, Fabio Cristian Cooper, Pedro Agustín Barraza, José Ramón Revaneira, Analía Gigena, Cristian Hernán Bravo y José Miguel Abraham, el cabo1º sindicado de gatillar una pistola 9 mm.

Imputaciones

En principio, los cargos dominantes serían “homicidio agravado por su condición de funcionario policial en perjuicio de una menor de edad”.

Hasta no ser indagados, no habría discriminación jurídica en los roles. Por eso, el resto de los acusados intentará clarificar todo.

Las sospechas más fuertes recaen en el cabo 1º José Miguel Abraham, cuyo entorno le endilga la autoría material del disparo.

Esa verdad es potestad de los fiscales y, en especial, del equipo de gendarmes que trabajó toda la madrugada del lunes.

Paralelo

En forma simultánea, Jefatura de Policía abrió una investigación administrativa, se supo.

Aún cuando la Justicia inicia sus primeros pasos en la causa, por estas horas ya estarían en “disponibilidad preventiva”.

La misión habría sido asignada a los expertos de la fuerza, quienes trabajan e indagan sobre el operativo que cumplieron los siete efectivos.

En principio, se habría develado que ningún fiscal o juez les ordenaron allanar nada, trascendió.

Es más, ayer los jefes recordaron que, generalmente, el protocolo que guía a los policías jamás prevé allanamientos nocturnos, mucho menos el uso de una pistola reglamentaria en la oscuridad, por el solo hecho de recibir una pedrada.

Caminos oscuros

Así, al menos seis efectivos ya deslizaron sus deseos de declarar y contar todo, ya que no desean terminar presos y expulsados de la institución.

Hasta la hora crucial, estarán alojados en distintos organismos de la fuerza, por decisión de los fiscales Ramón Alfonzo y Érika Leguizamón.

Los funcionarios desean evitar una “historia oficial”, ya que por ser policías conocen al dedillo la esencia de las indagatorias.

Siempre y cuando la estrategia de sus abogados está alineada con las urgencias de los policías, la verdad afloraría esta misma semana.


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