Las elecciones en la historia argentina. Desde el voto secreto hasta 1973 Las elecciones en la historia argentina. Desde el voto secreto hasta 1973
L a sorpresa que los resultados de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del domingo 11 de agosto generaron en todo el país, no es original en la vida histórica argentina. Muchas veces en el siglo XX el escrutinio no se compadeció con las expectativas de los sectores que participaron en las elecciones nacionales. Basta recordar el triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916, el de Juan Perón en 1946, el de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983 para darse cuenta que el pueblo votante no sigue una lógica que coincida con los actores políticos de cada momento. Por eso dedicaremos el artículo de hoy a las elecciones argentinas desde 1916 hasta 1973.
La representación popular hasta 1910
Los gobiernos de la generación del ’80 habían establecido modestos cambios en la forma de votar de los argentinos desde el primer gobierno de Julio Argentino Roca. La aceptación de las minorías en los cuerpos legislativos, la elección de candidatos por circunscripciones y algunos proyectos que no fueron aprobados por el Congreso marcaron un ritmo demasiado lento para abordar el problema de la representación en el sistema político, frente a una sociedad que había alcanzado una gran alfabetización, había incrementado su población en forma exponencial y sobre todo había llegado a un nivel muy aceptable de progreso material, comparada con el resto del mundo.
Urna, sellos de lacre y utensilios usados en la elección presidencial de 1916, expuestos en el Museo Casa Rosada de Buenos Aires.
La sucesión de liberales y conservadores alcanza para los tiempos del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, un grado de consolidación que marcó su definitivo ocaso.
El presidente Roque Sáenz Peña había logrado unanimidad en los colegios electorales, pero varios protagonistas de ese tiempo, entre ellos Julio Argentino Roca, habían asumido el humilde rol de presidentes de mesa en esa elección, siendo testigos directos de los atropellos que sufrían los ciudadanos que se acercaban a votar y las trampas que se cometían por medio de falsas identidades y presiones para dirigir el sentido del voto.
La ley Sáenz Peña
Sáenz Peña le ofrece a Hipólito Yrigoyen un acuerdo para llegar al voto libre. Los radicales habían optado desde 1893 por la “abstención revolucionaria”, es decir no participar en las elecciones hasta que la libertad del votante fuera garantizada por el propio Estado.
El líder radical no acepta el convite, que incluía dos ministerios para la UCR, a pesar de lo cual el presidente sigue adelante con su idea y de la mano de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, propone una reforma electoral.
La llamada ley “Sáenz Peña” hasta hoy, está basada en el empadronamiento obligatorio de todos los hombres mayores de 18 años, otorgándoseles el derecho al voto a través de un documento llamado libreta de enrolamiento. La reforma establece un nuevo sistema para la emisión del sufragio, basado en boletas pre-impresas que el ciudadano introduce en un sobre, dentro en un cuarto “oscuro”, y que finalmente es depositado por el propio ciudadano en una urna de madera. Esto que es hoy habitual, se convirtió en una novedad extraordinaria para 1912.
El nuevo sistema garantizó, de ahí en más, la libertad de la elección del ciudadano. La otra novedad es la conversión del voto en obligatorio, como una condición para fomentar la participación de los ya por entonces millones de hijos de inmigrantes nacidos en el país, que no mostraban interés por la cosa pública.
La ley 8871 fue sancionada por el Congreso Nacional el 10 de enero de 1912, luego de arduos debates, y estableció de ahí en adelante el voto secreto, universal y obligatorio.
Puede objetarse el criterio de “universal”, ya que no participaban las mujeres, pero en el contexto de época eran pocos los países que habían establecido ese derecho para toda la población, y además en el caso argentino, era más amplio en el sentido de no establecer otra condición que la edad y la ciudadanía para votar. Por ejemplo en varios países era necesario leer, o contar con cierta renta, para ejercer el derecho de elegir autoridades.
La renovación presidencial de 1916 fue la primera con el nuevo sistema electoral. Cuando le preguntaron al presidente Victorino de la Plaza, que había asumido por la muerte de Sáenz Peña en 1914, si no era riesgoso el sistema, contestó que “habiendo hecho tan bien las cosas, seguramente el pueblo iba a ratificar el rumbo”. Sin embargo, en la primera participación del radicalismo en una puja presidencial, el 2 de abril de 1916, se consagró a Yrigoyen como presidente, a pesar de las tensiones que hubo durante la reunión de los colegios electorales.
Vale recordar que la cantidad de ciudadanos que votaron superó las más optimistas proyecciones. Sobre una población de ocho millones, estaban habilitados 1.189.254 ciudadanos, de los que votaron 745.825, un 62 %. Se cumplió el vaticinio del presidente muerto: “Quiera el pueblo votar”. Todas las elecciones nacionales hasta 1930 se realizaron bajo este sistema.
El “fraude patriótico” y la proscripción radical
El golpe de estado del 6 de setiembre de 1930 marcó el destino argentino del siglo XX. Durante 53 años la inestabilidad institucional será la característica del sistema político, a pesar del interregno de los gobiernos peronistas entre 1946 y 1955. El fracaso del jefe golpista, José Félix Uriburu, en su intención de reformar la Constitución hacia un sistema corporativista, no obstó para ensuciar el sistema de votaciones con varios recursos ilegítimos. El primero fue prohibir judicialmente la candidatura de Marcelo de Alvear, con la excusa de no haberse cumplido un mandato desde su presidencia. Los radicales optaron por no participar y así se auto-proscribieron, dando la victoria a Agustín Pedro Justo, el 8 de noviembre de 1931. Pero el régimen conservador iba a utilizar desde ese momento un mecanismo brutal de burla a la soberanía popular, alterando el resultado de las elecciones con diversas triquiñuelas. Cambio de urnas, amenazas a los votantes, modificaciones de las actas, fueron las características del llamado “fraude patriótico”. Una anécdota tragicómica se dio en la provincia de Buenos Aires, en 1936, donde un paisano eligió la boleta radical, y desde el techo surgió una voz que le decía “no se equivoque, amigo”. El asombrado votante miró hacia el cielo raso y observó el caño de una escopeta que le “sugería” el cambio del voto a favor de los conservadores. Ante ese panorama “reflexionó” y modificó su voluntad.
Es bueno aclarar que ninguna acción ilegal puede ser llamada patriótica. A pesar de la intención del presidente Roberto M. Ortiz de volver a la limpieza electoral, así siguieron las cosas hasta el nuevo golpe de estado, el 4 de junio de 1943.
La reforma constitucional de 1949
La elección del 24 de febrero de 1946 iba a marcar el regreso pleno a la ley “Sáenz Peña” y una sorpresa mayúscula para la política argentina. Un candidato que se proclama heredero de una revolución militar, con el apoyo de los sindicatos, hasta entonces fuera del sistema de partidos, se alza con el triunfo. La llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia fue tan inesperada que su oponente, el radical José Pascual Tamborini, luego de la elección y antes del recuento de votos anunció su gabinete, de tan seguro que estaba del triunfo.
Pero la reforma constitucional de 1949 cambiaría las reglas de juego. Se permitió la reelección inmediata y perpetua del presidente, y la elección pasaba a ser directa, sin colegios electorales. Esto permitió la reelección de Perón en 1951 con la notable incorporación de las mujeres al padrón electoral, a partir de la ley del voto femenino promulgada en 1947. Fue entonces que se creó como documento para votar la libreta cívica. Perón, un extraordinario creador de frases célebres, dirá que “la primera elección la ganamos con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera la ganaremos con los jóvenes”. Una profecía que iba a cumplirse en 1973.
La proscripción peronista
Desde 1955 hasta 1973, las elecciones iban a realizarse con una anomalía sistémica, que fue la proscripción del partido derrocado por la llamada “Revolución Libertadora”. El peronismo sólo pudo expresarse a través de acuerdos políticos con los partidos habilitados, como la Unión Cívica Radical Intransigente, que permitió el triunfo de Arturo Frondizi, o por medio del voto en blanco, o por la creación de partidos provinciales con otro nombre, como Unión Popular. El sistema político no resistió esa anomalía e iban a producirse dos golpes de estado más hasta 1973: el que derrocó a Frondizi, con el curioso reemplazo del presidente por el titular provisional del Senado, José María Guido, que juró el cargo en la Corte Suprema de Justicia; y el más clásico de 1966, que echó a Arturo Umberto Illia, reemplazándolo por el general Juan Carlos Onganía.
Todo terminaría en 1973, período condicionado por un Estatuto establecido por la Junta Militar de entonces fijado en 1972, pero esa es otra historia que transitaremos el próximo domingo. l
