El Dr. Bothamley echó luz sobre los juicios por jurado, la problemática de la situación carcelaria y otros conflictos judiciales

Hoy será el cierre del XXI Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales de la República Argentina, quienes debaten en el hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo.

Este importante evento es organizado por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que integran los jueces de Cámara Abelardo Basbús y Federico Bothamley. Las jornadas dieron inicio ayer jueves y concluyen hoy.

Allí se realizaron mesas panel y debates sobre temáticas como la reforma del Código Procesal Penal que se empezó a aplicar en Salta y Jujuy, la problemática de la situación carcelaria, y los juicios por jurado, además de otras cuestiones de interés vinculadas al trabajo diario.

En la misma la apertura del encuentro, EL LIBERAL entrevistó al Dr. Federico Bothamley, quien hizo referencia a los temas centrales abordados en el encuentro.

Entrevista

EL LIBERAL: Sobre la implementación del sistema acusatorio, ¿puede resolver los problemas que tiene hoy la Justicia en cuanto a los tiempos?

-Dr. Federico Bothamley: Creo que sí, pero el problema como siempre termina siendo una cuestión presupuestaria. Yo recuerdo hace más o menos 15 años que asistí a un congreso de Derecho Procesal, y un juez chileno habló de las bondades del sistema acusatorio que existe en el país vecino, pero desde el vamos nos dijo que es muy caro. Y, además, más allá de la cuestión económica, significa un cambio de paradigma, es un sistema que necesita muchísimos jueces, pero menos estructura de empleados, sólo un juez y un secretario. Aquí tenemos otro tipo de estructuras de juzgados, de un juez o un tribunal con muchísimos empleados, eso provoca serios problemas de implementación, además que muchas veces a los magistrados no les va a gustar que una oficina judicial, lo que sería una OGA (Oficina de Gestión y Audiencia) en Santiago del Estero y la oficina judicial en el nuevo Código Procesal Penal federal, le manejen la agenda, lo sienten como una pérdida de poder. También estamos los que en realidad nos encantaría que nos manejen la agenda y no andar preocupándonos por esos temas. Es una cuestión de cambios de paradigmas, y acostumbrarse que el juez está simplemente para juzgar: de un lado está el fiscal y del otro el imputado, el juez resuelve el conflicto, pero no dirige todo ese procedimiento. El juez controla que se cumplan las garantías y después juzgar en el juicio. Es un proceso largo y yo creo que va a llevar muchos años.

EL: ¿Esto podría generar inconvenientes en cuanto a la cantidad de condenas, sobre todo por narcotráfico, teniendo en cuenta que la superpoblación carcelaria es hoy un problema?

-FB: Generalmente, con la implementación de estos nuevos procesos penales de tinte acusatorio, se prevén también alternativas a la resolución de conflictos. El caso narcotráfico es algo muy particular que quizás escape de estas reglas generales, pero en la gran mayoría de los delitos habría de preguntarle a la víctima qué le interesa más, si el delincuente va a la cárcel o que en alguna medida repare el daño. Me refiero, obviamente, a aquellos delitos que pueden ser reparados, más que nada estafas, defraudaciones y delitos contra la propiedad. Hay casos en que la cuestión puede ser irreparable, pero bueno, la pena en cierta medida viene a retribuir algo. En los casos en que se pueda, quizás sería mejor que el delincuente reparare el daño en lugar de mandarlo un tiempo a la cárcel. En esto también muchos criterios se discuten, muchos no están de acuerdo y quieren la cárcel como única solución, yo creo que no. El tema no creo que influya en una mayor cantidad de condenados, simplemente que las condenas estarán más rápido, seguramente a ello lleva el sistema acusatorio, a la celeridad.

EL: Todavía está pendiente la aplicación del juicio por jurados. ¿El país está preparado para eso?

-FB: Difícil de contestar, muchas veces un jurado popular puede ir en contra de las decisiones que puede tomar un tribunal técnico. Esto se puede ver en muchos casos, llamaríamos de justicia por mano propia o abuso de legítima defensa; en esos casos veríamos difícilmente que un jurado popular condene a alguien que mató a un ladrón o hizo uso abusivo de la fuerza, que seguramente por un tribunal técnico sí recibiría condena. Habría que ver, son otras visiones digamos, es dudoso, yo no sé, nos falta cultura en el juicio por jurado en ese sentido, pero algo se está empezando en provincias como Córdoba, aunque no deja de ser algo experimental.

EL: Cuando menciona cultura en el juicio por jurado ¿se refiere a desconocimiento sobre las leyes?

-FB: Sí, puede ser, no sé si realmente la gran la mayoría de la gente está en condiciones de juzgar cuestiones muy técnicas, también depende del tipo de delito, hay delitos en los que puede estar muy claro ver la responsabilidad para un juzgado popular, hablamos sobre todo de delitos contra las personas, homicidios. Pero ya cuando entramos en otras cuestiones más técnicas, estafas, defraudaciones, o los mismo delitos de narcotráfico, no sé si un jurado popular estará en condiciones; son dudas, pero no tenemos suficiente experiencia como para saber, es todo ir ensayando hasta ver qué pasa y ver cuáles son sus resultados.

EL: ¿Cómo observan la aplicación de la ley de narcomenudeo en Santiago del Estero? ¿Advierten algunos grises?

-FB: No. En todo el país ha tenido sus dificultades esta implementación. El principal problema es que la ley no establece una frontera clara diciendo hasta aquí es competencia de la provincia, narcomenudeo, y a partir de aquí es competencia federal. ¿Por qué? Porque la ley básicamente dice, entran o son narcomenudeo (y por lo tanto competencia la provincia) ciertas figuras. Hay una que no provoca problemas, que es el expendio de recetas falsas de medicamentos; la tenencia simple de estupefacientes consiste en tener, pero después el gran problema establece también que será competencia provincial la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización cuando por su escasa cantidad esté inequívocamente destinada al consumidor final. Y ahí nos preguntamos ¿qué es escasa cantidad? Ese es el gran problema de siempre. Eso se da en la práctica, muchas veces según quién haga el procedimiento o con qué juez se comuniquen, terminan siendo competencia provincial o federal. En los casos chiquitos no hay dudas, es provincial. En los casos bien grandes es competencia federal, pero está ese terreno fronterizo donde caen la mayoría de los casos que muchas veces es difícil determinar. Y así se suscitan numerosos conflictos de competencia, también de desorientación de las fuerzas de seguridad, llaman al juez federal y dice ‘no, esto es narcomenudeo, llamen a la provincia’. Y por ahí atiende la provincia y dice ‘no esto, es un caso más grande, no narcomenudeo, llamen al juez federal’. Se dan esas situaciones problemáticas, yo también creo que es cuestión que habría que establecer un protocolo en cada provincia que adopte aunque sea establecer una cantidad equis de gramos, de aquí hasta tantos gramos es provincial y a partir de acá es nacional; para así tomar algún criterio objetivo que permita delimitar bien la competencia frente a la justicia.

EL: ¿En Santiago del Estero han tenido conflictos en relación a ese tema?

-FB: Existen algunos conflictos de competencia, por ahí la provincia se declara incompetente, o al revés, pero la idea es que, como eso está pasando en todo el país, es que si se advierte un conflicto de competencia ya sea en la provincia como en la federal, sigan interviniendo para no demorar el proceso Es algo engorroso, es más o menos, no está establecido legalmente, pero se podría decir como un pacto tácito de no plantear conflictos de competencia. l