La cultura autoritaria: Una pesada herencia

Por Luis Horacio Santucho. Defensor del Pueblo Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Los especialistas en artes marciales han opinado que la brutal patada del policía Esteban Ramírez, que ha provocado la muerte del santiagueño Jorge Martín Gómez, en la mañana del 19 de agosto del presente año, en la calle Carlos Calvo al 2600 en el barrio San Cristóbal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una flagrante vulneración del código de ética de las filosofías orientales que han dado pábulo a la mayoría de los estilos y escuelas relacionadas con la práctica milenaria de defensa personal, ya que la agresión no se justificaba porque Gómez se encontraba en estado de indefensión, con los brazos hacia atrás, rodeado por otros policías, disponible al diálogo y sin posibilidades de prever mínimamente el inusitado uso de la fuerza.

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El confuso juicio del desvanecido vulgo, como decía un personaje cervantino, se vio superado por las imágenes de las cámaras de seguridad repetidas minuciosamente en los medios de comunicación social, mientras la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón balbuceaba alegorias del infausto ideario Chocobar, protegiendo gravemente la conducta criminal del policía de la CABA.

El delito ha sido tipificado como Homicidio Preterintencional, previsto en el art. 80 inciso primero apartado B del Código Penal, que tiene una pena sensiblemente menor al homicidio simple. Un figura especial decía el maestro Sebastian Soler, donde se debe realizar una objetiva valoración del medio empleado, y un exámen de los elementos típicos, incluso el psiquismo del autor, en adecuación razonable con el fin. En ese sentido el medio empleado señala Buompadre, configura una regla de interpretación que nos permite ingresar en el territorio de la culpabilidad, por cuanto se halla estrechamente unido al propósito del autor.

Mientras la doctrina penal sigue debatiendo la trama conjuntiva de este delito, tratando de responder a la pregunta si el sujeto activo fue sobrepasado por el evento o en ningún caso como aseguraba el derecho romano y su principio absolutista: versare in re illicita (según el cual quién quiso la causa quiso el efecto), el hecho de marras nos obliga a ponderar una perspectiva ontológica de la ley penal.

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La parte querellante que representa a los familiares de la víctima de este evento criminal, ha solicitado cambio de calificativa y en función de ello imputación de homicidio agravado. En ese sentido es importante resaltar la creación de una figura legal que modifica nuestro Código Penal, agregando el inciso 9 en el Art. 80, a través de una casamata legal que agrava el homicidio a reclusión o prisión perpetua cuando un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o servicio penitenciario abusa de sus funciones matando a otra persona. La incorporación fue introducida por la Ley N° 25.816 que aprueba el proyecto de ley presentado por los senadores Beatriz Halak y el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Juan Carlos Maqueda, publicado el 9 de diciembre del 2003 en el Boletín Oficial.

La exposición de motivos y el debate parlamentario de la referida ley, fueron reflejo de una una noble conmoción como producto de los estragos intolerables de centenares de víctimas del Gatillo Fácil, y otras acciones de despotismo de las agencias estatales de seguridad.

Gatillo Fácil fue una creación literaria cuyo origen se asocia al gran escritor Rodolfo Walsh, en sus extraordinarias investigaciones periodísticas “Operación Masacre” o “Quién mató a Rosendo”, usaba la expresión Gatillo Alegre. Posteriormente esta expresión es retomada por el  prestigioso abogado León Zimerman, fundador de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en el marco de la defensa a las víctimas de la masacre de Ingeniero Budge, para encuadrar simbólicamente los crímenes de la reciente etapa democrática.

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Recordemos brevemente los hechos, el día 8 de diciembre de 1987, tres jóvenes Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24), fueron acribillados en una esquina por fuerzas policiales, que fraguaron un enfrentamiento para eludir el accionar de la investigación judicial. Posteriormente, otro emblemático caso, Walter Bulacio (17), fue detenido por la policía en el ingreso a un recital de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la ciudad de Buenos Aires. El encubrimiento policial  impidió el esclarecimiento del crimen, por ello, diez años después, mas precisamente el 24 de enero del 2001 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), presentó demanda contra el Estado Argentino, por la vulneración de los derechos fundamentales en el deber de custodia como consecuencia de una detención ilegítima. Hoy Walter es una luz que sigue alumbrando pogos y canciones ricoteras.

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En el año 1997, Santiago del Estero, tuvo su caso distintivo de Gatillo Fácil, que fue denominada masacre del barrio Campo Contreras, con el asesinato de Jose Luis Gonzalez (15) y las graves heridas de Federico Saracco(14) y Pablo Alarcón (13), todos ellos acribillados por el policía José Miguel Figueroa. Fue un reclamo de justicia que culmina en la condena del funcionario policial, donde tuvo especial participación en el acompañamiento a las víctimas, nuestro recordado y querido Obispo Gerardo Sueldo. Recientemente, Silvia  Maldonado (17), la adolescente del barrio Gas del Estado de nuestra ciudad  se ha sumado a esta lista de víctimas, en este caso por ejercer el derecho a exigir una orden de allanamiento a su domicilio. La investigación del Ministerio Público Fiscal ha determinado al autor material y aún el proceso penal se encuentra en su etapa o fase de instrucción.

La cultura autoritaria heredada desde los tiempos de la doctrina de la seguridad nacional acecha nuestras realidades y sigue impregnando a nuestra formaciones institucionales. El macrismo ha recreado desaprensivamente esa pesada herencia. Ha definido a Hitler, a través  de su publicista Durán Barba como un personaje espectacular y recibe en los despachos presidenciales a miembros de las fuerza de seguridad acusados de matar o reprimir impiadosamente a  ciudadanos argentinos. Señales peligrosas que preanuncian tragedias irreparables. Solamente el Estado de Derecho nos puede salvar de estas acechanzas del Lebensraum y su ethos sustentatorio.