Emergencia alimentaria en la Argentina, ¿es un problema de recursos?

Por Roberto Feeney. Profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. 

El Congreso de la Nación aprobó la prórroga de la Emergencia Alimentaria. La ocupación de la avenida 9 de Julio aceleró los tiempos parlamentarios. Ahora la pregunta de fondo es: ¿la inseguridad alimentaria es un problema de recursos?

En el año 2015 realizamos, desde el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, un trabajo de investigación en asociación con la Facultad de Agronomía de la UBA y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economías de la Alimentación.

Las preguntas que motivaron ese trabajo hoy siguen siendo válidas: ¿Por qué Argentina no logra aún superar las condiciones de inseguridad alimentaria en un sector de la población? ¿Cómo armonizar el potencial de Argentina como exportador de alimentos y garantizar, al mismo tiempo, niveles adecuados de Seguridad Alimentaria y alimentación saludable a su población?

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En el trabajo citado aplicábamos el criterio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro) para analizar la seguridad alimentaria (SE). Dicho criterio destaca que para que un país pueda garantizar la SE a su población necesita de cuatro pilares: 1) Disponibilidad de los alimentos, 2) Uso de los alimentos, 3) Acceso a los alimentos y 4) Sustentabilidad de la provisión de los alimentos en el futuro.

El análisis arrojaba como resultado que los dos pilares más escasos en el mundo y al mismo tiempo de más difícil procura son con los que cuenta la Argentina: pilares 1 y 4. Pero el país no logra cubrir aspectos que hacen al uso y acceso de los alimentos (pilares 2 y 3).

Un análisis más profundo nos permite concluir que varias porciones de la población de diversos estamentos sociales no cuentan con la debida información y criterio que les permita un consumo de una canasta saludable de alimentos. En algunos casos pudimos verificar que hasta la misma asistencia del Estado no cumplía con dichos pilares. Como ejemplo se puede citar el caso de los comedores de la escuela pública que no están proveyendo una dieta saludable a sus comunidades educativas.

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Una vez hecho ese análisis la primera conclusión a la que arribamos fue que el problema de inseguridad alimentaria en la Argentina no es un problema de recursos, como el que trata de resolver la prórroga de la Ley. Es evidente que aumentar la disponibilidad de fondos para agrupaciones sociales o para los ciudadanos, no es una herramienta que necesariamente generará los cambios en los hábitos de consumo de la población hacia una dieta saludable.

El trabajo también analizaba el impacto de la política para preservar “la mesa de los argentinos”. Esta política consideraba que el nudo del problema radicaba en el encarecimiento de los productos agropecuarios que generaba alimentos “caros”. Las consecuencias de “atacar” a la oferta de productos por medio de medidas como las retenciones o los permisos de exportación (ROEs), terminaron generando un efecto contrario al deseado. Verificamos las consecuencias de las políticas sobre la oferta generando, entre otros impactos, la disminución en el stock de ganado vacuno, y la caída en la producción de trigo. A su vez esto daba el precio al consumidor más elevado de la región para algunos de los productos de la canasta saludable de alimentos.

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Las enseñanzas de las consecuencias de atacar a la oferta (disminución de la producción y encarecimiento de los productos alimenticios al consumidor) parecen haberse aprendido. La intención de atacar el problema desde el lado de la demanda con la prórroga de la Ley intenta dar más poder de compra el consumidor en lugar de castigar a la oferta.

Pero votar la Ley que habilita la disposición de los recursos no garantiza que se resuelvan los dos pilares faltantes: uso y acceso. Si no se logra abordar el problema en toda su dimensión (los 4 pilares) no se lograrán avances.