¿Primavera latinoamericana? ¿Primavera latinoamericana?
Por Pedro José Basbús. Magistrado, docente, cátedra de Derecho Internacional Público, Ucse.
Tariq Tayyib Mohamed Bouazizi más conocido co mo Mohamed Bouazizi oriundo de la cCiudad de Sidi Bouzid Túnez, fue un joven vendedor ambulante tunecino que se inmoló el 17 de diciembre de 2010 en protesta por la confiscación de su puesto de frutas y la humillación que dijo haber recibido de los oficiales municipales cuando fue a presentar una queja por este hecho.
Su inmolación desató la revuelta popular del período 2010/2011 en Túnez, que provocó la huida del dictador Zine El Abidine Ben Alí el 14 de enero de 2011, después de haber estado cerca de veinticuatro años en el poder, y la subsecuente democratización del país, iniciando una serie de protestas en países vecinos en lo que se conoció como la Primavera árabe, movimiento por el cual, en distintos países del mundo árabe (vgr. Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Kwait, Irak, Jordania, Siria, Yemen, Oman, Barhein, Mauritania, Arabia Saudita, entre otros) se reclamaron condiciones dignas de vida, acceso a servicios básicos, democracia y respeto por los derechos humanos, movilización que tuvo mayor sustento en una juventud que se sintió defraudada de las promesas incumplidas y cuyo avance fue favorecido por el auge de las redes sociales.
Lamentablemente y más allá de cierto maquillaje puesto de manifiesto por los gobiernos de los países afectados, la respuesta internacional a estos levantamientos fue disímil y, si bien se presume que el costo económico de dichas revueltas ascendía, al año 2014 a 800 mil millones de dólares, no se advierte un cambio radical en las políticas internas de aquellos, sin perjuicio de que en muchos de los países aún los conflictos políticos, sociales y económicos no han cambiado (Siria, Irak, Yemen, Sudán, Libia, son ejemplos plausibles).
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La referencia a la Primavera árabe se impone en estos días, pues con asombro, Latinoamérica asiste a distintos levantamientos o revueltas populares que comenzaron a la sazón de protestas por medidas económicas o políticas y que, hasta la fecha no sólo no han sido soslayadas sino que se incrementaron.-
Venezuela mantiene una verdadera crisis humanitaria y violaciones a los derea contrario sensu) en donde el rol de las potencias mundiales (vgr. China y Rusia en defensa de cuantiosos contratos militares suscritos desde la época del presidente Chávez) junto a los militares (acusados de vinculaciones con el narcotráfico) juegan un papel fundamental en el sostén del gobierno del presidente Maduro.
La escases de alimentos y medicamentos, la inflación incontrolable, la censura a la libertad de opinión, el éxodo masivo de refugiados, la nueva categoría de migrantes económicos y políticos y el desplazamiento de miles de venezolanos (en total más de 3.7 millones) no pudieron acotarse más allá de la intención del gobierno del entonces Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó Marques (hoy Presidente Encargado de dicho país) apoyado por los EE.UU.
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Mientras tanto, la población, que reclama mejores condiciones sociales y democráticas, se encuentra inmersa entre dos bandos lo que produce un incremento de la pobreza y exclusión, situación que luce, por ahora, incontrolable y con una Comunidad Internacional que se mantiene al margen del conflicto según por aquella división entre Rusia, China y los Estados Unidos de Norteamérica.
El interrogante que subyace es acerca del rol de las Organizaciones tanto regionales (OEA, Mercosur, Unasur, Grupo de Lima, Grupo de Puebla) como internacionales (ONU) pues hasta la fecha no han podido brindar alguna solución a esta crisis que día a día sufre la población de Venezuela.
Chile sorprendió al lector cuando hace un poco más de un mes, con un levantamiento que sorprendió a propios y extraños.
Un país que fue modelo de la macroeconomía a nivel mundial, con cuentas equilibradas, con un crecimiento económico sostenido por un lapso cercano a los diez años, con gobiernos de centro derecha y de centro izquierda que aún en las antípodas del pensamiento político han respetado a rajatabla el equilibro económico y con una inflación estimada para el año en curso de 2% anual, se encuentra inmerso en un conflicto social que ha desequilibrado el gobierno del presidente Piñera al punto tal de torcer la voluntad de dicho gobierno para convocar a una reforma de la Constitución que data del gobierno de la dictadura de Pinochet.
¿Los motivos de la crisis?
El intento del gobierno de tocar las tarifas del transporte público, desenmascaró la evidente desigualdad social por la cual el 1% de la población concentra un poco más del 25% de la riqueza en Chile mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió sólo al 2,1% de la riqueza neta del país.
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La mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a $ 400.000 (U$S 562) al mes según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, un poco superior al ingreso mínimo mensual de $ 301.000 (U$S 423,00) con lo cual cualquier alza en las tarifas iba a desencadenar una crisis de magnitud por la gran mayoría de chilenos de ingreso medio que tienen el noveno transporte más caro del mundo.
El deficiente acceso, en gran parte de la población chilena, al sistema de salud pública (el 80% de la población se encuentra adherido al Fondo Nacional de Salud) que, si bien ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes, tales como la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
La educación pública es otro flanco de desigualdad, independientemente de que Chile presenta niveles muy altos de alfabetización en Latinoamérica (95% de su población). Muestra de ello son los resultados del informe Pisa las diferencias entre los colegios públicos y privados son inmensas.
La imposibilidad de que el sistema privado previsional (en nuestros país las recordadas AFJP) no pudieron conceder jubilaciones o retiros en un porcentual que supere el 60% del haber activo, la privatización del agua y las denuncias por corrupción en las empresas (para formar precios) en la clase política y ejército, han minado la confianza de la gente que, alentada por la bonanza económica del país, intenta gozar de un mejor nivel de vida y encuentra en estos temas, un impedimento para hacerlo.
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Bolivia vive tiempos de zozobra política, social y económica
El estado que generó un marcado aumento en los niveles de vida, desde la asunción del renunciante Presidente Morales, a través de la nueva política de hibrocarburos (vgr. Se nacionalizaron las empresas en un porcentual del 51% en manos del Estado y el 49% en manos de privados y se modificó la renta que producen aquellos en un 82% para el estado y el 18% para las empresas privadas) observó como la intención de perpetuarse en el poder del entonces presidente, desoyendo el referéndum convocado al efecto y luego con evidentes sospechas de fraude en las elecciones generales, echó por la borda años de bonanza económica, baja inflación y de crecimiento, para provocar un sisma entre quienes defienden aún a Evo y sus detractores hoy en el gobierno a lo que se adiciona el tremendo daño ambiental producido por los incendios forestales cuyo origen se presenta en el decreto presidencial, por el suscrito, que permitía el “chaqueo” o quema planificada de rastrojos y que le valieron la denuncia por implementar políticas nocivas para la naturaleza o de aliarse con el capital agro industrial.
De más está decir que Bolivia necesita, al igual que Chile, de gobiernos que puedan lograr la paz social, necesaria para el crecimiento y consolidación económica y política, con el respeto a las instituciones y que permita la inclusión de sectores postergados.
Para concluir el repaso de las crisis regionales, recientemente un número cercano al millón de personas protestaron en las calles de Bogotá (Colombia) y fue necesario que las autoridades de la Ciudad de Cali decreten el toque de queda.
¿Qué había sucedido?
El gobierno de centro derecha de Iván Duque había preparado un paquete de medidas económicas que iban a causar un profundo malestar social. Entre ellas, estaba la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.
Si bien el gobierno negó la veracidad de muchas de estas medidas, aseguró que todo debiera ser objeto de negociación dejando abierta la puerta para que dichas medidas se materialicen.
Esta circunstancia sacudió a los sindicatos, que si bien no tienen el poder que, por ejemplo ejercen en nuestro país, mantienen un grado de movilización importante a punto tal de lograr la marcha a la que se sumaron jóvenes desencantados, organizaciones de estudiantes, de campesinos, de mujeres, de indígenas, de afrodescendientes y, por supuesto, de opositores del gobierno.
Otra causa del descontento surge por el asesinato de numerosos líderes sociales de zonas rurales (departamento del Cauca), así como del incumplimiento de parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los USD 390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.
Empero, el mayor problema reside en el relamo de las organizaciones sociales por un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las Farc alcanzado en 2016. En particular, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.
Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive la población indígena en el país.
A ello debe adicionarse el hecho de que el Presidente solicitó, en abril de este año, a la norma estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) creada tras la firma del acuerdo de desarme con la guerrilla del las Farc para tratar los crímenes relacionados con el conflicto armado.
La JEP es una jurisdicción paralela creada para juzgar a ex guerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles vinculados a delitos relacionados con la guerra de más de medio siglo que culminó con la firma del acuerdo de paz del 1 de noviembre de 2016. Aquellos que son y serán juzgados en la JEP pueden acceder a penas menores que los que impone la justicia ordinaria, siempre y cuando reconozcan su culpabilidad y cumplan otras condiciones como entrega de bienes y de información y, además, se benefician con la garantía de no ser extraditados.
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Estos dos elementos, las penas reducidas y la no extradición, fueron los más combatidos por los detractores del acuerdo de paz. Al respecto, el presidente objetó 6 de los 159 artículos que componen el estatuto de la JEP, especialmente aquellos que refieren a la reparación económica de las víctimas y a la extradición (el Ejecutivo propuso que los condenados respondan con sus bienes y activos y reniega de que La JEP sea el organismo que indique la oportunidad y conveniencia de la extradición de los responsables) todo lo cual provocó las críticas al presidente de propios y extraños por intentar “minar el proceso de paz” (cuando, dentro de una realidad compleja se intentó garantizar la menguada igualdad en la responsabilidad de aquellos que cometieron crímenes en el período de enfrentamiento Farc-Gobierno de Colombia).
En suma, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, constituyen focos de tensión permanente en especial por ser parte de una región que mantiene el menor nivel de crecimiento económico mundial. Asimismo gran parte de la población observa materias que la democracia no ha podido o sabido resolver motivo por el cual crece el descontento aunque no creen en el autoritarismo como solución plausible.
Entiendo que hoy más que nunca, los líderes de la región deben reflexionar en la necesidad de mantener el respeto irrestricto a las instituciones y gobernar con responsabilidad, lo que implica mantener políticas económicas serias, evitar la cronicidad en los déficits de cuenta corriente y brindar soluciones que incluyan a quienes menos tienen.
El camino es largo, se necesita paciencia y credibilidad en los gobiernos. La primavera árabe se diluyó en el tiempo ante el regreso de antiguas prácticas.
América Latina tiene una oportunidad de aprender de sus crisis, a los fines de que estas no se vuelvan recurrentes.
