CFK se autodeclaró absuelta por la historia, desafió a jueces y sugirió que citen a Alberto F.

La ex presidenta Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que perjudicó al Estado en $46.000 millones, habló ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por el redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, durante su mandato.

La electa vicepresidenta, se autodeclaró “absuelta por la historia”, desafió a los jueces del Tribunal e incluso sugirió que lo llamen a declara al presidente electo, Alberto Fernández, por esta causa.

El juicio, en el cual declaró CFK, se convirtió en histórico poque por primera vez, una vicepresidenta electa es indagada por un caso de corrupción. La ex presidenta, no disimuló su enojo por estar siendo indagada en una causa que calificó de paradigma del lawfare -supuesta teoría de una “guerra jurídica” contra ‘líderes populares-. Criticó a los jueces del Tribunal, a quienes acusó de ya tener escrita la sentencia, y al concluir su exposición los desafió cuando el presidente del TOF le preguntó si respondería preguntas: “¿Responder preguntas? preguntas tienen que contestar ustedes”. Previo a esta desafiante frase ya había dicho que la historia a ella la absolvió, pero que a los tres jueces “será la historia quien los juzgue”. “Ustedes los jueces se convierten en los arietes indispensables de este flagelo que es identificar a la política con la corrupción”, les señaló.

También, en sus declaraciones, dijo que “van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008”. El presidente electo ya figura como testigo por la defensa de la ex presidente, pero ello no implica ninguna eventual responsabilidad penal en la causa que se ventila en el Tribunal Oral Federal número 2.

Esa sugerencia de su compañera de fórmula implicaría modificar el estatus jurídico de Alberto Fernández, cerrando así una extraña paradoja en la historia de la Argentina: después del 10 de diciembre, no sólo habría una vicepresidenta procesada por corrupción, sino que también se sumaría el presidente de la Nación.

La ex presidenta realizó un extenso descargo, con un fuerte contenido político. En los argumentos que expuso por más de tres horas, la crítica al Poder Judicial, a los “grandes medios de comunicación” y al gobierno de Mauricio Macri tuvieron mayor protagonismo.

En esta causa, la principal acusación recae sobre la electa vicepresidenta, se la procesó como jefa de una asociación ilícita, que “junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y a Lázaro Báez”, se dedicaron entre 2003 y 2015, “a cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”. La defraudación cometida al Estado, fue de $ 46.000 millones por los contratos “asignados al amigo presidencial con diversas irregularidades”, señaló el dictamen fiscal.

El “lawfare” fue el eje de su defensa. Empezó con ese planteó y concluyó su indagatoria reforzando esta idea: toda la causa conocida como Obra Pública, fue armada por el Gobierno “con el auxilio del Poder Judicial” con el fin de “desprestigiar y demonizar un proyecto de país”.