Ideólogos que no gobernaron, ideas que sí lo hicieron. Arturo Enrique Sampay (Segunda parte)  

La historia argentina es un muestrario extraordinario de la capacidad de cambio que la situación política tiene en todas las circunstancias. Sobre todo, enseña que cuando las apariencias muestran la consolidación de un proceso de poder, una observación profunda de los hechos permite descubrir las primeras manifestaciones de la decadencia de ese poder.

Un buen ejemplo es el final de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, en 1904. Toda la comunidad política entendía que el poder del único presidente reelecto hasta entonces era ilimitado. Sólo cuatro años después el tucumano estaba prácticamente retirado de toda actividad vinculada a las cuestiones de gobierno, por obra del presidente José Figueroa Alcorta.

Otro tiempo notable es 1928. Hipólito Yrigoyen gana cómodamente su segunda presidencia, por el 61% de los votos. Nunca nadie había alcanzado tal potencia electoral. Se llamó aquella elección el “plebiscito”. Sólo dos años más adelante, es derrocado en medio de un gran malestar social y pocos asumirán su defensa.

En esta segunda parte de la biografía de Arturo Sampay, el gran inspirador de la reforma constitucional de 1949, contemplaremos el proceso de licuación del poder del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el coronel Domingo Mercante, a quien los peronistas llamaban el “corazón de Perón”, presidente de la convención constituyente de ese año, que sólo tres años después será expulsado del gobierno, y con él todos sus colaboradores.

Resulta paradójico también que para 1955, también el presidente Juan Domingo Perón, “factótum” del retiro de Mercante, verá desaparecido su poder formal, que originalmente pensó que era amenazado por el bonaerense y finalmente terminó aniquilado por sus adversarios a través de un golpe de estado.

Transitaremos hoy por el paso de Arturo Sampay rumbo a la cumbre del poder y su declive, que fue acompañado por la injusticia del desagradecimiento.

La Convención Constituyente de 1949 

La reunión de la Convención se realiza en Buenos Aires, en el recinto del Congreso Nacional y la participación de Sampay fue fundamental, ya que fue designado presidente de la Comisión Revisora del texto constitucional vigente, y fue quien expuso las motivaciones jurídicas que hacían necesario el cambio de la filosofía liberal de la carta de 1853 por un pensamiento social cristiano. Puede decirse que Sampay fue el “Alberdi” de la Constitución de 1949.

En el informe que presenta al pleno de la Convención, donde comienza elogiando la larga vigencia de la Constitución de 1949, tal como leímos en la primera parte de esta biografía, fundamenta la necesidad de los cambios a realizar: “El alma de la concepción política que informa la reforma constitucional en su parte programática, vale decir, los fines que el Estado persigue para garantizar a todos una existencia digna del hombre, que requieren afirmación dogmática contra toda posible contradicción y a los que deberá acomodarse la acción política futura, están dados por la primacía de la persona humana y de su destino, como Perón tantas veces lo proclamara diciendo: “El estado es para el hombre y no el hombre para el Estado”. Este principio es el basamento del orbe de cultura occidental. El hombre tiene –es el Cristianismo quien trajo la buena nueva– un fin último que cumplir, y no adscribe su vida al Estado… El totalitarismo es la contrafigura de esta concepción política, porque degrada al hombre a la situación de instrumento del Estado divinizado, y éste, en lugar de reconocer como finalidad el bien de la persona, mediante la primacía temporal del bien común de todo el pueblo, se propone afianzar una raza, considerada biológicamente superior, o la dictadura de un estamento económico, o de una clase política violenta que busca la guerra para la “gloire de l’état” (gloria del Estado) –dicho con palabras de Montesquieu–. La aparición del absolutismo totalitario de nuestros días, que conduce al Estado-dios, a la estatolatría, es una regresión anticristiana, es el ataque al cimiento mismo de la cultura occidental”.

Queda aquí manifestada la inspiración social cristiana de las ideas de Sampay, que serán aceptadas por los convencionales, y convertirán la carta magna en una expresión del constitucionalismo social, que Sampay explica con claridad: “La necesidad de una renovación constitucional en sentido social es el reflejo de la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa. La experiencia del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas”.

A pesar del intenso trabajo jurídico y filosófico de Sampay, la Convención de 1949 quedará sumida en una polémica, debido al hecho que la elección de los constituyentes fue realizada sin respetar el precepto constitucional de dictar una ley que marque la necesidad de la reforma, por dos tercios de los miembros de cada cámara del Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados el oficialismo no logró ese piso de votos, pero forzó la interpretación de que eran suficientes dos tercios de los presentes. Este será el argumento que se utilizará en 1957 para derogar el texto inspirado por Sampay. Los convencionales opositores sólo participaron de la primera sesión y abandonaron la Convención, lo que tiñó la discusión. La reforma incluyó la cláusula de reelección indefinida del presidente de la Nación.

El ostracismo y el retorno a la función pública 

La cercanía de Arturo Sampay con el gobernador Domingo Mercante será fatal para su carrera política. La posible competencia que Mercante podía significar para Perón logró que se retirara el apoyo del presidente al gobernador, que se fue de su cargo, junto a sus seguidores, entre ellos Arturo Jauretche. A Sampay se le inicia un juicio político para destituirlo de su cargo de fiscal de estado provincial, hecho que lo obliga a exiliarse en Paraguay en 1953, con el auxilio del cardenal Santiago Copello. Sampay viaja disfrazado de sacerdote. Luego viaja a Bolivia, y finalmente se afinca en Montevideo. Llama la atención que todo este periplo se produce durante el gobierno peronista, que así le paga sus servicios en la convención constituyente de 1949.

Vuelve en 1958 a la Argentina, pero no logra volver a sus cátedras universitarias, y queda marginado de las discusiones políticas. La publicación de un libro sobre Rosas, al que califica de “tradicionalista y reaccionario”, lo enajena de los sectores nacionalistas del peronismo. En 1968 funda la revista “Realidad Económica”, que aún sigue publicándose. Viaja por Chile y Uruguay a dictar conferencias sobre constitucionalismo social, y recién en 1971, es convocado en el país para una conferencia frente a la Asamblea Plenaria de los obispos argentinos, a la que titula “Socialización, Socialismo y Política del Espíritu Cristiano”.

En 1973, veintiún años después, le fueron devueltos sus cargos docentes en la Universidad de Buenos Aires. Fue convocado como asesor del Ministerio del Interior y fue honrado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue asesor jurídico de la presidente María Estela Martínez de Perón, luego de haber sido integrante de la comisión asesora para la determinación del límite internacional entre Argentina y Uruguay sobre el río de la Plata. Su última función pública fue representar al país en la Comisión de las Naciones Unidas contra la discriminación racial.

Muerte y homenajes

El 24 de marzo de 1976 fue cesanteado nuevamente de sus cargos docentes y sus libros retirados de la venta. Arturo Enrique Sampay muere en La Plata, el 14 de febrero de 1977, a los 65 años. Fue sepultado en el cementerio de su ciudad de residencia. Quedan para el estudio de su pensamiento sus libros: “La crisis del Estado de derecho liberal-burgués” (1942); “La filosofía del Iluminismo y la Constitución argentina de 1853” (1944); “Introducción a la Teoría del Estado” (1951); “Las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas” (1970); “Constitución y pueblo” (1974); y su obra póstuma“Las constituciones de la Argentina entre 1810 y 1972” (1975).

A partir de la restauración de la democracia, en 1983, su obra comienza a ser estudiada nuevamente, y se fundan institutos de investigación jurídica con su nombre. En 2014 la provincia de Entre Ríos lo declara “ciudadano ilustre post mórtem”, por medio de una ley. Varias calles lo recuerdan, en su provincia natal y en Rosario, pero su nombre, más allá de acuerdos y desacuerdos con sus ideas, merece un reconocimiento mayor al que tiene.