Piñera promulgó la ley que habilita la reforma constitucional

Santiago de Chile. Con la promulgación de una reforma que habilita la convocatoria de un plebiscito en abril, Chile se encuentra cada vez más cerca de decidir si quiere enterrar la actual Constitución, redactada en la dictadura militar y blanco de críticas en las manifestaciones por su corte neoliberal.

“Este plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días”, indico el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, durante la firma del documento.

La ley, resultado de un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, permite celebrar un plebiscito el 26 de abril para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo debería redactarla: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.

“La Constitución no es una vara mágica. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos”, agregó Piñera, flanqueado por algunos de los líderes de los principales partidos.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, éste con voto obligatorio.

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos.

Los manifestantes culpan a la actual Constitución, reformada más de 40 veces, de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.l