La violencia política en la historia argentina (primera parte)

La llegada de un nuevo año siempre es propicia para el balance del anterior y para establecer las expectativas que el recién llegado promueve, tanto a nivel personal como comunitario y social. Este 2020 viene, además, de la mano de la asunción de un nuevo gobierno nacional, de signo diferente al anterior, y este acontecimiento ha permitido un debate amplio, diverso y sobre todo controversial sobre aspectos de la vida argentina. Los rastros de un fracaso colectivo han hecho posible varios abordajes de la realidad nacional, para pensar soluciones y caminos hacia un destino venturoso como sociedad política, cultural y económica, en la línea de los sueños de los padres fundadores y constituyentes, y los grandes líderes políticos de nuestra historia.

Sin duda, un tema de gran vigencia en las discusiones políticas de los últimos años ha sido la “grieta”, una expresión que ha intentado definir el grado de discordia entre los grandes actores de la vida nacional, e incluso entre las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo en las relaciones interpersonales de los ciudadanos, muchas veces con una crispación en los modos que nos aleja de la sustancia de los problemas argentinos.

Es mi creencia personal que estos tiempos que vivimos, más allá de modos que no comparto en el debate público, no son de los más violentos de la historia nacional. Incluso, si tomamos los parámetros institucionales, son de una normalidad poco común, a pesar que no debemos ni podemos ocultar las dificultades para llegar a un estado de progreso social y material para la mayoría de los argentinos.

Hemos cumplido 36 años ininterrumpidos de vigencia de la Constitución Nacional de 1853, con sus reformas. Sólo se dispusieron, desde 1983, seis intervenciones federales a las provincias argentinas y desde 2004, no se produjo ninguna nueva. Vale recordar que fueron dos a la provincia de Santiago del Estero, dos a Corrientes, una a Tucumán y otra a Catamarca. Hace cerca de veinte años que no se establece el estado de sitio, ese recurso legal que en otras épocas suspendía el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, incluso por tiempo indeterminado. Vale recordar que desde 1853 el estado de sitio rigió 13.000 días y desde la restauración de la democracia, sólo 105. La comparación, sin duda beneficia a este presente histórico.

Por eso, iniciamos hoy una serie de artículos, a través de los cuales, transitaremos por los grandes hechos de violencia política, desde la fundación del país allá por la década de 1810 hasta la actualidad, aplicando con rigor el método científico de la historia.

Las primeras expresiones de violencia política en las Provincias Unidas

Los eventos de 1806 y 1807, cuando el imperio británico intentó tomar posesión de la capital virreinal más austral de España en América, y fue derrotado en ambas ocasiones, fueron el inicio del pensamiento autónomo que dio forma a la Junta Gubernativa elegida en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, y que rápidamente tomó fuerza en todo el territorio que en poco tiempo se reconoció a sí mismo como las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Hubo insurrecciones, como las triunfantes de los cabildos abiertos de 1807 y 1810, que acabaron con los mandatos de los virreyes Sobremonte y Cisneros, y la fracasada que buscó tomar el poder, encabezada por Martín de álzaga el 1° de enero de 1809, para sustituir a Santiago de Liniers, y que terminó con sus cabecillas enviados a prisión en Carmen de Patagones.

Pero a poco de consolidarse el gobierno presidido por Cornelio de Saavedra, comenzó una guerra revolucionaria que derivó en decenas de batallas y combates, y que sólo concluiría con la derrota del último ejército español en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Esta guerra, que se convertirá en independentista desde la declaración del 9 de julio de 1816, en San Miguel del Tucumán, no forma parte de la violencia política, ya que fue establecida entre estados que fueron modificando su estatus de autonomía hacia la independencia desde 1809 a 1824.

El fusilamiento de Liniers

El enfrentamiento entre el ejército porteño al mando de Francisco Ortiz de Ocampo, secundado por Hipólito Vieytes, y el cordobés encabezado por Santiago de Liniers, antiguo virrey, acompañado por el gobernador de “la Docta”, Juan Gutiérrez de la Concha y el obispo Rodrigo de Orellana, en la estancia de Piedritas, en Chañar, Córdoba, puede considerarse el primer acto de violencia política de la historia argentina. Queda clara la voluntad de ambas partes de luchar por el poder residente en Buenos Aires.

Antes de partir hacia el combate, escribirá Liniers: “...será necesario considerar como rebeldes a los causantes de tanta inquietud. Como militar estoy pronto a cumplir con mi deber. Y me ofrezco desde ya a organizar las fuerzas necesarias… La conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria, en la que se halla debido el atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredarlo.”

Los contrarrevolucionarios fueron capturados entre el 6 y 7 de agosto de 1810, pero la sentencia de muerte había sido decidida por la Junta de Buenos Aires, el 28 de julio anterior. Todos sus integrantes votaron a favor, salvo el cura Manuel Alberti, que blandió su condición de sacerdote para abstenerse. Al llegar la orden al jefe militar revolucionario Ocampo, se negó a proceder y decidió enviar a los prisioneros hacia Buenos Aires. En el viaje fue relevado como jefe y al llegar Juan José Castelli, nombrado en reemplazo de Vieytes, donde se hallaban los cautivos, inmediatamente cumplió la orden de la Junta.

Así fue que el 26 de agosto, en el monte de los Papagayos, cerca de Cruz Alta, en las cercanías de la posta de Cabeza de Tigre, fueron ejecutados Liniers, Gutiérrez de la Concha, el coronel Santiago Allende, el oficial real Joaquín Moreno y el funcionario Victorino Rodríguez. Al obispo le conmutaron la pena, porque “contra España vaya y pase, pero contra Dios es demasiado” sostuvo uno de los revolucionarios. El sangriento desenlace puso de manifiesto la voluntad radical de los revolucionarios, y causó una mezcla de terror y entusiasmo en las poblaciones en el camino al Alto Perú. Un acróstico (combinación de letras) formado por las iniciales de los fusilados se convirtió en grito contrarrevolucionario: CLAMOR (por Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez).

Desde entonces quedó claro que la lucha no era sólo por el poder dentro del imperio español, sino por el poder mismo, aunque no estuviera claro en qué marco institucional. Al establecerse las relaciones diplomáticas entre la Confederación Argentina y el reino de España, en 1859, la primera tarea del embajador hispano fue la repatriación de los restos de los “fieles españoles” fusilados en 1810. Los restos de Liniers y sus compañeros están sepultados en el Panteón de los Marinos Ilustres de España, en San Fernando, Cádiz.

El fusilamiento de álzaga

El primer Triunvirato, formado hacia julio de 1812 por Juan Martín de Pueyrredón, Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea, enfrentaba una grave situación militar, a causa de la necesidad de mantener dos frentes de guerra: uno en el norte contra los ejércitos imperiales del general arequipeño José M. de Goyeneche y otro en el propio Río de la Plata, contra los oficiales leales a España, aliados a los portugueses, cuya plaza fuerte era Montevideo.

El 30 de junio de 1812 una dama porteña, Valentina Feijoó, denunció una conspiración de peninsulares contra las autoridades de Buenos Aires, que le había sido revelada por un esclavo llamado Ventura. Sin demora, el Triunvirato inició una gigantesca investigación que puso la lupa sobre 300 acusados y testigos, que representaban el 10% de la población. Los rumores previos sobre los “preparativos de los españoles” dieron veracidad a la denuncia y la sospecha de que el 5 de julio de 1812, a cinco años del triunfo sobre los ingleses en la Defensa de Buenos Aires, iba a desarrollarse una acción que acabaría con el gobierno revolucionario, tomando el Fuerte y los cuarteles porteños, desató una feroz represión que terminó con 30 ahorcamientos, decenas de condenas a prisión y destierros, todo en menos de un mes.

Ya el 4 de julio, por orden de Chiclana, fueron ajusticiados tres españoles y sus cuerpos colgados frente al fuerte. Se dictó la orden de prisión para Martín de álzaga y fray José de las ánimas, a quienes se acusó de cabecillas de la conspiración. Le cupo a Bernardino Rivadavia la instrucción de la causa, que terminó en el fusilamiento de álzaga el 6 de julio. El secreto de los sumarios, muchos de los cuales nunca aparecieron, como tampoco el nombre de los testigos, habla más bien de un escarmiento arbitrario, para eliminar a los enemigos más potentes de la revolución que había en Buenos Aires. El 13 de julio le tocó el turno a fray De las ánimas.

El baño de sangre había hecho mella en el espíritu porteño, sediento de más violencia. Cuando el 24 de julio se suspendieron las ejecuciones, hubo muchedumbres que insultaron a las autoridades, destrozaron sus casas y obligaron al Triunvirato a emitir una proclama que pedía: “confíe el Pueblo en la rectitud del Gobierno que seguirá el castigo de los conjurados”. Como curiosidad, las hijas solteras de álzaga, luego de la ejecución, decidieron recluirse para siempre en su casa de la calle Bolívar de Buenos Aires, y sólo salieron de allí, una vez muertas, rumbo al cementerio de la Recoleta.

El fin de los dos héroes de la Reconquista y de la Defensa de Buenos Aires fue el mismo. Fieles al imperio español, la Revolución les quitó la vida. Y su recuerdo no ha sido del todo justo, porque el tribunal de la historia los ha castigado por estar del otro lado. Ese lado que ellos eligieron con lealtad.