El Defensor del Pueblo afirmó que el uso de radares en Córdoba no cumple el fin de prevenir accidentes

La Defensoría del Pueblo de la provincia coincidió con la Adecse, al señalar que los radares móviles que utilizan algunas provincias sobre rutas nacionales y que no están señalizados, tienen un fin meramente “recaudatorio” y no preventivo de accidentes.

Así lo manifestó el defensor del Pueblo, Lionel Suárez, ante la consulta puntual sobre las quejas de automovilistas santiagueños que son sorprendidos en algunas provincias, particularmente Córdoba y Santa Fe, por multas de radares.

El funcionario refutó el argumento de la Policía de Córdoba de no poner carteles que den aviso de los radares porque son rutas nacionales. En este sentido, especialistas en legislación vial respaldaron los dichos del ombudsman santiagueño.

“Recibimos quejas de multas realizadas a automovilistas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; pero los dos primeros distritos tienen características particulares. Estas provincias adhirieron a la ley nacional de Tránsito y a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad de Tránsito, pero las dos provincias se reservaron el poder de policía, específicamente la facultad de controlar todas las contravenciones que ocurren sobre la cinta de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio”, contó Suárez.

Explicó que para mayor complejidad en estos casos, “al momento de la señalética, es decir de poder establecer las señales de control de seguridad vial, ellos se excusan en que no hay porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Dirección Nacional de Tránsito no colocan los carteles en la banquina que es de jurisdicción nacional, no de la provincia de Córdoba”.

“Por lo cual, los controles que establecen ellos, sobre todo de radares móviles -subrayó Suárez- pierden el carácter “precautorio”. “Al no existir carteles de que hay un control de seguridad vial, hace que una persona incauta que no esté respetando los límites de velocidad que son 110 km/h en rutas nacionales quede presa del control que establecen los radares móviles en las provincias de Córdoba y Santa Fe”, ejemplificó.

El defensor del Pueblo indicó que “el que transita una ruta nacional debe saber que el límite de velocidad en las rutas nacionales es de 110 km, aún así no hay esos carteles preventivos; tampoco hay carteles que indiquen que hay un control establecido por la policía caminera de Córdoba, a la que por ley se le ha delegado controlar todas las contravenciones sobre las rutas nacionales”. Y recalcó: “No puede ser utilizado el federalismo como excusa para incumplimiento o desvirtuar la ley de seguridad vial que es prevenir los accidentes. No pueden escudarse en ese argumento”.

Quién debe poner los carteles

Sobre este tema y ante una requisitoria periodística de EL LIBERAL, fuentes nacionales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) explicaron a quién corresponde colocar los carteles. Indicaron que si hay convenios firmados con la ANSV delegando a los municipios o policías provinciales los controles de velocidad sobre rutas nacionales, estos tienen que dirigirse a la DNV para solicitar la instalación de la señalética correspondiente.

Al respecto, remarcaron que los radares, cinemómetros o cámaras fotográficas tienen que ser señalizadas antes y durante el paso del vehículo por la zona de control de velocidad, porque de lo contrario, su uso no cumple con el fin de prevenir accidentes.

Sobre la normativa, precisaron que el poder de policía sobre las rutas nacionales lo tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial que firma convenios y delega esa facultad, lo que hizo con prácticamente todas las provincias. Puntualizaron que en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis, estos distritos adhirieron parcialmente porque se reservaron ese poder de policía. Y aclararon que todo ese sistema de control o de prevención de accidentes, de radares y cinemómetros, tiene que homologarse con la ANSV y que el aparato que se utilice, tiene que ser homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) por un año y luego tienen que ir renovando cada año.

Sobre las quejas de los automovilistas que son sorprendidos por estos controles porque no hay señalización que advierta sobre la presencia de radares, indicaron que la falta de señalética convierte el uso de tecnología de manera recaudatoria y no de prevención. Agregaron que con un buen señalamiento antes y durante el tramo que se quiere proteger del exceso de velocidad, debe estar debidamente señalizado.

Al igual que el defensor del Pueblo santiagueño, fuentes nacionales de la DNV explicaron que si la comuna o policía provincial tienen un convenio con la ANSV que les delega facultades de contralor sobre rutas nacionales, deben presentar este convenio y un proyecto ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que ésta autorice y le indique en qué zona se puede colocar la señalética con las velocidades máximas permitidas.

“Si se colocan y usan estos radares de manera subrepticia o furtiva, no cumple con la finalidad, que es prevención. Es exclusivamente para eso ese tipo de infracción”, acotaron.