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Marcos Villalba, jefe de la banda; Serrano y Rubín, autores, y Campos y Páez Díaz, coautores del atraco

Así sintetizó los roles la Fiscalía, al recrear el golpe de $ 2.413.080 contra la empresa Servisur. Armaron hasta un grupo de Whatsapp.

- 01:40 Policiales

El 12 de noviembre Luis Roberto Serrano y Alberto Bruno Rubín ejecutaron el atraco de $ 2.413.080, bajo el mando de Marcos Villalba y la tecnología de Iván Ezequiel Páez Díaz.

Así lo detalló ayer la Fiscalía, al requerir prisión preventiva para seis detenidos, entre policías, un exonerado y dos civiles.

Doce horas le demandó a Victoria Sottini, Carla León y Gabriela Gauna, fundamentar la acusación contra el grupo.

Según la teoría, la “unión” de la banda nació solo por el atraco.

El jefe sería el policía Marcos Villalba, quien habría solicitado al técnico en celulares, Páez Díaz, abrir un grupo de Whatsapp el 10 de noviembre.

Vivo y directo

Con el recinto repleto también por detenidos y defensores, la Fiscalía desplegó su hipótesis, basándose en videos y escuchas.

ASALTO: según videos, la banda se ocultó en una casa del Bº 8 de Abril. Situarían a Serrano y Rubín en el hecho y hasta se cree que Serrano hizo un tiro.

COAUTORES: la Fiscalía atribuye este delito a Campos y Páez Díaz. El policía habría sido captado afuera de la casa y el técnico es escuchado en los audios, dando indicaciones. Para la fiscal, preparó los autos con patentes truchas y los celulares.

MOTOS QUEMADAS: las cámaras mostrarían a Serrrano, a quien se dio la misión de retirar las motos desde el Bº 8 de Abril para destruirlas.

AUTO Y CASA: Marcos y Maximiliano Villalba también habrían firmado el alquiler de la casa y adquirido un auto, visto en cercanías del golpe armado.

Desesperación

Las funcionarias añadieron que después del golpe armado, las escuchas delatan a los policías presurosos por desprenderse de las motos usadas en el atraco.

De los entrecruzamientos de llamadas, se desprenderían voces gritando y ofreciendo “gratitudes”.

La investigación tendría nombres de personas que habrían colaborado en el cometido y cuyos testimonos restan concretarse.

Todo el movimiento posterior también habría incluido a los Villalba.

Marcos aparecería en primer lugar y es de quien se sospecha el traslado de los bolsos con dinero, pero sin que alguien deduzca su destino actual.

Órdenes de detención

La Fiscalía subrayó que los eslabones clave son los hermanos Villalba, sobre quienes pesan órdenes de detención nacional e internacional (Interpol).

En esencia, la acusación es que la banda se apoderó de los bolsos de Servisur y después huyó.

En sus pasos posteriores, merced a filtraciones, les fueron informando que las motos estaban marcadas y, por ende, debían hacerlas desaparecer.

Las fiscales puntualizaron que la tecnología fortalece su posición, ubicándolos a los acusados en distintos puntos de la ciudad.

El gran silencio

Cuando las luces del día cesaban, los detenidos fueron retirados del recinto.

Asumieron quizá que sus actos privados salieron a la luz y solo ellos imaginan el capítulo por venir.

Su entorno deslizó que no van a “botonear” nada.

Defensa: Un “festival” de nulidades, falta de mérito, cambio de calificativa y excarcelación

El conjunto de abogados defensores objetó la investigación e instó al juez, Rodolfo Améstegui, a disponer nulidades al por mayor.

En esencia, fue la posición coincidente de los abogados, Gilberto Perduda, por Campos; Javier y Luis Barraza, por Páez Díaz; Daniel y Ramiro Nazar, por Julio César Ledesma; Miguel Torres, por Serrano; César Barrojo y Guillermo Tuma, defensores de Elsa Beatriz Soria y Rubín.

En sus fundamentos, plantearon nulidades de la requisitoria fiscal, de las detenciones, declaración de los imputados, también de la extracción de datos e informe pericial (cadena de custodia).

Flaquezas

Los letrados manifestaron que la investigación adolece del rigor formal que demandan las normas vigentes.

Señalaron que desde el vamos, la investigación no respetó la cadena de custodia en los secuestros.

En consecuencia, por elevación, al atacar estas pruebas apuntaron directo al aspecto medular de la acusación fiscal.

Otro capítulo atacado por la defensa fue la presunta incongruencia de imputaciones.

A criterio de los profesionales, “no quedó claro” el rol individual de los acusados.

Posiciones

Desde esa perspectiva, los defensores reclamaron “nulidades”. Pidieron falta de mérito, cambios de calificativa y eventuales excarcelaciones.

Perduca fue mucho más inquisitivo. Juzgó que la Fiscalía “se equivocó de persona” al acusar a Campos de abrir el portón de los motociclistas, en la casa del Bº 8 de Abril.

Leiva y Barraza subrayaron que la investigación no sitúa a su defendido, Paz Díaz, en el lugar del hecho.

Reprocharon que la Fiscalía no los notificó en pericias clave para el caso, de naturaleza irrepetible, sin que en la actualidad tengan una noción real de qué deben defenderse, ni quién los acusa.l


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