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EL LIBERAL . Santiago

La violencia política en la historia argentina: del Congreso de 1824 al fusilamiento de Dorrego

15/02/2020 22:36 Santiago
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La violencia política en la historia argentina: del Congreso de 1824 al fusilamiento de Dorrego La violencia política en la historia argentina: del Congreso de 1824 al fusilamiento de Dorrego

El año 1820 marcó el inicio de las verdaderas autonomías provinciales, y sobre todo para Buenos Aires, que desde sus orígenes había visto subsumido su gobierno local desde 1580 en el de los tenientes de gobernador, gobernadores y luego en el de los virreyes, desde 1776. La independencia no cambió la situación y los sucesivos gobiernos desde 1810 (Juntas, Triunvirato y Directorio) ejercían un doble poder: el nacional y el provincial. La batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, significó el fin de esta superposición, y la convocatoria a elecciones de representantes significó el inicio de la autonomía provincial, con el nombramiento de gobernador a Matías Yrigoyen, aunque algunos consideran que fue Manuel de Sarratea el primero que lo fue una vez disuelto el Cabildo, última institución colonial que quedaba en pie. Es uno de los tres gobernadores, junto al santafesino Estanislao López y el entrerriano Francisco Ramírez, que firman el Tratado del Pilar el 23 de febrero.

Desde el 11 de febrero hasta el 20 de septiembre de 1820, hubo ocho gobernadores, incluyendo tres en forma simultánea el 20 de junio, fecha que coincide con la muerte de Manuel Belgrano. Sus últimas palabras: “Ay, Patria mía” resumen magistralmente el estado de cosas en el que estaba sumido el país. Sin embargo, el proceso institucional porteño (tal como era el gentilicio de Buenos Aires hasta mediados del siglo XIX) va a estabilizarse cuando es nombrado gobernador Martín Rodríguez, héroe de la independencia, que convoca a un gabinete formado por Bernardino Rivadavia en Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco Fernández de la Cruz en Guerra y Manuel J. García en Hacienda.

La “Era Feliz” de la provincia de Buenos Aires

La historiografía liberal calificó a este gobierno de Rodríguez, como la “Era Feliz”, ya que la pacificación en las relaciones con las otras provincias, permitió un gobierno estable por casi cuatro años. El fin de los gastos de la guerra de la Independencia, llenó las arcas porteñas y facilitó la creación de la Universidad, el Banco de Descuento (hoy Banco de la Provincia de Buenos Aires, el más antiguo del país), la Sociedad de Beneficencia y el Archivo General.

Los Tratados de Benegas, que consolidó la paz con Santa Fe (24 de noviembre de 1820) y del Cuadrilátero, con Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos (25 de enero de 1822), en previsión de un ataque español o portugués, estableció confianza e igualdad entre las provincias del Litoral. La reforma eclesiástica inspirada por Rivadavia en 1822 iba a malquistar al gobierno con el clero, pero además despertó recelos en las provincias interiores, sobre todo en Córdoba y Salta, antiguas sedes episcopales que no tenían entonces obispo. Es curioso que el “Sillón de Rivadavia” se encuentre en el Museo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, usado por el presidente durante los actos patrióticos.

Es llamativo el Tratado de Miraflores, firmado por Rodríguez antes de ser gobernador, cuando era Comandante de Fronteras, con los indios “amigos”, a instancia de Francisco Ramos Mexía, un excéntrico personaje que había sido desterrado de Buenos Aires por hereje, al haber creado una religión que lo convirtió en una especie de semi-dios frente a las tribus que habitaban su estancia cerca de la actual localidad bonaerense de Maipú. La falta de cumplimiento por los indios del tratado determinó en 1822 la realización de la primera Campaña del Desierto, que duplicó el territorio bajo dominio de Buenos Aires, y fundó el fortín “Independencia”, hoy Tandil.

La tendencia liberal y unitaria del gobierno porteño no fue óbice para una relación amable con las otras provincias, lo que animó al gobernador Rodríguez a convocar a un congreso, que se reuniría en Buenos Aires, para dictar una constitución y establecer un gobierno nacional. El llamado a los diputados de las provincias fue exitoso, que llegaron desde diecisiete provincias, lo que sembró de esperanzas el proceso institucional

El Congreso General Constituyente de 1824. Dorrego, diputado santiagueño

El Congreso General de las Provincias Unidas comenzó sus sesiones el 16 de diciembre de 1824, con la presencia de diputados de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, a las que se sumaron representantes de la Banda Oriental, Misiones y Tarija. El caso de la provincia de Santiago del Estero es muy interesante, porque la representación fue variando a tono con el cambio político interno. Primeramente se nombró a Félix Frías, expresión del pensamiento unitario. Más adelante, la consolidación de Juan Felipe Ibarra, a través de la elección de la primera Legislatura, permitió el nombramiento del líder federal porteño, Manuel Dorrego, amigo de Ibarra, que se incorporó al Congreso en 1826.

El Congreso reunió a figuras relevantes de nuestra historia, como Francisco N. de Laprida, Dalmacio Vélez Sarsfield, Juan José Passo, el deán Gregorio Funes, Alejandro Heredia y Lucio N. Mansilla, entre otros. Tuvo un desarrollo ordenado hasta el inicio de la guerra contra el imperio del Brasil, que aceleró algunas decisiones que a la larga fueron traumáticas. El 23 de enero de 1825 se sancionó la Ley Fundamental, que parecía tender a una organización federal: cada provincia se regiría por sus propias instituciones; el país se nombró Provincias Unidas del Río de la Plata; y la constitución a dictarse sería sometida a la consideración de  los gobiernos provinciales.

Sin embargo, el pensamiento prevaleciente era unitario. La reincorporación de la Banda Oriental, luego de la invasión brasileña, y el apoyo a los 33 orientales brindado el 25 de octubre de 1825 por el Congreso Nacional Argentino, que por primera vez se llamaba así, provocó la declaración de guerra por parte del Imperio. El 1° de enero de 1826 la Argentina declaró el estado de guerra.

El Congreso, a pesar de la amenaza externa, siguió adelante y el 6 de febrero de 1826 dictó una Ley de Presidencia, nombrando dos días después como titular del Poder Ejecutivo al porteño unitario Bernardino Rivadavia, lo que cayó mal en la mayoría de los gobiernos provinciales. Cuando el 6 de marzo siguiente, el Congreso dicta la Ley de Capitalización, disolviendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estableciendo por capital a la ciudad porteña, el malestar se acentuó, por la consolidación de Buenos Aires como cabeza del estado nacional con todos los recursos de las aduanas.

La Constitución de 1826 y la posición federal de Santiago del Estero

Los unitarios y los federales no actuaban por entonces como un partido político tal como lo entendemos hoy. Eran personajes que expresaban ideas comunes en las provincias y en el caso de los federales, comenzaron a manifestarse dos tendencias que se iban a mantener hasta la Constitución de 1853: los constitucionalistas, encabezados por Manuel Dorrego y mucho después por Justo J. de Urquiza, bautizados por sus adversarios internos y externos como “lomos negros”; y los apostólicos, cuyos líderes serían los caudillos provinciales y estarían encabezados durante casi veinticinco años por Juan Manuel de Rosas.

La relación entre Dorrego e Ibarra fue muy sólida, a tal punto que a fines de 1825, cuando se comentaba que el Congreso iba a duplicar la representación, el porteño le escribe desde Tarija al santiagueño diciendo: “Tenga Ud. la bondad de no dar ningún paso sobre el particular antes de haberme oído”. Iniciadas en 1826 las consultas sobre el texto constitucional, es curioso que la mayoría apoyara un texto centralista, siendo Santiago del Estero, junto con Córdoba, San Juan y Mendoza, las que se expresaron por el sistema federal.

La legislatura santiagueña promulgará el 17 de febrero una disposición que dice textualmente: “Art. 1°: La representación provincial de Santiago del Estero se decide por el sistema federal. Art. 2°: La provincia en lo relativo a su economía interior queda independiente de todos los pueblos de la Unión. Art. 3°: En el gobierno central deposita aquella parte de soberanía que es necesaria por la expedición de los negocios generales. Art. 4°: Constituida la Nación bajo la forma que se indica en el art. 1°, dictará las leyes convenientes a su arreglo interior, dirigiéndose entretanto al Poder Ejecutivo por las que rigen en el día.”

Este texto, de claridad meridiana, dejará a Santiago del Estero en minoría en el seno del Congreso, que el 26 de diciembre de 1826 sancionará la Constitución estableciendo: “la forma representativa, republicana, consolidada en unidad de régimen”. También dictaba la separación de los tres poderes y la periodicidad de los mandatos electivos. Las provincias se alzaron contra la carta magna, mientras Buenos Aires seguía atendiendo los escenarios de la guerra contra el Brasil, alentados por las victorias de Ituzaingó y de Juncal. La desastrosa negociación de paz que llevó adelante Manuel J. García provocó la renuncia de Rivadavia y en pocos meses, ya no existiría el Congreso, que cesó junto a la presidencia, aniquilada por su último ocupante, Vicente López y Planes, el 18 de agosto de ese año, el más olvidado de nuestros presidentes. 

La restauración de Buenos Aires iba a consagrar a Dorrego como el líder natural del federalismo en el país, acompañado por Ibarra y otros gobernadores, que delegaron en él el manejo de las relaciones exteriores y la defensa nacional. Lo que parecía un nuevo orden terminó en tragedia, y la guerra civil iba a mostrarse como el mecanismo de resolución de conflictos políticos a lo largo de más de treinta años, costando miles de vidas y sumergiendo a la Argentina en miseria y dolor. Esta historia comenzará el próximo domingo.

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