La democracia, a prueba en El Salvador: el histórico domingo 6 de febrero

".. si estos sinvergüenzas no

aprueban esta semana el Plan

Control Territorial, nos volvemos

a convocar aquí el domingo”.

Si esta frase intimidante

dirigida a los diputados hubiera

sido dicha por el cabecilla de un grupo de manifestantes

no tendría mayor repercusión, sin embargo

fueron palabras del presidente de El Salvador, Nayib

Bukele, ante las puertas de la Asamblea Legislativa

frente a una muchedumbre convocada el domingo 6

de febrero, día fijado por el Ejecutivo para una sesión

extraordinaria de la Asamblea para tratar un préstamo

internacional.

El parlamento salvadoreño es unicameral, integrado

por 84 diputados. El presidente de la República solicito

a la Asamblea Legislativa a fines del 2019 que,

a tenor del art. 148 de la Constitución, se autorice la

suscripción de un Contrato de Préstamo con el Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE),

por un monto de hasta US$109.000.000.-, para financiar

el “Programa de Modernización de las instituciones

de Seguridad Ciudadana, Plan de Control Territorial

en su Fase III (PMISC).

El proyecto ingresó el 6 de enero para dictamen de

la Comisión de Hacienda quien mantuvo una serie de

reuniones convocando al ministro de Hacienda y a la

Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete

de Gobierno (el lunes 13 de enero); y al ministro de

Justicia y Seguridad Pública y al ministro de la Defensa

Nacional (lunes 20), y nuevamente al ministro de

Hacienda (6 de febrero).

La Comisión de Hacienda, a

la sazón, presidida por un diputado de la coalición política

del presidente, aún no ha emitido su dictamen

pues, si bien había aprobado el año pasado idéntico

préstamo para la Fase II (PMISC) por U$S91 millones,

ahora se presentaron cuestionamientos y dudas

sobre la ejecución y fiscalización del préstamo. Hasta

aquí el transcurso normal de un trámite parlamentario.

Ante esta omisión de dictamen y aprobación, el

Presidente decidió hacer uso de una atribución concedida

por la Constitución al Consejo de Ministros (presidido

por Bukele) de convocar extraordinariamente a

la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República

lo demanden (art. 167 inc. 7). Así se fijó el domingo

6 de febrero a las 15.00 hs para que tenga lugar

una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.

Ese domingo por la mañana fuerzas de la Policía

Nacional y del Ejército ocuparon al edificio del Parlamento

e ingresaron al recinto de sesiones. Incluso se

advirtieron francotiradores apostados en edificios colindantes.

El presidente Bukele ese día y hora, se hizo presente

frente al Palacio Legislativo y comenzó una encendida

perorata desde un podio preparado, con el logo

oficial de la Presidencia de la República, ante frente a

una multitud que rodeaba la sede parlamentaria. Todo

transmitido por televisión con locutora oficial describiendo

las secuencias. Es algo insólito ver un presidente

frente al Poder Legislativo para exigirle la sanción

de una ley. Nadie imagina a Trump en una tribuna

frente al Capitolio exigiendo la sanción de una

ley. El acting no concluyó allí, sino que fue in crescendo.

Interrumpiendo su discurso ingresó a la sede legislativa

donde, en el trayecto de acceso, lo esperaba

una formación de tropas de ceremonia y banda militar.

Ingresó al recinto parlamentario (conocido como

Salón Azul), tomó asiento ocupando el sitial del presidente

de la Asamblea rodeado de su seguridad personal.

Dentro del recinto de sesiones, tomó motu proprio

la palabra, actuando como presidente el cuerpo.

Dentro del recinto, además de fuerzas de seguridad

policiales y militares fuertemente armadas, había

gran número de periodistas, y muy pocos parlamentarios.

Todas estas imágenes, tanto fuera como dentro,

están registradas (https://www.youtube.com/

watch?v=aTLaWr0jmEc).

En el recinto de sesiones, donde no se encontraban

las autoridades naturales, el presidente Bukele

como dando inicio a una sesión, solicitó un momento

de oración en silencio. Luego de unos minutos se retiró

para regresar al lugar de concentración en las afueras

y desde el podio rodeado de fuerzas militares, concluyó

su arenga con estos términos amenazantes: “En

unos meses vamos a tener esta Asamblea, porque la

vamos a tomar por la fuerza aunque la constitución les

dé el derecho, y yo no se los voy a impedir…”. “En una

semana nos convocamos acá. Los vamos a volver a citar

por el Consejo de ministros si no aprueban el Plan

Control territorial” para finalmente inducir a un alzamiento

popular “Y si no yo no voy a poner entre el

pueblo y el art. 87 de la Constitución”.

Desde el Derecho parlamentario estos hechos ponen

de manifiesto graves violaciones a principios fundamentales

del Estado democrático de Derecho.

Desde el punto de vista formal hay varios puntos

observables: 1.- corresponde al Presidente de la Asamblea

formalizar la convocatoria y dirigir las sesiones

(Reglamento art. 13 inc. 4, 5 y 8), es un error interpretar

que la convocatoria del Consejo de Ministros produce

automáticamente la citación a sesión sin intervención

del presidente de la asamblea. Obviamente

los diputados no asistieron el día señalado (domingo

6/02) por el Ejecutivo al recinto, porque no habían sido

convocados en forma reglamentaria, además, sin el

dictamen de Comisión pertinente. Como era de suponer

ese comportamiento de los diputados, el presidente

lo aprovechó para montar un espectáculo: ocupar

el palacio legislativo, apostar fuerzas armadas dentro

del recinto de sesiones, reunir una multitud provocativa,

apersonarse ante el local del Parlamento, desde

un atril de la Presidencia de la República intimar a los

diputados a dar su aprobación, excitar animadversión

hacia la Asamblea Legislativa no sólo para los allí reunidos

sino al resto del país que seguían la trasmisión

por TV y redes sociales, ingresar en ejercicio de su investidura

oficial de Presidente de la República al recinto

de la Asamblea , disponer una guardia de honor

y con sones de banda militar; ocupar el sitial del presidente,

retirarse para continuar su discurso intimidatorio

y, como broche de oro, alentar a la muchedumbre

allí presente y al resto de la población a hacer uso

del derecho del pueblo a la insurrección porque esto

estaba permitido claramente en el art. 87 de Constitución.

Un presidente constitucional que incite a ello es

un escándalo que trae a la memoria las peores épocas

de las dictaduras latinoamericanas.

2.- También el ingreso de fuerzas de seguridad

al Parlamento sin autorización del presidente de la

asamblea, a quien corresponde velar por el orden y seguridad

del recinto y de las sesiones, contraviene las

garantías parlamentarias.

Las fuerzas de seguridad

dentro del recinto legislativo están bajo la autoridad

del parlamento. Fue una grave violación a la independencia

del Poder Legislativo que fuerzas policiales y

militares cumpliendo órdenes del Ejecutivo ingresen

a recinto legislativo. 3.- Se trasmite subliminalmente

una idea errónea: que los diputados deben aprobar

el préstamo, o sea, que están obligados a votar favorablemente

este compromiso financiero.

Desde la perspectiva de fondo el asunto es más grave

aún: fueron varios actos de presión y amedrentamiento

sobre los legisladores, dirigidos a perturbar su

libertad de opinión y decisión: convocar desde el Poder

Ejecutivo a una manifestación en las puertas del

parlamento un día de sesión para presionar a los legisladores

(en algunos países europeos este tipo de reuniones

están prohibidas mientras sesione el Parlamento);

la presencia del presidente arengando en las

puertas de la Asamblea Legislativa constituye un acto

claramente intimidatorio con frases dirigidas a la multitud:

“Ustedes saben, el pueblo sabe, las Fuerzas Armadas

y la Policía Nacional Civil saben, etc…. si quisiéramos

apretar el botón, sólo apretamos el botón…”.

En Latinoamérica, curtida por golpes militares, estas

expresiones son de alto voltaje político. Sabemos claramente

el sentido de la amenaza del presidente y lo

que significa.

Finalmente, se hizo un uso espurio de un legítimo

reclamo y preocupación general por la seguridad, estigmatizando

a los diputados con discurso falaz dirigido

a inducir a un repudio general: “No hay seguridad

porque los diputados lo impiden y no se preocupan

por cuidar a la gente”.

Finalmente, la incitación pública a la rebelión popular,

equivocando al pueblo a hacer uso de una norma

constitucional que habilita la insurrección popular,

no sólo es un acto de coacción sobre el Parlamento

sino de una irresponsabilidad institucional extrema

dirigido a demoler el edificio constitucional que con

tanto dolor y sangre hace 28 años construyó el pueblo

salvadoreño, quien dio al mundo una lección de superación

de una cruenta guerra civil y de pacificación,

entre otras cosas con la incorporación del FMNL en la

Asamblea Legislativa.

A la Asamblea Legislativa salvadoreña, que ha actuado

con prudencia, le cabe la esencial tarea de recomponer

con sabiduría y decisión el orden constitucional

conmovido y el tejido social dañado, ejerciendo

con firmeza su potestad de investigar y remover a los

funcionarios del Ejecutivo responsables de estas acciones

de lesa democracia.

Al Poder Judicial, sancionar

por los delitos que se hubieren cometido. La Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo

una esclarecedora intervención, ordenando se respete

el orden constitucional y la independencia de la

Asamblea Legislativa. Hechos de este tipo generados

por presidentes que advienen sorpresivamente al gobierno

deben llamar a la reflexión de los partidos políticos

responsables y al Parlamento a cumplir su rol

central en la Democracia de defensa de derechos y libertades.

* El autor es presidente del Instituto Iberoamericano

de Derecho Parlamentario que

tiene su sede en Santiago del Estero.