Plantearon demanda colectiva contra la suba a jubilados decretada por el Gobierno

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, planteó, a través de una demanda colectiva, la “inconstitucionalidad” del decreto del Poder Ejecutivo que el viernes último dispuso un aumento para jubilados y pensionados, y suspendió el sistema de movilidad fijado por la gestión de Cambiemos.

Ese incremento anunciado por el presidente Alberto Fernández en compañía del titular de la Anses Alejandro Vanoli y del Pami, Luana Volnovich, afecta a unos 15.000 jubilados santiagueños que perciben por encima de la jubilación mínima y que no recibiran el mismo porcentual de incremento en sus haberes que los que cobran la jubilación más baja.

Se trata en la gran mayoría de los casos de personas que se jubilaron por sus trabajos en organismos nacionales, ex gerentes de distintas firmas privadas o profesionales que se jubilaron en empleos públicos.

El amparo presentado por Semino contra el decreto 163 -que hizo cambios a la norma que fija el mecanismo de movilidad para las jubilaciones- apunta a que “se pague directamente la diferencia entre lo acordado por el decreto y lo generado por la ley”, explicó el Defensor de la Tercera Edad.

“Buscamos una rápida resolución para más de 2 millones de personas, los que cobran jubilaciones de $18.000 para arriba van a estar cobrando menos, no importa si es un 1%, más o menos, lo que hubo fue un recorte de derechos”, aseguró. Y agregó: “Nos sorprendió la cantidad de gente que se acercó a firmar la demanda durante seis días. Los políticos a veces no miden el valor subjetivo de las medidas, la angustia que generó en los jubilados. Pasaron de la incertidumbre a enterarse que iban a cobrar menos”.

A la Corte

El defensor de la Tercera Edad adelantó que si no se obtiene una resolución favorable, se pedirá un recurso de “per saltum”, para poder acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, en el pedido de amparo se pide que se declare inconstitucional el decreto de movilidad jubilatoria y se pidió que para el aumento de marzo se reconozca como mínimo el 11,56%, según el período devengado en el tercer trimestre del año pasado.

Agregó que “la causa ya salió sorteada en el juzgado número 9, a cargo de la jueza subrogante Silvia Saino”, precisó.

La presentación judicial contó con el patrocinio letrado de los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Troccoli.

“Es un amparo con un pedido de medida cautelar, para que se reajuste conforme al guarismo que había arrojado la Ley de Movilidad; es para todos los afectados, salvo para los que cobran la mínima, que con los cambios tienen un incremento”, explicó Semino.

Indicó que el objetivo pasa por “no afectar la progresividad de los adultos mayores” porque se “vulneran garantías consagradas en la Constitución Nacional, como los artículos 14 bis y el 75, que incorpora el pacto de San José de Costa Rica”.

El Defensor de la Tercera Edad también consideró que con el decreto, ahora cuestionado judicialmente, “se choca contra lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que rechaza todo criterio de regresividad”.

“El fin es simplemente evitar la litigiosidad del sistema. Pretendemos que no se afecten a los jubilados, ni al Poder Judicial ni tampoco al Estado”, expresó.