Fuerte caída de la recaudación impositiva, por la morosidad en las facturas de servicios

Por Rafael Fano. Periodista

Uno de los efectos indirectos de la cuarentena ampliada es la caída de la recaudación impositiva que afectará a los estados nacional, provincial y municipal.

Es que el Estado es “socio” de todos los productos que se comercializan en el país en forma directa o indirecta, a través de los más de 170 impuestos establecidos.

Una caída en el consumo impacta directamente en el nivel de recaudación y lo hace en cascada doblemente; por un lado por los impuestos directos inmediatos como IVA, ingresos brutos, tasas, etc. por otra parte en los indirectos, como Ganancias, cheque….

Una parte importante de la recaudación impositiva nacional se nutre de los impuestos que pagan los usuarios de los servicios públicos de combustibles, gas, energía eléctrica, agua y cloacas, televisión por cable, servicios de internet y todos los relacionados con la comunicación telefónica. La diferencia radica en que en el caso de los combustibles el pago es inmediato, mientras que en el resto primero se consume uno o dos meses y luego se abona.

En situaciones normales, los consumos de estos servicios se mantienen más o menos estables y tributan a las arcas fiscales importantes montos que permiten financiar el gasto público.

En la actual situación de emergencia, la venta de combustibles cayó un 70% debido a la prohibición de circulación a gran parte de la sociedad tanto a nivel particular, como de transporte de carga o de pasajeros.

Pero en el resto de los servicios el problema se complica no tanto por un menor consumo sino por la imposibilidad de muchísimos usuarios de poder trasladarse a pagar las facturas, de muchos comercios e industrias que están inactivas y de sectores sociales que han dejado de percibir ingresos.

Así, el pago de los servicios esenciales de agua, luz y gas se ha visto reducido entre un 40 y un 70%, variando por provincias y zonas dentro de ellas. En promedio, las facturas de estos servicios públicos incluyen un 50% de impuestos o tasas que tributan a los municipios, provincias y el Estado nacional.

De tal modo que los estados se ven privados de esos ingresos y las empresas de los recursos para operar los servicios. Si bien en el corto plazo, la situación es manejable, en el mediano y largo plazo las consecuencias serán irreparables, vía un desfinanciamiento del estado y de las empresas.

También esta situación perjudica el bolsillo de los usuarios, que acostumbrados a pagar normalmente los servicios, postergan el pago acumulándose una deuda que le complicará a futuro su presupuesto familiar.

Es que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional suspendió por 180 días, para algunos sectores muy específicos de bajo poder adquisitivo, la exigencia de pago y el corte del suministro, pero no los exime de la deuda por consumo que se va generando en los tres meses permitidos.

Son miles de personas que aliviadas hoy por la decisión gubernamental ante la emergencia, se verán perjudicadas luego con la acumulación de deudas, salvo que el Estado decidiera hacerse cargo de las mismas, con el consiguiente impacto en la recaudación fiscal.

El aislamiento obligatorio va generando un sinnúmero de inconvenientes en las distintas actividades de las personas, las empresas y el Estado, a pesar de lo inevitable de la medida en vigencia, para minimizar el impacto de la pandemia.

En ese sentido, no hay culpables por la emergencia sanitaria que toca vivir, hay consecuencias lógicas e inevitables que afectan a las personas, todas las cadenas de comercialización y al Estado. Está en la sociedad comprenderlas y en las empresas y el Estado manejarlas de la mejor manera posible. l