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La Justicia Federal imputó a Ávila y pide instruir esta causa

El miércoles se formó un caso en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Guillermo Molinari que delegó la investigación al fiscal Simón.

- 01:45 Policiales

Luis Gerardo Ávila, el empleado del Ipvu, conocido también como el caso 41 de coronavirus, deberá lidiar con un doble frente judicial. La Justicia Federal y la Provincial entienden que cometió un delito al haber participado de reuniones sociales -las cuales están prohibidas por la cuarentena- cuando ya presentaba signos de la enfermedad. A partir de su conducta, según señalaron autoridades sanitarias, se generó una ola de contagios en pocos días que afectó a las ciudades Capital y La Banda.

El miércoles el fiscal federal de Instrucción Nº 1, Pedro Simón, lo imputó por infringir el artículo 205 del Código Penal (será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia). También pidió su indagatoria y detención al juez federal Nº 1, Guillermo Molinari, quien ya formó la causa.

En tanto, ayer el fiscal provincial Sebastián Robles le imputó los delitos previstos en los artículos 202 y 205 del Código Penal y pidió su detención e indagatoria; además, había ordenado el secuestro de sus celulares para conocer sus movimientos y que eso ayude a dilucidar cómo se contagió, debido a la poca información que brindó Ávila al respecto (ver pág. 29).

Ahora, deberá dilucidarse quién tiene la competencia de un caso que tomó trascendencia nacional.

En el Ministerio Público Fiscal entienden que el delito es competencia federal por tratarse de una propagación de pandemia interjurisdiccional. Considera que la violación al artículo 205 del Código Penal es competencia federal máxime cuando en la propagación del virus hubo actividad del imputado en distintas jurisdicciones, es decir en otra provincia.

Además, indica que la afectación al bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública, trasciende los límites provinciales de ahí que subyace la competencia federal.

Y como también señala que la Fiscalía Federal Nº 1 fue la primera en prevenir e investigar el hecho al iniciar la causa ante el juez Molinari, se espera que el fiscal Simón pida que se acumule en el Juzgado Federal 1 todas las actuaciones. Para reforzar esta postura, mencionaron que Molinari ya se declaró competente y que delegó la investigación en el fiscal Simón. Si la Justicia Provincial entiende que debe continuar con la instrucción de la causa, se generará un conflicto de competencia que deberá dirimir la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, indicaron fuentes judiciales del fuero federal.

En cuanto a la instrucción de la causa por parte del fiscal Pedro Simón, el mismo solicitó que la indagatoria a Ávila se la tome cuando se le dé el alta (hoy internado en el hospital Independencia) o esté en condiciones de declarar.

También pedirá la detención de Ávila cuando se le dé de alta, con el cuidado que no corra peligro la salud de los otros detenidos en el establecimiento carcelario donde lo envíe el juez, señalaron en la Fiscalía Federal Nº 1.

En tanto, ayer se dejó un pedido a la ministra de Salud, Natividad Nassif, para que remita a la Fiscalía Federal 1 copias certificadas de actuaciones e informes epidemiológicos referidos al “Caso 41”. l


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