ávila será indagado hoy y negará los cargos

Luis Gerardo ávila, el empleado del Ipvu que quedó en el ojo de la tormenta al ser el “caso 41” de coronavirus en la provincia y ser señalado como el responsable de la propagación del virus en la provincia, prestará declaración de imputado hoy ante la Justicia.

Asistido por su abogado defensor, Dr. Francisco Palau, desde su habitación en el hospital Independencia donde permanece internado bajo custodia, ávila contará su verdad al fiscal que investiga el hecho, Dr. Sebastián Robles.

El empleado público está imputado por infringir los artículos 202 y 205 del Código Penal, más precisamente acusándolo de haber propagado una enfermedad contagiosa, poniendo en riesgo la salud pública.

Según adelantó su propio abogado, Dr. Palau, ávila manifestará en su declaración que él no viajó a Jujuy, como se dijo en un primer momento, sino que él también se contagió de otra persona (sería alguien de su entorno familiar).

“El caso 41”, sí tiene un hermano y una hija que viven en la provincia del norte, pero hace cuatro meses que no viaja.

En cuanto a las acusaciones de haber participado de numerosas reuniones sociales, ávila sólo admitiría que participó de dos “juntadas”, ambas en la ciudad Capital. “Esto sería fácil de corroborar por el seguimiento de su celular y dónde impactó su señal en las diferentes antenas”, una vez que se reciban los informes requeridos.

Por último, también buscaría deslindar responsabilidades al sostener que “fue en tres oportunidades a los dos médicos que ya se conoce, que la tercera vez, al no encontrarlo a uno de ellos, un tercer médico, al constatar que tenía fiebre, lo envió al hospital Independencia, donde allí -según declararía ávila- un cuarto médico lo envió a su casa, hasta que finalmente se produjo su internación el domingo 2 del corriente”.

En forma paralela, el Dr. Palau realizó una presentación ante el Juzgado Federal. Se trata de un planteo de competencia inhibitoria, es decir que requiere que la investigación contra su cliente, pase del fuero de la Justicia ordinaria, al federal.

Su argumento sería que atentar contra la salud pública es un delito de índole federal y que además, fue la Justicia Federal santiagueña, la primera en iniciar un proceso contra ávila. l