Presidente de Perú recurre al TC para evitar un juicio político

El gobierno de Perú anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el Congreso vote la moción de vacancia (juicio político) que puede terminar en la destitución del presidente Martín Vizcarra, acusado de ordenar a asesores que mintieran sobre la supuesta contratación irregular de un cantante.

“Nuestro objetivo es que sea el máximo organismo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal por incapacidad moral permanente que se pretende imputar en forma equivocada e inconstitucional al presidente”, afirmó la ministra de Justicia, Ana Neyra.

Vizcarra quedó anoche al borde de la destitución, luego de que el Congreso unicameral admitiera la moción de vacancia, en una decisión que fue calificada como “golpe de estado” por el jefe de gabinete, general Walter Martos.

De acuerdo con las causas de vacancia presidencial establecidas por la Constitución, el Congreso solo podrá destituir a Vizcarra si alega su “incapacidad moral permanente”.

Si el TC no hace lugar a los recursos del Ejecutivo, la sesión para debatir y votar la vacancia se realizará el viernes próximo, según resolvió la junta de jefes de bancadas luego de que se admitiera la moción.

El escándalo estalló en mayo pasado, cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por USD10.000 a un cantante poco conocido, en plena pandemia y crisis económica.

“Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia, no voy a renunciar”, se defendió Vizcarra, y dijo que el país estaba “ante un complot contra la democracia”.

Martos dijo, también antes de la sesión parlamentaria de anoche, que el presidente del Congreso, Manuel Merino, se comunicó con militares y sostuvo que “el llamado de Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional”.

Si Vizcarra fuera destituido, dado que no tiene vicepresidente, le correspondería asumir el Ejecutivo a Merino y convocar “de inmediato” a elecciones, según la Constitución, que sin embargo no precisa un plazo.l