Política REPRESIÓN

Cerca de 1.000 santiagueños sufrieron duros tormentos en los centros clandestinos locales

Quienes eran conducidos a estos lugares estaban desamparados por la ley, producto de la clandestinidad. El DIP o la “Side” fue el más “célebre”.

12/08/2012 - A lo largo de las 25 audiencias que se han realizado por el juicio de la Megacausa de Derechos Humanos, víctimas y testigos sacaron a luz el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención (CCD). Fueron lugares de tortura para los presos políticos y según datos de organismos de derechos humanos locales, hay ocho CCD denunciados por los que pasaron alrededor de 1.000 santiagueños, hombres y mujeres.
Así lo señaló el presidente del Instituto del Espacio de la Memoria, Luis Garay, quien en carne propia padeció las torturas en al menos dos de estos centros clandestinos: la Escuela de Cadetes de Policía, y el más célebre, el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o “Side”, una vieja casona ubicada sobre calle Belgrano. Esta era la base de operaciones de los grupos de tareas represivos que comandaba el ex policía Musa Azar Curi.
Centros del horror
De los ocho CCD, cuatro pertenecían al Ejército: el Batallón de Ingenieros de Combate 141, lugar señalizado y que ahora ocupa Gendarmería; el ex campo militar Coronel Lorenzo Lugones en Santo Domingo, departamento Robles; el ex campo militar Coronel Holmberg en La Guarida, departamento Banda; y el Servicio de Inteligencia del Ejército en calle Sarmiento casi Moreno.
Los detenidos por razones políticas también eran llevados a la Escuela de Cadetes de Policía Coronel Lorenzo Lugones; la finca de Francisco “Paco” Laitán en La Dársena; departamento Banda. Pero sin dudas, el más célebre fue el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) que funcionó en avenida Belgrano casi Alsina; y que luego se trasladó a calle Libertad, entre Misiones y Córdoba.
Esta cantidad de centros clandestinos llama la atención si se compara con el accionar represivo en provincias limítrofes como Catamarca, donde no había un CCD sino que los presos eran trasladados a Tucumán o bien, tenían un breve paso por la Brigada de Investigaciones de la Policía, donde eran torturados antes de ser conducidos a la vecina provincia.
Según explicó Garay, pasar por estos sitios era sinónimo de que una muerte podía sobrevenir en todo momento, a raíz de las torturas, y que se estaba desamparado ante el accionar de los verdugos, ya que la ley, estaba fuera de esos edificios. Es así que en cada uno de los relatos de los sobrevivientes, se manifestó que era una esperanza de sobrevivir pasar a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) y ser trasladados ya como presos legales, a los penales de Varones o el de Mujeres.
“Es un poco la situación que vivíamos quienes sufríamos ese tipo de mecanismos de detención. Había demoras, en general, en pasarte a la Justicia o que actúen legalmente sobre los detenidos, y evidentemente en los centros clandestinos no tenías garantías, ni derecho alguno”, graficó.
Garay dijo que por eso, cuando los presos eran “blanqueados” una vez que eran indagados por las autoridades judiciales de ese entonces y llevados a la cárcel “significaba en lo inmediato vivir, pero ¿por cuánto tiempo más? Esa era la pregunta que nos hacíamos (por los detenidos) porque el tratamiento y el régimen de las cárceles te ponían siempre al borde de la destrucción física y psíquica, porque las cárceles estaban pensadas para eso”, manifestó el titular del IEM.
Secuelas
Mencionó que hubo numerosos casos de suicidios entre las víctimas de las torturas. También señaló que ha habido gente que no se ha recuperado, que no volvió a la normalidad una vez que consiguieron la libertad. “Siempre es una marca que se lleva, incluso a pesar de que recuperar la libertad, los efectos postraumáticos han sido muy difícil de superar”, confesó.
Luis Garay, quien ya prestó testimonio en el juicio de la Megacausa, señaló que pese a que los presos eran detenidos y puestos a consideración del PEN, Musa Azar Curi actuaba con total impunidad y con un simple trámite hacía retirar a hombres y mujeres para llevarlos al DIP a nuevas sesiones de tortura. “Aprovechaban toda situación para ‘saltar’ la ley”, afirmó.

 
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