Defensores plantean prescripciones, en inicio del juicio contra ex jueces por “afer cautelares” Defensores plantean prescripciones, en inicio del juicio contra ex jueces por “afer cautelares”
Fiscalía de Estado de Tucumán demandó en casi $ 11.000.000 a tres ex jueces del Crimen santiagueños, a un empresario radial y a un ex empleado judicial, quienes comenzaron a ser juzgados ayer por una supuesta defraudación con medidas cautelares que posibilitaron embargos de los fondos de coparticipación de la vecina provincia en $ 8.000.000.
A las 9 se inició el debate online a cargo de un tribunal conformado por los vocales Alfredo Pérez Gallardo, presidente; Raúl Santucho y Luis Achával.
Los imputados
En el denominado “afer cautelares” están acusados, el empresario Luis Manuel Pericás, directivo de radio LV7 de Tucumán; los ex jueces, Miguel Moreno, Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos y el ex empleado judicial, Eduardo Antuz.
Pericás está imputado por “defraudación calificada”; los tres ex jueces por “defraudación calificada en concurso ideal con prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de público” y el ex empleado judicial enfrenta cargos por “defraudación calificada en grado de partícipe secundario”.
La denuncia
El hecho se hizo público en agosto del 2016. Fue Fiscalía de Estado de Tucumán la que informó a la Justicia santiagueña ante los embargos por $ 8.000.000 en los fondos de su coparticipación. El beneficiado habría sido Pericás, quien mantenía un litigio con el Gobierno de esa provincia.
Todas las cautelares habrían sido refrendadas por los entonces ex jueces, quienes luego renunciaron a sus cargos tras estallar el escándalo, pero igual fueron apresados y más tarde excarcelados.
Cuatro años después, se inició el juicio oral con la lectura de las requisitorias. Primero, la secretaría leyó la demanda de Fiscalía de Estado de Tucumán, representada por el doctor Mario Fabián Nahas. Después, la del Ministerio Público Fiscal, a cargo de álvaro Cantos.
Los planteos
Posteriormente, los abogados pidieron la palabra para formular los planteos preliminares. Primero, lo hizo uno de los abogados de Tarchini Saavedra, Diego Lindow, el otro es el hijo del imputado, José Tarchini Saavedra.
Concretamente, la defensa requirió “la prescripción de la acción penal, respecto de los delitos de prevaricato, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, ya que dichos delitos tienen una pena que no supera los dos años de prisión y es ese plazo de prescripción.
La primera audiencia se realizó vía online y así continuará en los próximos días.
Fundamentos de la defensa sobre la requisitoria
De acuerdo con Lindow, “para computar los plazos se toma como inicio el día del llamado a declaración indagatoria que fue el 30 de agosto del 2016. Fiscalía debió realizar la requisitoria fiscal antes de que se cumpliran dos años de esa fecha y lo hizo 18 días después, lo que operó la prescripción”, afirmó en la audiencia. Por ende, de prosperar el planteo, el ex juez sólo sería acusado por “defraudación calificada”.
Lindow también planteó la “exclusión parcial de la acción civil y de la querella penal”, por sostener que su defendido “nunca fue notificado de la demanda por parte de la provincia de Tucumán”, con el agregado que habérsele vencido los plazos para hacerlo.
Al igual que Lindow, la defensa del ex juez Moreno, Florencia Moreno, solicitó al tribunal la exclusión del planteo de la querella, “por falta de notificación a mi representado”, destacó la abogada. l
