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Semana clave en la causa por el desfalco a Rentas de la provincia

La Fiscalía buscaría que los cuatro sospechosos continúen en prisión y dos ampliarán su declaración.

- 23:37 Policiales

La Justicia deberá resolver en los próximos días sobre la situación procesal de los cuatro detenidos e imputados por la supuesta defraudación en perjuicio del Estado provincial, a través de una maniobra que se habría llevado a cabo con la participación de empleados de la Dirección General de Rentas de la Provincia. La Fiscalía solicitará la prórroga de la detención, ya que se cumplieron las primeras dos semanas desde que fueron detenidos. Sus defensas, posiblemente buscarán sus excarcelaciones.

Tres empleados del organismo provincial y una supuesta gestora fueron detenidos hace más de dos semanas. “Estafa”, en perjuicio de un particular, “Defraudación”, en perjuicio del Estado Provincial, y “Falsificación de documento” en perjuicio de la República, serían los cargos que el fiscal del caso, Dr. Miguel Torressi, endilgó a los sospechosos.

Vencidos los primeros 15 días de detención, fuentes judiciales señalaron que el Dr. Torressi solicitó que se fije fecha para la realización de una audiencia, en la que solicitará la prórroga de la detención de los cuatro implicados hasta el momento.

Se presume que el fiscal argumentará la existencia de peligros procesales, principalmente el de posible entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan producirse numerosos testimonios y medidas probatorias.

Las defensas en cambio, posiblemente buscarán que sus clientes recuperen la libertad cuanto antes, ya que todos intentaron deslindar responsabilidades y negar vinculación con los hechos investigados.

De todas formas, hay dos de los detenidos, uno de ellos sería la gestora, que habrían manifestado su intención de ampliar su declaración de imputados, ya que querrían aportar su versión sobre los hechos.

Las ampliaciones de indagatoria se llevarían a cabo entre miércoles y jueves.

Cabe recordar que la maniobra que se investiga, es que particulares pagaban una suma menor a la deuda que tenían sobre un inmueble para obtener un certificado de “libre deuda”, el cual era apócrifo, y habría sido impreso por los propios empleados de Rentas. De esa manera, resultaban damnificados los particulares (en cierta medida), así como también el Estado provincial, que nunca recaudaba lo adeudado. Aún no hay estimaciones del monto de la defraudación, ya que es necesario establecer desde cuándo venían operando ilícitamente. l


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