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Chile enfrenta caso de corrupción sin precedentes

Diez funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y cuatro civiles fueron formalizados bajo la acusación de apremios ilegítimos y de extorsionar a narcotraficantes.

- 08:30 Mundo

La investigación, que duró siete meses y que lideró el fiscal Emiliano Arias, fue revelada este martes con la detención de siete policías de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel y otros tres de la Brigada Móvil Metropolitana. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y seguimientos a 14 sospechosos, cuatro de ellos, civiles.

De acuerdo con versiones de prensa, sólo 24 horas antes de la diligencia, la policía civil se enteró de que 10 de sus hombres integraban una presunta red de corrupción dedicada a "extorsionar a narcotraficantes, para así obtener dinero ilícito".

En total, fueron detenidos tres subcomisarios, tres detectives, dos subinspectores, un inspector y un asistente policial. Todos fueron "separados" de sus funciones. Los policías son indagados por los cargos de faltar maliciosamente a la verdad, detención ilegal, allanamientos ilegales, apremios ilegítimos, tráfico de drogas y omisión de denuncias.

Durante la formalización de este jueves, el Ministerio Público presentó diversas escuchas telefónicas realizadas durante los siete meses que investigó a la supuesta red de corrupción al interior de la policía civil.

Las escuchas revelan el actuar de los 10 funcionarios de la PDI, quienes amenazaban narcotraficantes para que entregaran datos de dónde podría haber droga para hacer procedimientos. Además, las cintas muestran que se ponían de acuerdo para realizar las quitadas de drogas y que inventaban llamadas denunciando transacciones e inventando autorizaciones de jueces.

El fiscal Arias calificó los hechos como "casos de corrupción" y solicitó la prisión preventiva de los imputados, que podrían arriesgar 21 años de cárcel.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella, por parte del Gobierno, en contra de los funcionarios de la PDI. "Siempre hemos dicho que las policías tiene todo nuestro respaldo en su actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido, que es el que entrega la ley", comentó. "Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de los ciudadanos. Por eso, en un contexto de indignación, molestia, hemos presentado, como Ministerio del Interior, una querella criminal", agregó.

Respecto a la continuidad del director de la PDI, Marcos Vásquez, quien ha sido cuestionado por varios sectores políticos, Hinzpeter expresó que "no le corresponde al ministro del Interior expresar juicios sobre materias que competen a las facultades del Presidente de la República". Y señaló: "Todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no contar en algún momento dado con la confianza del Presidente".

La presunta red de corrupción al interior de la PDI se destapó a sólo días de que se revelara otro escándalo en el Gobierno: los sobreprecios de hasta un 400 por ciento, pagados por el Ministerio del Interior a una empresa privada por equipos para detectar drogas en el Plan Frontera Norte. En esa línea, un grupo de parlamentarios de oposición confirmó que interpelarán a Hinzpeter por el "caso sobreprecios".

El ministro aseguró estar "más que dispuesto, estoy preparado (para responder). Es parte de mis obligaciones funcionarias, así es que no le encuentro ninguna anomalía. Me parece que está dentro de lo que nuestra legislación y ordenamiento jurídico", declaró.

Fuente | infobae.com

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