AFIP investigará a 2500 contribuyentes que podrían ser denunciados en la Justicia

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una investigación sobre un grupo de contribuyentes que estarían alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como el nuevo impuesto a la riqueza, pero que, para no pagarlo, no habrían presentado las declaraciones juradas de Bienes Personales.

El organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont puso la lupa sobre un universo de contribuyentes de alrededor de 13.000 personas que son las que estarían alcanzadas por el impuesto a la riqueza y, en especial, sobre un grupo de personas que no presentaron la declaración jurada de Bienes Personales de 2019 y que, dado el patrimonio que dichos sujetos tienen, la AFIP sospecha de maniobras elusivas para no pagar el aporte solidario.

Desde el organismo explicaron que, en particular, la lupa está puesta en 2.500 casos donde la omisión de presentación de la declaración jurada constituye “un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte solidario”.

La intención de Marcó del Pont es, de comprobarse la maniobra, avanzar en la Justicia, por lo que ya se definió que la entidad iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por evasión agravada.

Las denuncias penales se radicarán en los casos de los que no paguen el Aporte; la fecha prevista en la reglamentación para dicho pago es el 30 de marzo.

El organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021.

Marcó del Pont firmó hace dos semanas la Resolución General con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario que fue publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece que los sujetos alcanzados por el Aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El Aporte alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que superen la suma de $200 millones de pesos. La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la ley, es decir, el 18 de diciembre de 2020.