Florencia Peña pidió que expulsen a Fernando Iglesias de la Cámara de Diputados

Florencia Peña, a través de su abogado Fernando Burlando, presentó un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión del legislador del PRO Fernando Iglesias por "afirmaciones misóginas" dirigidas en su contra, en una derivación de la visita que la conductora realizó a la residencia de Olivos en mayo del 2020.

"Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer (miércoles) hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando Iglesias y Walter Wolff (PRO) -quien respaldó el twitt de su colega-", señala el escrito.

"Los diputados han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar", agregó.

Iglesias había cuestionado a través de Twitter la visita que Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la Residencia de Olivos, en el marco de las reuniones que el presidente Alberto Fernández mantuvo con representantes del ambiente artístico para analizar la situación del colectivo de actores afectado por la pandemia de coronavirus.

El diputado de Juntos por el Cambio se refirió a ese encuentro como un "escándalo sexual", lo cual generó los rechazos de diferentes sectores, incluso de su mismo espacio político.

La solicitud de la conductora se formalizó luego de que radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires contra los dos diputados nacionales.

"Dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio, solicitamos a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub examine", señala el texto.

"Realmente, la magnitud del escándalo, a la luz de las responsabilidad funcional de los sujetos que expresaron semejantes comentarios y los instrumentos internacionales que se encuentran vigentes y a los que ha adherido nuestra república implica un hecho de tremenda gravedad institucional ya que es, en orden a la condición de diputados nacionales que se encuentran especialmente compelidos al acatamiento de las disposiciones de orden público que surgen de la ley 26.485?, remarcó.