Gobernadores advirtieron que "se consolidaría un paradigma de desigualdad

El Gobierno nacional entregó una nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo consensuado por los gobernadores sobre los fondos que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito.

Lo hizo a través del Ministerio del Interior, luego de que los gobernadores se reunieron el miércoles en la Casa Rosada con el titular de esa cartera, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández.

El reclamo de los gobernadores se da en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por esos fondos que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto esa reasignación de recursos.

La Corte ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias conciliatorias que se están realizando de manera semanal, antes de emitir una resolución.

Los gobernadores dispusieron enviar la nota con su postura al máximo órgano judicial y presentarse en el pleito como amicus curiae (amigo del tribunal), según informaron tras la reunión en la Casa Rosada.

Expresaron que "en el esquema de distribución de recursos vigente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una participación de la parte que le corresponde a la Nación que deberá ser compatible con los niveles históricos, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°23.548. A partir de su autonomía, el porcentual se había establecido en 1,40% (cfr. Decreto N°705/03)".

Manifestaron que "sin embargo, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri, mediante los Decretos Nros.194/16, 399/16 y 257/18, la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la Nación.

Así, el Decreto N°194/16 elevó su coeficiente al 3,75%, sin brindar mayor justificación que permita desentrañar las razones por cuales gozaría de ese beneficio. Apenas un mes más tarde, por el Decreto N°399/16, se indicaría que tales recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales allí ejercidas, tras la celebración del Convenio entre la Nación y la Ciudad".

"No obstante, tampoco se desprende de las actuaciones por las que tramitaran los decretos o de otra fuente de información, los motivos, cálculos o estimaciones realizadas para a determinar esa masa de recursos; todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo tales actos", añadieron.

"Es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal", subrayaron.

"Resulta indudable que si la Corte Suprema convalidara, ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, el aumento de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10/12/19 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional", completaron.

La nota fue firmada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No fue firmada por los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), tampoco por Juan Schiaretti  (Córdoba).

"Es una decisión unilateral, discrecional e injustificada"

Según los gobernadores, "esta circunstancia se vio agravada por la omisión palmaria de someter a consideración del Congreso de la Nación el convenio de traspaso que nos ocupa y su financiamiento, conforme lo establece el artículo 75 inciso 2, párrafo 5°, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos".

"La decisión unilateral, discrecional e injustificada de la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eludiendo la obligación constitucional de someter a tratamiento parlamentario el acuerdo de traspaso y los recursos comprometidos, constituyó una verdadera violación al federalismo", agregaron.