EL FUTURO DE LA POLITICA SOCIAL

Los resultados del trabajo de diagnóstico y perspectivas futuras de las políticas de protección y desarrollo social en Santiago del Estero difundido esta semana por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina abren una perspectiva promisoria acerca del futuro de las políticas sociales en la provincia.

Se justifica por ello el interés suscitado por la presentación realizada el viernes en el Forum entre una audiencia importante que abarco a académicos, funcionarios, legisladores, dirigentes sociales y representantes de los gobiernos y administraciones locales.

Mas allá de los contenidos del Informe de avance, adelantados por el director del ODSA-UCA, Agustin Salvia y que seguramente se conocerán a medida que se difundan las bases de datos, análisis y recomendaciones compiladas a lo largo de más de un año de los investigadores de la UCA, conviene subrayar algunos aspectos que hacen a su importancia institucional , de cara sobre todo al futuro de las políticas sociales en la provincia.

Ante todo, corresponde subrayar el hecho institucional en sí mismo. El informe ha sido elaborado en el marco del convenio de cooperación técnica entre la Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. La decisión de llevar a cabo un diagnóstico de este tipo, abarcador de balance de las principales políticas sociales a lo largo de la última década, es una novedad absoluta, sobre todo en un país como el nuestro, en el que ninguna provincia ha desarrollado un esfuerzo similar. Tampoco existen informes de este tipo y con este alcance a nivel nacional.

La política en materia de protección y desarrollo social y sobre todo de lucha contra la pobreza en sus principales aspectos multidimensionales en materia de empleo, educación, hábitat, medio ambiente, infraestructura y condiciones materiales de vida suele constituir un secreto de estado. Los resultados de los procesos de monitoreo y evaluación - sin los cuales una “política de estado en realidad muy poco tiene que ver con lo que debe entenderse por una verdadera Política de Estado- suelen atesorarse en secreto. Una actitud que en realidad solo encubre el fracaso rotundo de las políticas sociales en nuestro país, desde cualquier perspectiva que se las analice

Cabe por tanto aplaudir la iniciativa del gobernador Zamora y su decisión de encomendar esta tarea a una institución reconocida por su parte y su visión innovadora en la materia , un campo en el que ha llegado a ocupar el vacío profundo generado por la crisis del INDEC y la estadística pública. La idea de abrirse a un diagnóstico participativo, técnico, objetivo y externo, que incluye a las dos principales universidades de la Provincia, es un hecho auspicioso, que promete una nueva mirada y una gran oportunidad para avanzar en políticas de concertación que comprometen el esfuerzo público y privado de todos los sectores de la sociedad.

La idea de proteger el informe a las condiciones de la competencia electoral es otro aspecto que debe destacarse. Si bien el Informe fue entregado un mes antes de las elecciones, el gobierno decidió postergar su anuncio y difusión para sustraerlo de las controversias electorales y para garantizar así una lectura objetiva, exenta de cualquier enfoque partidista.

La política social debe ser, en efecto, un terreno n neutral, en las que las diversas ópticas y miradas ideológicas, que es siempre bueno que sean múltiples y diferentes, deben aspirar a encontrar un camino de convergencia. Nadie puede ni debe buscar ventajas políticas. Los avances, los retrocesos, las oportunidades y los riesgos son de todos. Es uno de esos campos en las que la política debe operar como un instrumento de construcción y cohesión social y no a la inversa, como suele ocurrir en los escenarios frecuentemente muy poco constructivos de la competencia electoral.

Vista desde la perspectiva nacional, esta decisión de Santiago del Estero de encarar un enfoque de este tipo es una excelente señal para el resto de las provincias y para la propia gestión nacional. Quien quiera discutir políticas sociales nacionales debe comenzar por alcanzar el piso que acaba de definir Santiago. En materia de desarrollo social, los resultados, gobierno tras gobierno nacional, siguen siendo catastróficos. Las respuestas oficiales siguen siendo vagas, reactivas y desordenadas. A pesar de las promesas reiteradas en las inauguraciones presidenciales de “nuevos comienzos”, las intenciones suelen terminar en frustraciones cada vez mayores.

Las tareas de diseño de una nueva “agencia social” con capacidad para integrar esfuerzos y recursos dispersos no parecen haber superado el plano de las declaraciones y la demora configura uno de los pasivos más graves de la democracia a casi 40 años de la transición de 1983

Lo más grave es que los esfuerzos por remontar la situación se circunscriben al ámbito cerrado de los equipos de cada gobierno. Equipos cada vez más cerrados y sectarios en la defensa de visiones puramente corporativas. El debate público ha crecido acaso en amplitud de miras. Sin embargo, es casi nulo en sus resultados. El compromiso efectivo de las organizaciones de la sociedad civil es por ello cada vez menos entusiasta y hasta la propia gestión de importantes fondos y recursos públicos han ido quedando en manos de organizaciones de beneficiarios, sin transparencia ni auditabilidad e incluso con intereses muchas veces exactamente opuestos al interés general.

¿Qué hacer? Desde el más elemental sentido común, todo aconseja tener muy en cuenta las lecciones internacionales, objeto de estudios profundos como los que, en los últimos años se han difundido desde las principales instituciones y organismos internacionales.

Una primera lección aprendida de las experiencias internacionales exitosas es la que se refiere a la necesidad urgente de superar la concepción estrecha de la política de lucha contra la pobreza en términos de intervenciones aisladas dirigidas a grupos específicos, originadas a lo largo del tiempo, más por la necesidad de dar respuestas a reclamos y necesidades urgentes que por un diseño estratégico nacional de fondo. Las lecciones internacionales sugieren un retorno decidido a la idea de planes estratégicos capaces de abarcar de todo el abanico de factores condicionantes y determinantes de la nueva pobreza. La pobreza es, en efecto, un problema multidimensional que solo puede ser abordado desde perspectivas integradas y multisectoriales. Este es unió de los grandes aportes que inspiran el diagnostico de la UCA para Santiago.

En términos más concretos, a la hora de la acción, se impone superar la óptica institucional según la cual la pobreza es un problema social que debe ser atendido por los ministerios “sociales”. Todos los estudios internacionales sobre evaluación de políticas contra la pobreza señalan el error común de confiar en los ministerios de trabajo o de asuntos sociales la responsabilidad de una acción gubernamental que, casi por definición, compete al conjunto de los ministerios y agencias gubernamentales, coordinadas desde el máximo nivel ejecutivo del Estado. Sin un compromiso central de todos los departamentos. De economía y hacienda, de educación y de salud, de infraestructura y, sobre todo , de justicia, toda política de protección social es parcial, carece de proyección estratégica y, por ello, está condenada de antemano al fracaso.

Las mejores prácticas aconsejan hoy la asuncion de una perspectiva “de Estado” , capaz de trascender los canales tradicionales, en funcion de un verdadero plan nacional, integrado e integrador. De allí el interés que reviste la idea adelantada en el Forum por el gobernador Zamora de crear un Gabinete Social, directamente coordinado por la Jefatura de Gabinete y el propio Gobernador, dotado de presupuesto propio, sin creación de organismos nuevos y que reúna a todos los departamentos de la administración con presencia efectiva de todos los ministros del gobierno.

En este sentido, la “agencia social” unificadora y coordinadora de los recursos existentes no solo suministrara parámetros indispensables para la asignación de recursos naturalmente escasos. También fomentara una mayor responsabilidad y participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, únicas instancias capaces de trascender la parálisis de lo que queda del Estado Benefactor.

Más allá de la retórica paralizante de los últimos años en el país, se impone la necesidad de una nueva generación de programas sociales, capaces de conceptualizar la lucha contra la pobreza desde un punto de vista que incorpore las preocupaciones por el crecimiento, la competitividad, la igualdad y la potenciación de capacidades de las propias poblaciones afectadas. En el umbral del nuevo siglo, un Estado moderno no puede seguir distribuyendo cajas de comida, bolsines y mucho menos subsidios directos entre sectores carenciados.

Su papel central está en la planificación y coordinación nacional de esfuerzos que solo pueden tener por efectores a quienes pueden hacerlo, allí donde la pobreza golpea con crudeza cada vez mayor. Estos efectores son necesariamente locales, tanto públicos como privados. La pobreza no es una c causa, solo es un síntoma. Una realidad que evidencia la perdida de cohesión social, la incapacidad para generar condiciones de empleo legítimo, de oportunidades para crecer en campos tan diversos como los que indica el diagnóstico de la UCA: educación, habita, salud, medio ambiente, acceso a servicios básicos, logística, infraestructura, energía. Posibilidades, en suma, de trabajo, productividad y crecimiento de fondo y a largo plazo.

Nada de esto es posible sin Estado presente y sin compromiso participativo del sector privado y de la sociedad civil. NO hay avance sin planes estratégicos y no hay planes estrategias sin evaluación, monitoreo, participación y compromiso de la sociedad. La estrategia avanzada en el informe diagnostico representa un avance decisivo en un proceso de maduración de la cuestión social, que en Santiago ha alcanzado el punto exacto para el comienzo de un nuevo ciclo de transformación y progreso para la provincia.