Irán y nosotros

Acaso como parte de un pasado al que no podemos escapar, el kirchnerismo nos vuelve a involucrar en un complicado y problemático vínculo con la República Islámica de Irán.

Una vez más, como consecuencia de una política exterior equivocada, los argentinos volvemos a enredarnos en una relación controvertida cuyos puntos centrales convienen ser revisados.

A partir de comprender la singular relevancia geopolítica de un país que no es uno más en la comunidad internacional. Heredero de una cultura milenaria, Irán alberga una sociedad sofisticada de casi 85 millones de habitantes sujetos bajo un gobierno abiertamente anti-occidental visualizado como uno de los mayores peligros del mundo actual.

Una realidad que tiene como punto de partida el año 1979. Fecha en que se instaló un régimen teocrático absolutista tras la caída de la monarquía pro-occidental del Shah Mohammed Reza Pahlevi. La que fue seguida por el establecimiento de una suerte de gobierno formal que esconde detrás de una pretendida democracia parlamentaria un verdadera teocracia dominada por los clérigos nucleados en torno al líder supremo, el Ayatola Alí Khamenei.

La Revolución Islámica liderada por el Ayatola Ruhollah Khomeini provocó un cambio geopolítico de enorme significación en el mundo. El que era el país de Medio Oriente más cercano a los Estados Unidos se convirtió en su mayor enemigo. Y las amistosas relaciones entre persas e israelíes no sólo quedaron en el pasado sino que dieron paso a un giro dramático al punto que sus principales jerarcas promueven lisa y llanamente borrar del mapa a Israel.

Conscientes de su historia milenaria, los jerarcas persas se perciben a sí mismos como portadores de un destino manifiesto. Un dejo de superioridad respecto de sus vecinos coloca a los iraníes en una permanente competencia con las otras potencias de la región, especialmente con los saudíes. Un enfrentamiento que expresa -en las presentes circunstancias históricas- la antigua y ancestral rivalidad entre Sunnitas y Shiítas, que hoy se vertebran en torno a las pretensiones de hegemonía regional de Arabia Saudita e Irán.

Pero al mismo tiempo que en Irán caía el Shah, en la región otros desarrollos completaban un escenario en permanente cambio. Casi simultáneamente -bajo los impulsos de la Administración Carter- Egipto e Israel alcanzaron un entendimiento para la paz en los acuerdos de Camp David (1978) entre Anwar Sadat y Menachem Begin. Auspiciado por la diplomacia del Presidente Bill Clinton, el Rey de Jordania seguiría sus pasos, al firmar la paz con Israel en 1994. Y recientemente, los Acuerdos de Abraham acercaron al estado hebreo con los Emiratos árabes Unidos (EAU), Bahrein, Marruecos y Sudán, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca en tiempos de Donald Trump.

Estos acontecimientos determinaron un giro histórico en la siempre dinámica región de Medio Oriente. Llevando al régimen iraní a buscar solidaridades en otras latitudes. En gran medida como consecuencia de la necesidad de contrarrestar el efecto de las duras sanciones que pesan sobre su economía.

Una iniciativa que conecta aquella realidad con nuestra región sudamericana. Toda vez que en las últimas décadas Teherán ha procurado ampliar sus lazos con los países latinoamericanos. Consiguiendo un vínculo de cercanía con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que el gobierno argentino ha venido sirviendo desde 2019. Al extremo de colocar al Presidente en el triste papel de abogado de las tiranías de la región.

Pero el régimen iraní es una fuente permanente de amenaza para la paz y la seguridad internacional. Básicamente como consecuencia de dos políticas que despliega incesantemente. La primera resulta de su inquietante programa nuclear y la búsqueda de una bomba atómica a su disposición. Un extremo que de ser concretado pondrá en entredicho la misma existencia del Estado de Israel al tiempo que desatará una carrera de proliferación en la región.

La segunda surge de la promoción del terrorismo internacional por parte de Teherán. Una realidad que no escapa a ninguna latitud. Tal como quedó demostrado en nuestro país en 1992 y 1994, cuando los atentados contra la Embajada de Israel y contra la sede de la AMIA confirmaron que en este pequeño mundo ningún país está alejado de la amenaza del terrorismo y de las consecuencias de los conflictos globales.

A partir de entonces, los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde siempre denunciaron la responsabilidad de Irán como principal sospechoso de haber promovido aquellas atrocidades, las que combinadas costaron la vida de cien personas. Incluso así lo hizo Néstor Kirchner durante sus presentaciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero la muerte de Kirchner pareció dar inicio a un tiempo en el que su sucesora modificó sus posiciones geopolíticas.

Al punto que en el marco de un alineamiento deliberadamente anti-occidental junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua y otras naciones con gobiernos enrolados en el llamado Socialismo del Siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un Memorando de Entendimiento con Irán (2013).

En ese entonces el actual Jefe de Estado era un feroz opositor de su hoy socia/jefa política y calificó el acuerdo con Teherán como inaceptable. Sin embargo, las contradicciones y la permanente incoherencia del actual Presidente de la República permitieron que hoy sostenga una política contraria a la de entonces. Convirtiéndose en el responsable de habernos colocado en la complicada situación de estar ligados directa o indirectamente a regímenes que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional.

Como consecuencia de su asociación con las dictaduras de los Castro-Díaz Canel, los Chávez-Maduro y los Ortega-Murillo. Todos ellos emparentados y cómplices del régimen que desde 1979 promueve el terrorismo desde Irán. Revelando una vez más los costos de una política exterior tan contraria al interés nacional como la que viene desplegando desde hace dos años y medio la Administración Fernández-Kirchner.