Justicia y política: una dialéctica imposible Justicia y política: una dialéctica imposible
POR ENRIQUE ZULETA PUCEIRO
Stephen Breyer ha sido hasta junio pasado uno de los jueces más brillantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Su último libro es una reflexión profunda y actualizada acerca del futuro de la justicia frente a las tensiones y riesgos que le plantean los conflictos de la política en democracias de alta intensidad. (Cfr. BREYER, Stephen: The authority of the Court and the peril of politics. Cambridge: Harvard University Press, 2021). Su lectura podría ser de seguro interés para jueces y políticos, sobre todo ante un conflicto de poderes como el que ha paralizado nuestro sistema institucional.
El aporte de Breyer interesa sobre todo porque no solo se inspira en su larga experiencia como profesor, juez de apelaciones y, finalmente juez en una etapa decisiva de la Corte Roberts. Se inspira en una fina percepción de los perfiles y límites actuales del control de constitucionalidad, matizada por una valiosa combinación de erudición, experiencia práctica y experimentalismo pragmático.
El análisis de Breyer parte de preguntas de valor casi universal, validas en el contexto de cualquier democracia actual y, sobre todo, en un caso como el de Argentina.
¿Cuáles son las razones que permiten que una Corte pueda de hecho operar como freno y contrapeso frente al resto de los poderes públicos en situaciones de desacuerdo y conflicto institucional profundo? ¿Como explicar el hecho de que una corte como la estadounidense haya conservado niveles crecientes de confianza pública, incluso cuando más profundos sean sus desacuerdos con el resto de los poderes, particularmente el poder presidencial?
Stephen Breyer ha sido hasta junio pasado uno de los jueces más brillantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Su último libro es una reflexión profunda y actualizada acerca del futuro de la justicia frente a las tensiones y riesgos que le plantean los conflictos de la política en democracias de alta intensidad. (Cfr. BREYER, Stephen: The authority of the Court and the peril of politics. Cambridge: Harvard University Press, 2021). Su lectura podría ser de seguro interés para jueces y políticos, sobre todo ante un conflicto de poderes como el que ha paralizado nuestro sistema institucional.
El aporte de Breyer interesa sobre todo porque no solo se inspira en su larga experiencia como profesor, juez de apelaciones y, finalmente juez en una etapa decisiva de la Corte Roberts. Se inspira en una fina percepción de los perfiles y límites actuales del control de constitucionalidad, matizada por una valiosa combinación de erudición, experiencia práctica y experimentalismo pragmático.
El análisis de Breyer parte de preguntas de valor casi universal, validas en el contexto de cualquier democracia actual y, sobre todo, en un caso como el de Argentina.
¿Cuáles son las razones que permiten que una Corte pueda de hecho operar como freno y contrapeso frente al resto de los poderes públicos en situaciones de desacuerdo y conflicto institucional profundo? ¿Como explicar el hecho de que una corte como la estadounidense haya conservado niveles crecientes de confianza pública, incluso cuando más profundos sean sus desacuerdos con el resto de los poderes, particularmente el poder presidencial?
Las respuestas de Breyer parten de subrayar el conflicto abierto entre el activismo judicial y las tensiones y conflictos de poder en las democracias actuales.
A pesar de su la carencia de herramientas proporcionadas a las del resto de los poderes, la Corte logra prevalecer y consolidar el reconocimiento social de su rol contra mayoritario. Breyer abunda en ejemplos sobre ese delicado mecanismo que permite a la Corte acrecentar su legitimidad social sin más instrumentos que el testimonio ejemplar de su imparcialidad y neutralidad ante los conflictos del poder.
Lo más importante es que este avance en su reconocimiento social se produce incluso en casos de decisiones que no gozan de apoyo mayoritario. Lo que convence es, sobre todo, su capacidad para proteger su papel arbitral. Para tomar decisiones no partidistas, equidistantes de las posiciones en conflicto. Su fuerza radica paradójicamente, en su propia debilidad. En la provisoriedad de sus avances, limitados siempre a la resolución razonable de los conflictos que resuelve.
Los riesgos actuales que afronta la Corte americana actual surgen precisamente de las tendencias en su composición post Trump a abandonar esta tradición fundamental.
Las sugerencias de Breyer encierran lecciones importantes para los jueces argentinos. La principal fortaleza del poder judicial - "el menos peligroso", según la acertada expresión de El Federalista- no está en el contenido y la fuerza coactiva que asiste a sus decisiones. Menos aún en la firmeza de las posiciones personales de sus miembros. Esta más bien en la propia confianza de la sociedad, que la Corte es capaz de inspirar. En el consenso y compromiso que genera la transparencia, pluralismo y razonabilidad de las argumentaciones. En la imparcialidad de sus decisiones, el respeto a la actitud de deferencia con la sociedad y con el resto de los poderes.
La Corte americana - explica Breyer- rara vez ha avanzado en la imposición de respuestas alternativas ante los errores del Ejecutivo. Su función se centra más bien en indicar los obstáculos que plantean, a partir de una lectura de la Constitución. La Corte controla la constitucionalidad de las decisiones de la política. No pretende reemplazarlas por respuestas propias más que en situaciones excepcionales, agotados todos los recursos disponibles.
La decisión judicial tiende a dejar siempre abierta la posibilidad de que el Ejecutivo explore e intente siempre caminos alternativos, que le permitan persistir en sus objetivos, aunque a través de otros medios, no reñidos con la Constitución
La función de la Corte es de los frenos y contrapesos (checks and balances). Solo asume decisiones de gobierno in extremis, una vez agotados todos los caminos de la política. La Corte no gobierna: hace posible el buen gobierno de la sociedad.
Desde una perspectiva como esta resultan discutibles algunas pretensiones recientes de la Corte Argentina. La reforma constitucional de 1994 dejo abiertas muchas cuestiones esenciales, las delego en el poder legislativo. La idea de una función pretoriana de la Corte Suprema, tendente a sustituir el papel del Congreso y a colmar lagunas institucionales evidentes como pueden ser la coparticipación federal de impuestos o el gobierno del poder judicial revelan una voluntad activista reñida con el espíritu y la letra de una constitución republicana y entraña riesgos y muy probables costos sociales y políticos que no deben ser subestimados.
En este sentido, no le será fácil a la Corte la construcción de una doctrina pretoriana de la Ciudad de Buenos Aires como nueva "ciudad constitucional federada". Más allá de los límites estrictos de la Constitución. Tampoco le será fácil a la Corte justificar socialmente la pretensión de regular el derecho del Congreso a reglamentar su funcionamiento, la defensa corporativa y a cualquier precio de la conducta de algunos jueces o, ya en el extremo, la decisión extemporánea de definir el estatuto aun en discusión del Consejo de la Magistratura.
Fuente: El Cronista
