Moratoria previsional: la reforma que debe pensar el próximo gobierno

Por Andrea Falcone

La moratoria previsional que se acaba de aprobar en el Congreso tendrá un impacto directo sobre más de 800.000 personas que están en edad de jubilarse, que no logran completar los 30 años de servicios que pide la ley. Además, tendrá un impacto indirecto sobre aquellas personas que estarán cumpliendo la edad jubilatoria en los próximos 10 años. Muy probablemente ésta sea la última oportunidad de planificar su futura jubilación y completar los baches en su historia laboral.

La nueva moratoria tiene elementos que la diferencian de las anteriores. En primer lugar, ya no se trata de una moratoria para regularizar aportes autónomos, sino que se completan aportes en relación de dependencia. Por ello, el valor que se pagará por cada año de aportes es superior al de las moratorias actuales y acompaña una mejor sustentabilidad del sistema. En segundo lugar, ya no existen moratorias para hombres y moratorias para mujeres, sino que ambos géneros pueden acceder a este plan de regularización por igual.En tercer lugar, se prevé específicamente la posibilidad de que trabajadores en actividad vayan analizando su futura jubilación y regularizando aportes, previendo los servicios que le faltarán para alcanzar el piso de 30 años que marca la ley.

La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos solo 6 de cada 10 trabajadores lo hacen en regla. El empleo no registrado tiene como contrapartida un trabajador que al cumplir la edad jubilatoria no tendrá los treinta años de aportes requeridos por ley. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación.

Recordemos que desde 2016 se restringió el acceso a las moratorias, dejándolas exclusivamente para los segmentos de mayor vulnerabilidad. Por eso quienes deseen regularizar aportes, deben superar una evaluación socioeconómica, que implica demostrar ingresos inferiores a un determinado monto (el valor máximo de ingresos que habilita el cobro de asignaciones familiares), no poseer aeronaves, embarcaciones, no contar con inmuebles ni automóviles que superen una determinada valuación, ni consumos de tarjeta de crédito superiores a determinados montos.

Ahora bien, si la moratoria previsional funciona como un parche a la falta de control estatal sobre el trabajo “en negro”, ¿qué reforma necesitamos implementar para que el sistema previsional argentino sea más justo y sustentable?

En primer lugar, necesitamos un cambio cultural. Los argentinos vivimos sumergidos en la coyuntura. La inflación, los cortes de calle, la inseguridad y las crisis políticas nos impiden levantar la cabeza y planificar más allá del próximo año. Los sistemas previsionales requieren planificación a largo plazo. Una reforma realizada hoy tendrá un impacto en 20 años. Entonces, el primer cambio es dejar de ser cortoplacistas y aprender a planificar con tiempo.

En segundo lugar y en este mismo sentido, necesitamos prepararnos. El mundo está transitando un cambio demográfico absolutamente trascendental: se está desacelerando el crecimiento de la población mundial y en 2026 habrá más adultos mayores de 60 años que menores de 10. En este escenario, resulta fundamental analizar que rol cumplirán a futuro los sistemas de jubilatorios. La creciente longevidad marcará el nuevo diseño de los sistemas previsionales. Pero también coloca sobre la mesa un debate que cada día cobra más fuerza: ¿es la jubilación el único instrumento de planificación financiera que debemos evaluar para nuestro retiro? Una mayor longevidad implica inexorablemente un cambio, porque necesitamos financiar una vida más larga. Esto puede generarnos un impacto emocional, hasta angustia, pero no debemos perder de vista que vivir más tiempo es un regalo, una oportunidad.

Ahora bien, generamos mayores ahorros durante nuestra vida laboral o trabajamos durante más tiempo. Quienes tenemos menos de 50 años necesitamos tomar decisiones. Principalmente, debe pensarse en un complemento a la jubilación estatal. Esto nos trae el recuerdo de las AFJP, que fueron una estafa, y por eso la idea es resistida casi en forma generalizada. Pero en otros partes del mundo funcionan perfectamente los fondos de financiación privados o los seguros de retiro a modo de complemento. Es algo sobre lo cual se hace imprescindible trabajar, aprendiendo del pasado para no repetir errores (o negociados).

En tercer lugar, debemos trabajar sobre una mayor formalización del empleo. Por otra parte, debemos advertir a los monotributistas y autónomos que tendrán jubilaciones bajas, dado que las contribuciones a la jubilación de estos regímenes son ínfimas. Solo las categorías IV y V de autónomos pagan un aporte igual o superior al del salario promedio en relación de dependencia.

En cuarto lugar, debemos implementar la opción de una jubilación parcial. Miles de jubilados han necesitado de las moratorias previsionales para completar el piso de 30 años que marca la ley, pero contaban con más de 15 años de servicios que en otros países le hubieran dado derecho a una jubilación parcial.