La Justicia ya excarceló a más de 1.700 presos por el coronavirus

Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.

La liberación de presos generó un rechazo generalizado de la sociedad y en redes sociales ya convocaron a un cacerolazo nacional para mañana, jueves, a las 18. Mientras tanto, continúa aumentando la cantidad de personas que reciben permisos especiales para salir de sus calabozos.

Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.

A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Mientras tanto, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 320 detenidos dejaron los penales bajo distintos tipos de modalidades, la mayoría de ellos en arresto domiciliario.

Si bien no existe un registro unificado, al sumar los casos relevados por este medio se concluye que con la excusa del COVID-19 salieron de la cárcel 1.700 presos. Y hay otros 1.300 que esperan un beneficio similar.

El Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus al comienzo de la pandemia: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. En los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.

Esas nóminas fueron confeccionadas inicialmentemente en el marco del hábeas corpus colectivo que presentaron las 19 defensorías generales de la Nación. En esa mesa de negociación participó el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que impulsó la liberación de presos, según reconoció el juez de Casación bonaerense Víctor Violini en una sentencia.

Sin embargo, hubo planteos particulares anteriores, como fue el caso del violador Pedro Olmos, que consiguió un arresto domiciliario a metros de donde vive su víctima, y que no formaron parte de ese pedido colectivo. Tanto esa decisión como la de Casación bonaerense para flexibilizar las detenciones en la provincia fueron apeladas por el fiscal Carlos Altuve ante la Suprema Corte bonaerense. Todavía no se concedió el recurso; mientras tanto, los presos siguen pidiendo salir.

El protagonismo del juez Violini, único miembro de la Sala de Casación que integra (es decir, único voto de la misma), comenzó a surgir el 30 de marzo pasado, cuando permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran celulares en los penales provinciales. También les otorgó ese beneficio a quienes están alojados en las comisarías.

Cinco días después de aquella decisión, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata. Moreno, al igual que los miles de reclusos que integran el SPB, había conseguido tener acceso a un celular tras el fallo de Violini.