Realizan auditorías en los juzgados del Crimen de los ex jueces

La denuncia de Fiscalía de Estado de Tucumán por presuntas irregularidades en las que habrían incurridos tres ex jueces del Crimen de Santiago del Estero, fue sin lugar a dudas un cimbronazo para la Justicia de nuestra provincia, que rápidamente activó los mecanismos para sanear cualquier falta que pudieran haber cometido los ex magistrados que tras el escándalo presentaron sus renuncias a sus cargos y actualmente se encuentran detenidos.

En sintonía con diversas medidas que se adoptó desde el Poder Judicial de Santiago del Estero para dejar en claro que no iba a tolerar ninguna irregularidad, el Superior Tribunal de Justicia designó a tres jueces de la Cámara de Juicio Oral para que sean los encargados de ejecutar una auditoría en los tres juzgados del Crimen que estaban a cargo de los ex magistrados denunciados.

Los Dres. María Angélica Peralta de Aguirre, élida Suárez de Bravo y José Luis Guzmán, miembros de la Cámara de Juicio Oral (la integran ocho jueces más) fueron designados para suspender su tarea habitual y llevar a cabo una auditoría en los juzgados del Crimen de Primera, Segunda y Cuarta Nominación, que estaban a cargo de Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, respectivamente.

Finalidad

De acuerdo con lo que explicaron altas fuentes judiciales, los camaristas analizarán el estado de las causas que se tramitaron en todo el tiempo que estuvieron los ex jueces al frente de dichos juzgados, con el propósito de establecer si hubo otras irregularidades y en el caso que las hubiere, actuar de inmediato para sanearlas e informar de estos hechos.

Las fuentes precisaron que la auditoría ya se estaría llevando cabo y que en los próximos días ya podrían estar los primeros informes respecto del estado de cada uno de los juzgados en cuestión.

Origen

Cabe recordar que los ex jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura y luego penalmente por Fiscalía de Estado de Tucumán, por presuntas irregularidades materializadas en medidas cautelares libradas a favor del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, que autorizaban el embargo -de la coparticipación federal- y posterior pago de más de $7 millones.

La grave acusación derivó en la renuncia de los ex magistrados para evitar el juicio político y en el proceso penal se ordenó su detención.