La suerte del sujeto acusado de llevarse una beba depende de un ADN clave

El análisis de ADN entre los dos pretensos "padres" de una bebé bandeña, será la prueba ineludible con que la Justicia resolverá la causa por supuesta "supresión y suposición del estado civil".

Así lo subrayó ayer el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, en una acalorada audiencia en la que dejó al borde de la excarcelación a la madre de la bebita: Luciana Anríquez.

No fue una salida sencilla, ya que estuvo precedida por un áspero duelo entre la abogada defensora, Ana Agüero y el fiscal ángel Belluomini.

El cruce entre las dos partes tuvo aristas múltiples: una demora de 50 minutos en el fiscal; la aparente falta de notificación en la audiencia; negadas y enrostradas entre la defensa y la Fiscalía.

Más allá de las idas y vueltas, penalmente la abogada requirió la libertad de Anríquez por considerar que la Fiscalía "tuvo tiempo desde marzo para realizar todas las pruebas que necesitaba en la causa".

Recordó que la denuncia sobrevino en marzo "y mi cliente vino desde Buenos Aires hasta Quimilí; se la notificó y retornó porque allá trabaja como empleada doméstica".

En cuando a su supuesta pareja, quien inscribió como suya a la bebé, Omar Lenson Jepsen, reveló: "Es un predicador evangelista. Venía a Quimilí. Conoció a Anríquez. Tuvieron una relación. Nació la bebé y él la inscribió como suya".

Para la letrada, "en el peor de los casos ¿qué tiene de malo que eventualmente no sea el padre. El denunciante se hará un ADN y si se confirma su paternidad, él impugnará la de Jepsen, pero ello no implicará que alguien cometió delito", destacó.

Después de escuchar los fundamentos, el juez destacó que Anríquez quedará libre, pero antes debe fijar domicilio en Santiago del Estero.

Si la medida se cumple hoy, la joven será excarcelada. Diferente es el panorama de Jepsen, cuya suerte quedará supeditada al análisis de ADN.

El mismo se concretaría en las próximas horas, a cargo de los expertos genetistas del Poder Judicial. l