El juez define la suerte de los acusados del desfalco a Rentas

Después de la postergación de la continuidad de la audiencia en el marco de la causa “Defraudación en Rentas”, mañana será el “Día D” para los cuatro detenidos en el caso, sospechados de haber pergeñado una maniobra fraudulenta que generó un desfalco al Estado provincial, del cual aún se desconoce el monto, pero sostienen que sería de varios cientos de miles de pesos.

El pasado martes, el fiscal del caso solicitó la prisión preventiva para los cuatro detenidos, tres empleados de la Dirección General de Rentas de la Provincia y una mujer, supuesta gestora, que estaría implicada en la maniobra.

Los imputados llevan un mes detenidos, tras haber sido apresados a finales de noviembre en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

En la última audiencia, sólo la defensa de uno de los sospechosos planteó su oposición al pedido de la Fiscalía, representada por el Dr. Miguel Torressi. Por ello, mañana será el turno de los tres abogados defensores restantes.

Se presume que los letrados adoptarán idéntica postura a la de la Dra. Aída Farrán Serlé, abogada de uno de los empleados de Rentas, la cual solicitó la excarcelación de su cliente.

Una vez que todas las partes expongan sus posturas y sus argumentos, la decisión final de si recuperan la libertad o si continúan tras las rejas, recaerá en manos del juez de Control y Garantías, Dr. Darío Alarcón.

“Estafa”, en perjuicio de un particular, “Defraudación”, en perjuicio del Estado Provincial, y “Falsificación de instrumento público” en perjuicio de la República, serían los cargos que el fiscal endilgó a los acusados.

Operatoria

La maniobra que fue denunciada ante la Justicia habría salido a la luz por un propio empleado de Rentas. Un particular denunciante se habría comunicado con un empleado y al presentarle un certificado de libre deuda de una propiedad, el empleado le comunicó que ese documento era apócrifo.

A partir de allí, el empleado que descubrió el certificado trucho, con la ayuda del particular habría comenzado a indagar sobre quiénes habían sido los compañeros que lo habían atendido y de esa forma, quedaron señalados los tres detenidos.

Lo llamativo de la maniobra es que el denunciante habría tenido una deuda de más de $200.000, pero había “accedido” a pagar sólo $80.000 a cambio del certificado (apócrifo).

Además, el particular habría recibido el documento en el exterior del edificio de la Dirección General de Rentas, por lo que los investigadores suponen que difícilmente podía desconocer que ese certificado tenía algunas irregularidades.

Aún restan incorporar informes de Delitos Económicos para determinar desde hace cuánto tiempo que los sospechosos podrían haber venido operando con esa metodología y el monto de dinero que pudieron haber obtenido a cambio de los certificados truchos que emitieron y que “cobraron” por sumas menores a las adeudadas, lo que habría generando un perjuicio al Estado provincial.