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Definen planteos y recusaciones al reiniciarse el juicio oral por el denominado “afer cautelares”

09/02/2021 23:42 Policiales
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Definen planteos y recusaciones al reiniciarse el juicio oral por el denominado “afer cautelares” Definen planteos y recusaciones al reiniciarse el juicio oral por el denominado “afer cautelares”

El planteo de prescripciones y la recusación a dos vocales del tribunal, representan la columna vertebral que definirá el futuro del juicio por el “afer cautelares” ni bien se reanuden las audiencias en contra de tres ex jueces, un empresario radial y un ex empleado judicial.

El juicio se inició el 30 de noviembre de 2020. Son juzgados, el empresario Luis Manuel Pericás, directivo de radio LV7 de Tucumán; los ex jueces, Miguel Moreno, Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos; también, el ex empleado judicial, Eduardo Antuz.

La Fiscalía acusa a Pericás por presunta “defraudación calificada”. A su vez, pesan cargos en contra de los tres ex jueces por “defraudación calificada en concurso ideal con prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de público” y al ex empleado judicial, “defraudación calificada en grado de partícipe secundario”.

Los vocales

El tribunal está conformado por los vocales Alfredo Pérez Gallardo, presidente; Raúl Santucho y Luis Achával.

El hecho desencadenante data de agosto de 2016. Fiscalía de Estado de Tucumán alertó a la Justicia santiagueña por embargos de $ 8.000.000 a fondos de su coparticipación. El beneficiado habría sido Pericás, quien mantenía un viejo litigio con el Gobierno tucumano.

Las cautelares habrían sido firmadas por los entonces jueces, quienes después renunciaron a sus cargos tras estallar el “afer”, pero igual terminaron presos y luego, excarcelados. Casi cinco años después.

Fiscalía de Estado de Tucumán demandó en casi $ 11.000.000 a todos los imputados. Urgente, los abogados formularon los planteos preliminares. Primero, lo hizo Diego Lindow, uno de los abogados de Tarchini Saavedra. Solicitó “la prescripción de la acción penal, en los delitos de prevaricato, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, ya que dichos delitos tienen una pena que no supera los dos años de prisión y es ese el plazo de prescripción.

Diego Lindow también planteó la “exclusión parcial de la acción civil y de la querella penal”, al afirmar que su cliente “nunca fue notificado de la demanda por parte de la provincia de Tucumán”, con el agregado que habérsele vencido los plazos para hacerlo.

Dos jueces

Antes de fin de año las audiencias fueron suspendidas y llegó la feria judicial. En su transcurso, la defensa de Pericás habría recusado a dos jueces del tribunal.

Ahora, todos los planteos serán la prioridad ni bien se reanuden las audiencias, fijadas para los días 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero.


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