Ex jueces Moreno, Tarchini Saavedra y Martínez Llanos, condenados a 4 años y medio de cárcel

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal -integrado por los Dres. Alfredo Daniel Pérez Gallardo, Raúl Santucho (h) y Luis Achával- condenó a tres ex jueces santiagueños, a un empresario tucumano y a un ex empleado judicial, al hallarlos responsables de defraudar al Gobierno de Tucumán en más de $ 11.000.000, al refrendar medidas cautelares no correspondientes en un conflicto privado de la radio L.V7.

En fallo unánime, los vocales condenaron al empresario Luis Manuel Pericás, imponiéndole 4 años y 2 meses de prisión, al declararlo culpable por el delito de ‘defraudación calificada’.

Asimismo, el veredicto incluyó 4 años y 6 meses de cárcel para los ex jueces del crimen, Lucrecia Martínez Llanos, Miguel Moreno y Ramón Tarchini Saavedra, los tres imputados por los delitos ‘prevaricato y defraudación calificada en grado de partícipes primarios’.

El fallo fue extensivo al ex empleado judicial, Eduardo Antuz, a quien los vocales fijaron una condena de 2 años y 3 meses de prisión, por los delitos de ‘defraudación calificada en grado de partícipe secundario’.

Después de notificada la decisión, el alto cuerpo facultó a la policía a detener a los ex jueces, a Pericás y a Antuz desde sus domicilios particulares y alojarlos en distintas dependencias policiales, hasta tanto sean conducidos a los servicios penitenciarios.

Debate oral

El juicio arrancó en diciembre del 2020. Fue una larga batalla judicial, que comenzó cuando el tribunal rechazó una batería de nulidades planteadas por la defensa de Tarchini Saavedra y Moreno, los que, de haber prosperado, hubieran debilitado sobremanera el proceso.

El escándalo de las cautelares estalló en agosto del 2016, cuando desde Fiscalía de Estado de la vecina provincia, a través del Dr. Mario Fabián Nahas -quien ofició como querellante- se realizó la denuncia ante el Juzgado del Dr. Darío Alarcón por sentirse perjudicados por las medidas cautelares de estos exjueces que representaban grandes sumas de dinero del Estado tucumano a favor de Pericás. El letrado santiagueño, al recibir las denuncias informó de la maniobra al Superior Tribunal de Justicia. La causa cayó en las manos del fiscal álvaro Cantos.

Conocida la denuncia e investigación en su contra, Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno presentaron sus renuncias. Cuarenta y ocho horas después los tres fueron detenidos. Permanecieron tras las rejas aproximadamente un mes, luego fueron beneficiados con el arresto domiciliario y excarcelaciones.

Quien no corrió con la misma suerte fue el empresario Pericás, quien fue detenido en Buenos Aires el 14 de septiembre del 2016 y desde entonces quedó tras las rejas. Fue excarcelado, en dos oportunidades, pero la Justicia ordenó nuevamente que quedara tras las rejas en marzo del 2019 y desde entonces nunca más recuperó su libertad.

En tanto que Eduardo Antuz, empleado judicial, quien era secretario y ‘mano derecha’ de Tarchini Saavedra, quedó detenido porque tramitaba los oficios, y acompañaba al empresario a realizar los cobros, en perjuicio de Tucumán.

También de las averiguaciones se determinó que Pericás le ayudó a pagar una camioneta 4X4 a Antuz, la cual había sido abonada con un cheque que llevaba la firma del empresario tucumano.

Los ex magistrados santiagueños habían intervenido cuando Pericás solicitó una medida cautelar, ya que según su punto de vista el gobierno tucumano le debía gran cantidad de dinero a modo de publicidad, mientras era dueño de LV 7.

Durante el debate oral -a través de las plataformas virtuales, implementadas por la pandemia- los abogados de los defensores solicitaron nulidades, cambio de calificativas y prescripciones. Todos los planteos fueron rechazados.

Además cabe mencionar también que en el inicio del Juicio, el tribunal rechazó que Tucumán se presentara como parte civil damnificada -con la imposibilidad de reclamar resarcimiento o indemnización alguna- pero sí continuó como querellante durante el juicio. l