Dos hermanos fueron detenidos acusados de ultrajar a una menor entre los 6 y 14 años

La Justicia de Añatuya, departamento General Taboada, apresó a dos hermanos acusados de abusar sexualmente de una menor entre los 6 y 14 años, hija de la pareja de uno de ellos.

El proceso es impulsado por la fiscal Florencia Garzón, tras una denuncia de la madre de la jovencita, en octubre pasado.

"Abuso sexual simple agravado por la convivencia y calidad de guardador en concurso real de delitos" y "abuso sexual simple en concurso real de delitos en perjuicio de la adolescente, quien hoy tiene 15 años, son los cargos contra los acusados.

Cada uno de los hermanos enfrenta eventuales condenas entre 3 y 10 años. Ambos viven en casas separadas por escasos 100 metros, lo cual hace presumir que se ponían de acuerdo para abusar de la menor.

Si bien, los abusos comenzaron a la edad de 6 años, los hechos se agravaron los últimos meses, debido a la ausencia de la madre de la víctima. Se fracturó un brazo y debió pasar tres meses en Santa Fe. En ese lapso,  apareció una familiar que le pidió a la adolescente que fuese a vivir con ella a dos kilómetros de su casa, en el departamento General Taboada, lugar donde recrudecieron los abusos.

Cuando la madre de la víctima regresó al hogar, observó que algo no estaba bien y le preguntó a su hija si le ocurría algo. La respuesta fue que la pareja de la madre y su cuñado la manoseaban y acosaban.

De acuerdo con la denuncia en Comisaría Cuarta del Menor y la Mujer de Añatuya, refrendada el 12 de octubre pasado, la jovencita le terminó revelando a su madre que en los tres meses de ausencia, su padrastro y el hermano de éste la abusaron, acosaron, y humillaron, turnándose.

Sin perder tiempo, la fiscal Florencia Garzón requirió allanamientos y detenciones  a la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami.

En su resolución, la magistrada dio una urgente respuesta, por el "… grado de desprotección y vulnerabilidad en el cual se encuentra inmersa la víctima, sin contención familiar. Sumado a ello, la pena en expectativa que se espera como resultado del proceso, ya que estamos ante un delito grave, con una pena de 3 a 10 años de prisión o reclusión, que no permite la excarcelación ordinaria".

Para Lami, ello "refuerza el peligro de fuga" y consideró "que la medida propuesta es la única alternativa que tenemos para lograr el éxito de la investigación y la recolección de otros elementos de prueba", enfatizó la magistrada.