''''Estafa piramidal'''': La Justicia ordenó embargos por $4.500.000

Duro revés judicial para los tres imputados, acusados de perpetrar una estafa piramidal cercana a los $ 10.000.000 en perjuicio de un médico, su padre y al menor cuatro comerciantes del medio ya que la Justicia ordenó un embargo por $4.500.000.

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia donde la Dra. María del Huerto Bravo Suárez —jueza de Control y Garantías— dictó la prisión preventiva en contra de María Yudith ávila, su primo, Javier Ignacio Palomo y el docente Javier Sández, novio de ávila.

Según las voluminosas presentaciones, los tres imputados incurrieron en "estafa y asociación ilícita", ya que se habrían reunido por y para materializar engaños y ardid, presentándose como inversores.

Las víctimas son representadas por los abogados Carlos Ríos López y Luis René Barraza.

La Dra. Belkis Alderete —fiscal de la causa— dejó expuestas todas las evidencias que recolectó hasta el momento donde los sindican a los acusados como autores de la estafa y asociación ilícita.

Como se recordará las víctimas entregaron más de $ 1.000.000 y la fluidez de los cumplimientos decayeron, al extremo de que los tres acusados literalmente desaparecieron, bloquearon de sus celulares a las víctimas con más de $10.000.000 en capitales.

Mientras que los abogados defensores de los acusados solicitaron que sean excarcelados. En su resolución, la magistrada sostuvo que se encontraba acreditado el engaño que se había producido en los damnificados y que había coincidencia en la mecánica de la estafa perpetrada a los denunciantes.

Además explicó que los imputados se valieron de la amistad que había para cometer el engaño y causar un millonario perjuicio en las víctimas, valiéndose también de los conocimientos del "negocio" que tenían los imputados.

En cuanto a la asociación ilícita y el rol de cada uno, sostuvo que está acreditado que ella era la "jefa" y sus cómplices cumplían la función de "gerentes" en los engaños que perduraron en el tiempo ya que comenzaron en el año 2018 por lo que les dictó la prisión preventiva.

Previo a ello la Dra. Bravo Suárez dio el "OK" al pedidlo de la fiscalía de un embargo por 4.500.000 pesos en contra de los acusados. La Fiscalía durante la investigación acreditó los movimientos bancarios de los imputados, quienes habrían realizado compras de muebles y costosos vehículos de alta gama, bienes que fueron secuestrados.