Cosecha de $ 170.000.000 en soja, algodón y maíz acentúa la batalla por un campo en Pinto Cosecha de $ 170.000.000 en soja, algodón y maíz acentúa la batalla por un campo en Pinto
Tres cosechas por un valor cercano a los U $ S
800.000, es decir casi $
170.000.000, enfrenta a un
ganadero de Pinto (Aguirre)
con un grupo empresario cordobés,
y la Justicia acaba de
refrendar una resolución que
propicia su producción, pero
exceptúa a ambas partes disponer
de la misma.
En esencia, la batalla legal
se sostiene hoy en 600 hectáreas
de soja, 200 de maíz y
otras 200 de algodón, cuya
trilla fue paralizada el 14 de
febrero pasado con una medida
cautelar que dispuso el
cese inmediato de producción
y/o cualquier modificación registral.
En un bando se encuentra
la firma Por Cad Agro SAS,
representada por los abogados
Víctor Nazar y Francisco
Palau.
Enfrente, Vicente García,
Matías García Crespi e Ignacio
García. La razón de ser
de múltiples escritos en los
fueros Penal y Civil: un campo
de 1.000 hectáreas valuado en
más de U$S 5.000.000.
Decisión de la Cámara
El 3 de junio último, los
vocales Gabriela Núñez de
Cheble, Raúl Romero y Cristian
Vittar terciaron en un capítulo
más en la batalla de neta
imprevisibilidad, mientras
otros jueces investigan la
propiedad genuina del campo.
En su resolución, el tribunal
resolvió por unanimidad:
“Hacer lugar al recurso de
apelación interpuesto por la
defensa (Nazar y Palau) de
forma parcial y, en su mérito,
disponer que la medida cautelar
con prohibición de innovar,
sea morigerada en relación
a la cosecha para lo cual
se deberá proceder a su levantamiento”.
El dilema se regía en una
resolución judicial que paralizó
la producción, iniciada entre
noviembre y diciembre del
2021, sin que el curso de la
naturaleza contemple o se
adapte a cualquier coyuntura
judicial.
Con criterio diferente, el
estudio García sugirió que un
tercero llevase adelante la
cosecha y fuese depositada
en silos ubicados en una cerealera
de Bandera, hasta
tanto llegue una resolución
contundente del fuero civil.
Enfrente, Nazar y Palau
contragolpearon: “La inversión
es de nuestro representado.
Que nos dejen levantar
la cosecha y la depositaremos
en los silos de nuestra empresa”,
afirmaron.
En audiencia de la semana
pasada, el alto cuerpo ha resuelto
lo siguiente: que la producción
sea levantada y “
guardada en silo bolsas, las
que una vez controladas se
mantendrán en el campo y su
indisponibilidad, por el plazo
de 90 días (es decir, hasta el 3
de septiembre). Ello bajo las
debidas medidas que el a quo
disponga para su debido resguardo
y control”, clarificaron
los vocales en su decisión.
La resolución incluyó que
“la medida cautelar queda limitada
a la anotación de la litis”.
Por lógica, los vocales
establecieron que la resolución
de la magistrada no se
modifique en cuanto al espíritu
registral. También, proveyeron
“un plazo de 90 días de
duración de la medida cautelar,
hasta tanto se expida el
fuero Civil y así evitar sentencia
contradictoria”, enfatizaron.
Miles de dólares en maquinaria secuestrada
Contrarreloj, Nazar y
Palau presentaron ayer en la
OGA de Añatuya un pronto
despacho. En él, solicitaron
que la Justicia local arbitre
los medios para que se dé
cumplimiento a lo ordenado
por la Cámara, léase les sean
reintegrados vehículos y
maquinarias: una tolva, una
trilladora, dos tractores, una
ensiladora, dos camiones,
tanques de agua y otras maquinarias.
El equipamiento representa
miles de dólares en
estructura paralizada y el
pleito se potenciaría, ya que
ninguna de las partes cederá
posiciones. El objetivo de la
firma cordobesa es ingresar
al campo a levantar la cosecha
y colocarla en los silos,
sin exponerse a incurrir en
desobediencia ante los tribunales
locales.
