Pagan $ 1.280.394 a víctima del prostíbulo “Negro el 20” Pagan $ 1.280.394 a víctima del prostíbulo “Negro el 20”
La Unidad Ejecutiva
del Fondo de Asistencia
Directa a Víctimas de Trata
de Personas realizó, el
26 de julio pasado, el pago
de $ 1.280.394 en concepto
de reparación económica
a una joven que fue víctima
de ese delito en La
Banda, dentro del prostíbulo
“Negro el 20”, que
funcionaba en ese entonces.
En agosto de 2014, el
Tribunal Oral Federal de
Santiago del Estero condenó
a José Luis Luna, el
principal imputado, a 5
años de prisión y le impuso
una pena de 3 años a
Samuel Emiliano Calderón
y Carlos Horacio Cancino
Franco.
Los tres fueron
señalados como los
responsables de capturar,
trasladar y explotar sexualmente
a la joven misionera,
durante enero de
2012.
En ese momento, el
Tribunal no había hecho
lugar al planteo que había
realizado la fiscal general
Indiana Garzón junto a la
Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas
(Protex) -a cargo de Marcelo
Colombo y Alejandra
Mángano- para que se decomisara
el inmueble con
el objetivo de reparar a la
víctima.
En la causa intervino
también la Dirección
General de Recupero de
Activos y Decomiso de
Bienes (DGRADB) de la
Procuración General de la
Nación que encabeza María
del Carmen Chena.
En noviembre de 2015,
la Cámara Federal de Casación
Penal reenvío el expediente
al Tribunal para
que se dictara un nuevo
pronunciamiento.
El 31 de
octubre de 2016 se realizó
una audiencia en el juicio
de reenvío donde el Tribunal
Oral Federal de Santiago
del Estero -con una
nueva conformación- resolvió
destinar el inmueble
para la asistencia directa
de la víctima.
En ese
sentido, el tribunal señaló
que “no queda duda alguna,
que el local ‘Negro el
20’ de propiedad del acusado
Cancino Franco fue,
precisamente, el inmueble
que ha servido para cometer
el delito referenciado y
cuyo decomiso ûtal como
manda el digesto
punitivo- debe ser aplicado
a un destino especial
ûen el presente caso, a la
asistencia de la víctima”.
Decomiso del prostíbulo
En diciembre de 2016,
la fiscal Garzón solicitó
que se inicie el trámite de
ejecución del decomiso
del prostíbulo y para ello
propuso que se dé inicio a
una subasta pública, con
el fin de que se fije una determinada
suma de dinero
para ser destinada a la víctima
del caso.
El monto
que propuso la fiscalía fue
determinado junto a la Dirección
de Recupero de
Activos y Protex.
El trámite comenzó a
agilizarse en abril del año
pasado, cuando el predio
pasó a la órbita de la
Agencia de Administración
de Bienes del Estado
(Aabe), que en ese momento
efectuó la convocatoria
para la subasta del
terreno de 1.240 metros
cuadrados que está valuado
en 26,4 millones de pesos.
No obstante, el organismo
intentó subastar
desde ese momento hasta
la actualidad en dos ocasiones
el inmueble.
Ante el tiempo transcurrido
y al no haberse
presentado ofertas, en
mayo de este año el MPF
(representado por la Fiscalía
de Santiago del Estero,
Protex y la DGRADB)
solicitó al Fondo de Asistencia
Directa a Víctimas
de Trata de Personas que
se arbitren los medios para
hacer efectiva la reparación
económica en favor
de la víctima de acuerdo al
monto actualizado. En la
causa, intervino también
la coordinadora del área
de Trata del MPF de Santiago
del Estero, Andrea
Ledesma Piga.
Cómo es la reparación y
detalles de instrumentación
En octubre del 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación junto al Banco de Inversión y Comercio
Exterior (Bice) puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia
Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma
del contrato de fideicomiso de administración.
Los alcances
El fideicomiso tiene como objetivo la efectivización de las
restituciones y reparaciones económicas que correspondan
a las víctimas como medida destinada a reponer las cosas al
estado anterior a la comisión del delito.
El referido Fondo fue
dispuesto por la Ley 26.842 que incorporó el actual artículo
27 de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de
Personas”. En 2019, la Ley 27.508, creó el fondo de Asistencia
a las víctimas de trata, lo que fue reglamentado por el decreto
844/19.
