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“El 83% de los fallecidos durante este año y medio son adultos mayores”

14/05/2021 00:59 Política
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El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino se refirió en diálogo con EL LIBERAL a la situación que atraviesan desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el país los adultos mayores, cuestionó la falta de solución de sus problemas económicos, criticó la campaña de vacunación y señaló que ‘existen más de 2,5 millones de adultos mayores sin vacunar’.

Semino se refirió en primer término a las duras condiciones económicas que deben atravesar en la pandemia las personas de la tercera edad. ‘Con este último anuncio, -de la suba en las jubilaciones de esta semana- los haberes mínimos de 4,5 millones de jubilados y pensionados pasaran de $20.500 a $23.063, apenas para cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas, con lo cual siguen sufriendo los más afectados por la pandemia’, señaló.

Agregó en este sentido que ‘el 83% de los fallecidos durante este año y medio son adultos mayores y hoy a su vez no pueden tan siquiera subsistir luego de aportar 30 ó 40 años de su vida’.

Señaló que ‘el miedo a contagiarse de Covid-19 y los problemas económicos y materiales derivados de la cuarentena y las medidas de aislamiento son grandes focos de preocupación de las personas mayores desde marzo de 2020. La carencia económica a la que está acostumbrado este sector desde hace décadas en nuestro país se ve agravada por la crisis y las restricciones’.

En este punto agregó que otra situación que desfavoreció a los adultos mayores fue cómo se fueron reasignando las prioridades al momento de la vacunación situación que aún está en deuda con unos 2,5 millones de jubilados.

‘Desde que comenzó la campaña de vacunación el Ministerio de Salud fijó un criterio claro para la priorización de grupos que deberían recibir la vacuna. Personal esencial de Salud primero. En la segunda etapa población de riesgo, un amplio sector de 15 millones de personas de las cuales la mitad son adultos mayores y la otra mitad inmunodeprimidas o con comorbilidades. Y un tercer sector personal estratégico: docentes, personal de seguridad y otros. Era el mismo criterio recomendado por la OMS, por la comunidad científica y el sentido común’, indicó Semino.

Pero, ‘desde el inicio de la campaña, estamos viendo que en la práctica ocurre otra cosa. Nadie discute la prioridad de la población de riesgo a la hora de recibir la vacuna. En teoría el esquema permanece inalterado. Pero lo que se discute, se tuerce y se va modificando poco a poco, es la categoría de los esenciales. De acuerdo al poder de lobby de cada sector lo esencial se va ensanchando y va mutando. Docentes, trabajadores de un call center del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, distintos funcionarios de múltiples áreas y niveles de la administración pública, organizaciones sociales, sindicatos, etc’. ‘La lista -apuntó- potencialmente puede seguir creciendo de manera indefinida’.

Pero, ‘la consecuencia de esto es que cada vez que arriba una partida de vacunas, se terminan desviando porciones para uno u otro lado, de manera totalmente aleatoria. Es decir, administramos la carencia de manera caótica, haciendo mucho más grave el problema. Al día de hoy existen 2,5 millones de adultos mayores sin vacunar y unos 7 millones de personas consideradas de riesgo. Esas son las personas que necesitan recibir la vacuna’, finalizó.

“Las medidas para protegerlo terminaron perjudicándolos”

“Las medidas para protegerlo terminaron perjudicándolos”

Semino dijo que “con una canasta básica de $64.039 y una jubilación mínima de $23.063 es lógico que una parte importante de las personas jubiladas necesita completarse el ingreso con otros medios. No es nuevo. Lo que ocurre desde el año pasado es que esos otros medios se reducen cada vez más. Salir a trabajar implica el riesgo de contagiarse o bien es imposible hacerlo porque el lugar de trabajo está cerrado. La ayuda familiar se redujo porque muchas familias vieron reducidos sus ingresos’, indicó.

‘La gran paradoja -agregó- que presenta la situación es que a lo largo de 2020 fue el ‘bienestar de las personas mayores’ el principal argumento para legitimar las medidas de restricción. Sin embargo, la persona mayor, más aún si es jubilada, quedó en una contradicción, al pertenecer a uno de los sectores más perjudicados por las medidas que se tomaron para protegerlo’.

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