“VIVA LA PEPA”: HISTORIAS DE UNA CONSTITUCIÓN

El origen de los dichos populares se pierde, en muchos casos, en lo profundo del pasado, pero su significado es entendido universalmente y forma parte del saber de los pueblos. El caso de “Viva la Pepa” tiene un origen histórico relevante vinculado a los tiempos de la independencia, que en España son los de la lucha contra el invasor francés entre 1808 y 1814, y en los países hispanoamericanos son los de la guerra que se desarrolla entre 1810 y 1824, que culminó con la creación de los estados desde México hasta Argentina, y desde Uruguay hasta Honduras.

La sanción de la Constitución Política de la Monarquía Española se produjo el 19 de marzo de 1812 y fue detestada tanto por los absolutistas defensores de Fernando VII como por los invasores franceses. Como era delito en las tierras sometidas vivar a la Constitución aprobada, los españoles con su habitual picardía y buen humor comenzaron a gritar: “Viva la Pepa”, sobrenombre que tomaba en cuenta que el documento había sido firmado el día de San José. Si José era Pepe, la Constitución era Pepa. Cómo el grito libertario español se convirtió en la Argentina en sinónimo de ausencia de ley y desorden, será motivo de otra investigación, pero no le encontramos sentido hasta el presente.

La Constitución liberal de 1812

No deja de llamar la atención el hecho de que, en medio de crisis muy profundas, las sociedades políticas deciden llevar adelante procesos que parecieran necesitar una tranquilidad social de la que se carece. Claramente es el caso de las Cortes Generales, nombre que recibió el congreso de los diputados españoles de ambos “hemisferios” convocado en la península para 1810. Llegaron esos nominados desde todos los rincones del mundo a la península ibérica. Vale destacar que se nombraron algunos nativos de ultramar que residían en la península desde antaño para completar la representación. Las sesiones comenzaron el 24 de septiembre de 1810 en el Real Teatro de Comedias de la isla de León, frente a Cádiz, con la presencia de hombres provenientes de América, Asia, las islas atlánticas y todas las regiones de la España europea. El 20 de febrero de 1811 la asamblea se trasladó al oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz.

Las condiciones generales de esa región eran dramáticas, ya que el asedio de las tropas francesas parecía preludiar la desaparición de todo signo de poder estatal independiente. A pesar de lo adverso de la circunstancia, los diputados se dieron a su tarea de organizar España para sobrevivir a la ausencia del rey y al derrumbe de la vieja organización imperial.

El 19 de marzo de 1812 fue promulgada la “Constitución Política de la Monarquía Española” con la firma del presidente de las Cortes, 4 secretarios y 179 diputados, de los cuales 54 eran de ultramar y 125 peninsulares. Había representantes de Puebla, Cuba, Puerto Rico, Zacatecas, Santo Domingo, Nueva España (México), Nicaragua, Perú, Chile, San Salvador, Philipinas (sic), Maracaibo, Yucatán, Guayaquil, Venezuela, Honduras y sólo tres provenientes del inmenso virreinato del Río de la Plata, que por entonces era el más rebelde de los territorios americanos. Vendría luego su derogación por Fernando VII y sus dos restituciones en 1820 y 1836, marcando un hito en la tradición constitucional liberal.

Los diputados signatarios de la Constitución que representaban el orden imperial en las nacientes Provincias Unidas eran Rafael de Zufriategui, por Montevideo; y Francisco López Lisperguer, Manuel Rodrigo Rodríguez y Luis Velasco por Buenos Aires. De Velasco poco se sabe, salvo su condición de diputado y de firmante de la Constitución. Estos interesantes personajes estánverdaderamente olvidados por nuestro relato histórico y se tratará hoy de quitar el manto que ha cubierto este aspecto significativo del tiempo fundacional de la Argentina, cuando en la antiquísima ciudad de Cádiz, fundada por los fenicios hacia el siglo XI AC, la presencia de los rioplatenses provocó no pocas discusiones sobre su representación.

Lisperguer: el Alto Perú en Cádiz

El más destacado de los diputados rioplatenses en las Cortes de 1810/13, Francisco López Lisperguer nace en Chuquisaca en 1750, hijo de un chileno y de una porteña. En su ciudad natal estudia jurisprudencia en la Universidad de San Francisco Javier y se gradúa como licenciado en leyes en la Universidad de Valladolid. Es nombrado abogado en los Reales Consejos, el mismo cargo que ocuparía diez años después el porteño Manuel Belgrano. En 1782 es nombrado alcalde de Navalcarnero, en 1786 corregidor de Utiel, en 1792 oidor de la Real Audiencia de Valladolid y en 1798 alcalde mayor de Barcelona.

Más adelante, en una brillante carrera burocrática al servicio del rey Carlos IV, fue nombrado fiscal y finalmente ministro del Consejo de Indias, cargo que ocupó hasta la invasión de los franceses en 1808, que causó la disolución del gobierno español, reemplazado por la Junta Central, que se instaló en Sevilla. En 1810 se restaura el Consejo de Indias y López Lisperguer vuelve a su cargo de ministro, y a pesar de haber dejado América 35 años antes, es designado diputado suplente por la provincia de Buenos Aires, aunque ejerció simultáneamente como juez del Tribunal Supremo de Justicia, que iba a ser abolido por Fernando VII al derogar la Constitución y restaurar el absolutismo.

Participó activamente de las sesiones redactoras de la Constitución, a pesar de su condición de suplente, habida cuenta que el Virreinato del Río de la Plata no había completado su representación. Firmó la primera carta magna española y cesó en su cargo de diputado en 1813. Es el único diputado del Plata del que se conoce algún otro aspecto personal. Se casó con la granadina Antonia Arjona y Lecouna, se jubiló en 1814 con haberes plenos y murió en Madrid el 16 de marzo de 1823.

Zufriategui: el diputado oriental de 1812

Rafael de Zufriategui y Mas de Ayala nació en Montevideo en 1773. Siguió la carrera eclesiástica, siendo sacerdote del obispado de Buenos Aires. En la capital oriental fue capellán del Real Cuerpo de Artillería y era un destacado miembro de la sociedad. En 1810, en los tiempos en que Buenos Aires encabezó la Revolución y Montevideo siguió fiel al gobierno peninsular, Zufriategui fue votado como diputado a las Cortes por 9 electores, uno por cada pueblo con cabildo, viajando a Cádiz.

Al presentarse en las Cortes, su nombramiento fue motivo de polémica, pero finalmente pudo jurar el 28 de julio de 1811. Fue miembro de la comisión de Asuntos Ultramarinos y logró la creación del Consulado de Montevideo. No formó bloque con los otros diputados rioplatenses por su postura en favor de la intervención militar para reprimir los levantamientos americanos, lo que provocó fuertes discusiones en las sesiones dominadas por los liberales.

Sus posturas realistas le ganaron el mote de “Fray Sufra” y su aislamiento político desde 1812. Sus reiteradas mociones para disolver la asamblea y esperar la restauración absolutista provocaron su remoción por el Cabildo de Montevideo. A pesar de todo don Rafael firmó y juró la Constitución liberal. Fue diputado a las Cortes ordinarias desde 1820 a 1822. Murió en Andalucía hacia 1840.

Rodrigo: el diputado porteño de 1812

Manuel Rodrigo y Rodríguez nació en Buenos Aires en 1785, siendo el primer documento de su vida su incorporación temprana al Regimiento Fijo de Infantería de la capital del virreinato. Tenía sólo ocho años lo que hace suponer su condición de huérfano. La rebelión de Tupac Amaru de 1781 había llevado al Regimiento a trasladarse al Alto Perú y una vez sofocado el levantamiento quedaron instalados tres batallones en Oruro, Potosí y Salta, donde se alistaría años después Martín Miguel de Güemes, quien sería colega de Rodrigo.

La “Causa de Oruro”, proceso contra los sublevados de 1781, comenzó en Buenos Aires en 1784 y terminó en 1803, tiempo en el que los prisioneros permanecieron en la actual “Manzanas de las Luces” bajo la custodia del Fijo de Infantería. Rodrigo fue subteniente de bandera en 1803 y en 1809 llegó al grado de capitán. Las invasiones británicas de 1806 y 1807 fueron su bautismo de fuego. Rodrigo fue uno de los oficiales que acompañaron a Güemes en la legendaria toma del buque “Justine”, cuando por orden del jefe Juan Martín de Pueyrredón, en la tarde del 12 de agosto de 1806 atacaron a caballo la nave encallada frente a los cuarteles del Retiro y lograron apresarla, algo pocas veces visto en la historia militar.

 Los acontecimientos porteños de 1810 lo encontraron en viaje hacia Cádiz. Designado como diputado, en septiembre de ese año juró como miembro de las Cortes. Participó de la comisión de Hacienda y fue destacada su defensa de la libertad de imprenta, pero sobre todo se recuerda su propuesta de prohibir ascensos, pensiones y jubilaciones hasta que los franceses fueran expulsados del territorio peninsular, que resultó aprobada por el pleno de la asamblea. Protestó contra el nombramiento de Javier de Elío como virrey y el cambio de capital a Montevideo en 1811, ganando la enemistad del diputado oriental Zufriategui. Junto a los otros diputados porteños, Rodrigo pidió no participar de las sesiones en protesta a las acciones llevadas contra su provincia, pero sin embargo firmó la Constitución. Al restaurarse la monarquía absoluta en 1814, fue acusado de pertenecer a la masonería y su defensa de las posiciones americanas quedó patente en el informe que brindó al ministro de Indias, Lardizábal, donde criticó las políticas imperiales. Debió huir y se perdió su rastro para siempre. Se cree que murió hacia la medianía del siglo XIX, sin documentación que acredite el episodio.