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El Estado tucumano endilga una batería de delitos a los jueces que renunciaron a sus cargos

EXPECTATIVA El cuerpo colegiado se pronunciaría hoy sobre las renuncias

EXPECTATIVA. El cuerpo colegiado se pronunciaría hoy sobre las renuncias.

29/08/2016 00:00 Policiales
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Tras la presentación de la renuncia de los tres jueces del Crimen de la provincia acusados de supuesto "mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del Derecho", en una presentación de la Fiscalía de Estado de Tucumán ante el Consejo de la Magistratura, se conoció ayer la grave acusación en el fuero Penal que hizo el gobierno de la vecina provincia en contra de los magistrados investigados.

"Fraude en perjuicio de la Administración Pública de Tucumán; asociación ilícita; tráfico de influencias; cohecho pasivo agravado; prevaricato; denegatoria y retardo de Justicia y falsificación de instrumento público", sería la batería de supuestos delitos que el Estado tucumano endilga a los jueces santiagueños en su denuncia penal presentada en el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación a cargo del juez Darío Alarcón.

Dicha presentación fue materializada el pasado 17 del corriente en contra de dos de los jueces que dimitieron el sábado (Lucrecia Martínez Llanos, titular del juzgado del Crimen de Primera Nominación, y Ramón Tarchini Saavedra, juez del Crimen de Segunda Nominación), además de los secretarios de cada uno de los juzgados, así como también en contra del empresario tucumano Luis Manuel Pericás y tres abogados que lo representaron: Dres. Fonzo, Pinto y Suárez.

Proceso

Altas fuentes ligadas a la investigación confiaron que la denuncia penal experimentaría importantes avances esta semana, ya que el juez interviniente, Dr. Darío Alarcón, correría vista hoy a primera hora del expediente al fiscal de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, Dr. Julio Carmelo Vidal.

Alarcón remitiría a Vidal la denuncia formal de Fiscalía de Estado de Tucumán con los delitos que -a criterio de los representantes de la vecina provincia- endilgan a los magistrados, con el cuerpo del expediente que originó la investigación, donde constaría la suspensión de las medidas cautelares libradas por los jueces denunciados, con los informes a las entidades bancarias solicitadas oportunamente.

De acuerdo con las fuentes, el Dr. Vidal deberá merituar los elementos que constan en el proceso y sobre la base de ello emitir su dictamen, y de considerar que existen delitos, imputaría a los jueces por los hechos que crea irregulares.

El fiscal correrá vista de su dictamen al juez Alarcón que será el que tenga la última palabra y determinará si hace lugar al dictamen del fiscal -entendiendo que comparte el criterio de Vidal para una eventual imputación- o si considera que no hay elementos para acusar a los magistrados denunciados.

Paralelamente, las fuentes deslizaron que desde Fiscalía de Estado de Tucumán regresarían a los Tribunales santiagueños para conocer los informes de las entidades bancarias con los que ya cuenta la Justicia, y no se descarta que en base a ello amplíen su denuncia y acusen formalmente también al Dr. Miguel Moreno.

Las fuentes precisaron que no se descartaba que en los próximos días haya definiciones en torno a la compleja causa en lo penal.

Dimisiones

Cabe recordar que hoy el Superior Tribunal de Justicia se reunirá y analizará la presentación de las renuncias de los tres jueces denunciados ante el Consejo de la Magistratura, y todo indicaría que serían aceptadas, evitando de esa forma lo que era un inminente juicio político para los magistrados.

Cabe recordar que la denuncia contra los tres magistrados se inició con la presentación del doctor Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por el empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y la Provincia de Tucumán, por un ‘delito a establecer’ y por el cual se había ordenado un embargo millonario a los fondos de coparticipación de la vecina provincia.

Los jueces santiagueños habrían autorizado el embargo por más de $7 millones, cuyo destino habrían sido las arcas del empresario tucumano. 

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