Informe oficial, luego del escándalo con los ex magistrados santiagueños

"La Provincia denuncia a jueces y un empresario santiagueños", lo informó ayer el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de la Comunicación.

El documento indica que luego de que el Superior Tribunal de Santiago del Estero aceptara la denuncia de tres jueces sometidos a juicio político tras haber sido denunciados por la Fiscalía de Estado de Tucumán por el embargo de más de $7 millones de la coparticipación provincial, los abogados tucumanos anunciaron que continuarán con los procesos judiciales contra los ex magistrados, a los que sumarán a otros funcionarios judiciales, al empresario de medios Luis Manuel Pericás y a sus abogados involucrados.

La denuncia contra los ex magistrados santiagueños Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel ángel Moreno se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas.

Se refiere a la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Pericás en contra del actual legislador Marcelo Dittinis y del Gobierno de la Provincia de Tucumán por "delitos a establecer".

Nahas relató que Fiscalía de Estado tomó conocimiento de la situación de la causa principal a través de un oficio de un juez de Paz de Santiago del Estero que establecía una serie de medidas cautelares que beneficiaban a Pericás y a su empresa.

"Se trata de una medida cautelar que impedía tomar embargo sobre cualquier fondo que él tuviera a percibir", explicó y agregó que el 28 de enero, en plena feria judicial, un nuevo oficio de un juez del Crimen estableció un embargo sobre las cuentas provinciales por $4 millones que se había hecho efectivo en los fondos de coparticipación de Tucumán en el Banco Nación.

"Luego recibimos dos oficios más de distintos magistrados santiagueños. Uno establecía un embargo de $2 millones y medio y el último, insólito, de $700 mil por mes y sin plazo. Es decir, hasta que se resolviera la cuestión de fondo que no está determinada, ya que en todos los casos denuncian ‘delitos a establecer’ o ‘delitos a definir’".

Detonante

Nahas detalló que desde el primer momento se hicieron planteos legales para la defensa de los intereses del Estado provincial: "Nunca nos proveyeron esos planteos; esto nos llevó a denunciar la situación ante el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, que tomó cartas en el asunto y giró las actuaciones al Consejo de la Magistratura".

En dos semanas intervino un nuevo juez que levantó todas estas medidas cautelares -habían sido tomadas con faltas de forma como oficios sin fecha, sellos de agua y otras formalidades- y activó el mecanismo de juicio político que llevó a los tres magistrados a renunciar.

A pesar de las renuncias la provincia llevará adelante una causa por una serie de delitos que continuarán su curso en la Justicia penal santiagueña, y a pelear por la restitución de los fondos.