Argentina: una semana de negociaciones

La negociación con los gobernadores en particular y el peronismo en su conjunto para la aprobación del presupuesto 2017 es un objetivo político prioritario para el Ejecutivo en octubre. Cambiemos tiene solo 5 de 24 gobernadores, el peronismo 17, el socialismo uno y el restante es de un partido provincial. Como viene sucediendo desde 1983, cuando el peronismo está en la oposición se incrementa el poder y el protagonismo de los gobernadores dentro del mismo. Estos reclaman que se aumente la cuota de los recursos nacionales destinados a la coparticipación, que se limite la arbitrariedad en la distribución del gasto que se destina a ellas, que se adjudique y ejecute con precisión lo asignado a cada distrito para obra pública y que aumente la autonomía para el endeudamiento provincial. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en el Parlamento para avanzar en esta negociación y presentar los límites que tiene el Ejecutivo frente a estos requerimientos. Luego de la reunión que tuvo Macri con 1.837 intendentes de todo el país y todas las fuerzas políticas, en la foto central que distribuyó el gobierno, estaban, a la derecha del Presidente su primo Jorge Macri, intendente de Vicente López y seguidamente el de Ezeiza, Granados, que fuera el ministro de Seguridad de Daniel Scioli, mostrando así una línea de comunicación política directa con ellos al margen de los gobernadores, que es una manifestación de la estrategia electoral del oficialismo para 2017. También esta semana, el gobierno tratará de avanzar en la negociación en torno a las compensaciones salariales con la conducción de la CGT peronista unificada. Será el ministro del Interior quien recibirá a los dirigentes sindicales. Como lo anticipó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el gobierno aceptaría un bono a fin de año como compensación para evitar la reapertura de paritarias. La discusión es el monto -el gobierno pretende que sea de 1.000 pesos y los sindicatos del doble como mínimo- y la extensión y obligatoriedad. El gobierno aceptaría incluir en el bono a los jubilados que cobran el mínimo, pero los sindicatos reclaman se incluya también a los beneficiarios de planes sociales. Lo hacen en función de su reciente acuerdo con los "movimientos sociales" para coordinar acciones. El cambio de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias es la otra demanda sindical. El Confederal de la CGT vuelve a reunirse hacia el fin de semana para evaluar si la oferta del gobierno es suficiente para seguir postergando el paro. Los tres dirigentes que en agosto dejaron la conducción (Moyano, Barrionuevo y Caló), seguirán influyendo para que el paro continúe en suspenso, como herramienta de presión en la negociación. Fuera del sindicalismo peronista, los gremios estatales realizaron una medida de fuerza nacional y los movimientos sociales una movilización en el conurbano para pedir que se apruebe su proyecto de "emergencia social", que contempla la creación de un millón más de puestos de trabajo subsidiados a través de cooperativas. El informe del Indec que da cuenta que la pobreza supera 32% coincidió con el reclamo de monseñor Poli en Luján de que se preste más atención al tema y de una dirigente social próxima al gobierno, Margarita Barrientos, de que se ponga en marcha la creación de puestos de trabajo para reducirla. El problema de la inseguridad es la primera demanda social al bajar la inflación y el gobierno sigue mostrando limitaciones en el manejo de esta cuestión. En la semana pasada, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, se hizo presente en un ejercicio del grupo Halcón de la Policía Bonaerense, donde días antes se registraron señales de malestar y versiones de medidas de fuerza: en el acto de graduación de la escuela de Policía Federal, suboficiales reclamaron al jefe que se fusione con la Metropolitana (Giménez); en Corrientes, la Gendarmería fue desplegada en las calles de la capital para evitar hechos delictivos, mientras los agentes de la policía provincial en asamblea reclamaban un aumento salarial; el jefe de la Policía de Chubut (Ale), sugirió que el robo de su arma reglamentaria en su propio domicilio, fue obra de elementos de su fuerza que resisten reformas. La situación que se registra en las fuerzas policiales se da al mismo tiempo que al gobierno le preocupa la posibilidad de que tengan lugar hechos de violencia social a fin de año, como sucediera en 2011, 2012, 2013 por los saqueos, aunque en el último caso fueron precipitados por una extendida huelga policial. En la política exterior, los problemas regionales adquieren relevancia en la semana que se inicia. El presidente de Brasil Michel Temer llega a la Argentina siendo su primera visita en América Latina. Lo hace después de haber asistido a la Cumbre del G20 en China y a la Asamblea de la UN en EE.UU., y al día siguiente de las elecciones municipales que en Brasil reforzaron su coalición de gobierno, al tener una dura derrota el PT, que sobre 26 capitales estaduales ha ganado solo en una y en la segunda vuelta disputara en nada más que otra. Si bien la prioridad argentina parece ser el comercio -el déficit bilateral este año alcanza a 4.000 millones de dólares para la Argentina- la cuestión es si los dos países pueden coordinar una agenda común para la región cuando se agudiza la crisis de Venezuela y Colombia entra en una situación de incertidumbre tras la derrota del "sí" en el referéndum para aprobar el acuerdo de paz con las Farc. La Argentina, al igual que EE.UU., Cuba, el Vaticano, el rey emérito de España y la mayoría de los presidentes de la región dieron un apoyo explícito y activo al voto por el "sí" que fue derrotado. El hecho pone en evidencia que en América Latina también se están registrando pronunciamientos electorales que muestran la lejanía entre las elites y la gente que caracteriza hoy la política en el mundo desarrollado. La Canciller argentina se presentará esta semana al Congreso para dar explicaciones respecto del Memorándum de Entendimiento firmado con el Reino Unido, que ha generado críticas dentro y fuera del gobierno. Pero el encuentro con el Papa que mantendrá el 15 de octubre es prioritario para Macri. Francisco anunció que en 2017 seguirá sin visitar la Argentina y que continúa usando su pasaporte argentino cuando viaja, una señal clara que no se percibe como un jefe de estado extranjero frente a su país.