Coimas en la ANDIS: uno de los principales acusados se negó a declarar
Miguel Ángel Calvete era el primero en la lista de los citados. Mañana será el turno de Diego Spagnuolo.
Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los involucrados en las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este martes.
Luego de tres meses bajo secreto de sumario, esta semana la Justicia dio inicio a las indagatorias que buscan esclarecer el entramado de supuestos pagos ilegales dentro del organismo.
La Justicia lo identifica como el operador que articulaba negocios entre droguerías y el Estado, interviniendo en compras destinadas a tratamientos de personas con discapacidad.
Justamente, el expediente lo ubica como el enlace directo entre la Andis y las droguerías beneficiadas en las compras del Programa de Acceso a los Medicamentos y Productos de Apoyo para Personas con Discapacidad (Pacbi), que concentra las licitaciones y compras directas de insumos médicos, ortopédicos, medicamentos y equipamiento destinados a personas con discapacidad.
El proceso continuará mañana con el testimonio de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia y señalado como la cabeza de la organización.
Semana clave en la causa
Esta semana también fueron citados otros exfuncionarios y empresarios vinculados a droguerías y del sector farmacéutico, así como también prestadoras médicas.
Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, que se encuentra detenido con prisión domiciliaria por orden del juez Casanello, se negó a declarar. Su nombre aparece en todos los apuntes sensibles del expediente, tanto en los chats como en el vínculo con los proveedores del organismo.
Además de Spagnuolo, Calvete y Atchabahian, también están señalados Daniel María Garbellini, el número dos de ANDIS; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, funcionaria de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).
En total, deberán declarar 15 personas mencionadas en el expediente como parte del entramado que, según la investigación, entre julio de 2024 y agosto de 2025 generó contratos con sobreprecios por más de $43.000 millones.