Semana decisiva en la investigación por la millonaria defraudación

Esta semana podría ser decisiva para la investigación por el "afer Colegio de Escribanos", la Justicia debe resolver si dicta o no la prisión preventiva en contra de Luis Vaca Japaze, encargado de la oficina receptora del Colegio Notarial, y se debe resolver la situación de Juan José Bau, ex presidente de la institución, quien ya lleva más de 15 días detenido.

La compleja causa recae hasta el momento sobre las espaldas de los dos imputados. La fiscal, Dra. érika Leguizamón, trabaja para poder establecer la participación, el grado de responsabilidad de ambos y si hay otros implicados.

El escándalo estalló a finales de mayo, cuando desde la Dirección de Rentas se detectaron faltantes en las rendiciones de la receptoría donde funcionaba una timbradora, a cargo del Colegio Notarial.

Además, en las rendiciones se habían empleado boletas duplicadas, desnudando una maniobra fraudulenta. Las primeras auditorías daban cuenta de que el faltante era $3.900.000, pero con el correr de las semanas ya se estima en $5 millones.

El primer detenido en el proceso fue Vaca Japaze, administrador de la oficina recaudadora. Al cumplirse los 30 días de detención establecidos por la Justicia, el viernes se desarrolló una audiencia en la que la Dra. Leguizamón solicitó su prisión preventiva.

La defensa del sospechoso se opuso férreamente y requirió su excarcelación. La jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen, difirió su resolución y la daría a conocer esta semana. Es decir, en los próximos días se conocerá si Vaca Japaze continuará tras las rejas con prisión preventiva, o bien seguirá siendo investigado pero recupera la libertad.

Por otra parte, también debe resolverse la situación del ex presidente del Colegio Notarial, el escribano Juan José Bau. Fue detenido el 8 del corriente, por lo que cumplidos los primeros 15 días, debe resolverse si se prorroga su detención o si es excarcelado.

Sobre ambos pesa, por ahora, casi la totalidad de la responsabilidad por la presunta maniobra fraudulenta. En su defensa, cada uno culpa al otro en un fuego cruzado de acusaciones. Mientras tanto, la representante del Ministerio Público Fiscal trabaja recabando informes contables, testimonios, secuestro de documentación y auditorías, para tratar de reunir todos los elementos que permitan clarificar cómo se perpetró la maniobra y dónde se encontraría el dinero faltante.